CON LOS GUAYOS COLGADOS

Lo que debía ser un cierre con broche de oro se convirtió en el episodio más sórdido de la historia del fútbol profesional colombiano. El desenlace final se inició con la muerte del árbitro Alvaro Ortega, el pasado miércoles 15 de noviembre en Medellín, y terminó ocho días después, cuando la asamblea de la Dimayor decidió cancelar definitivamente el campeonato profesional.

En los primeros días de la semana pasada, los presidentes de los clubes se mostraron partidarios de reiniciar el campeonato --hasta ese momento cancelado de manera provisional-- y todo hacía pensar que esa posición triunfaría en la asamblea del miércoles 22. Pero las cosas cambiaron ese mismo día, cuando una carta del ministro de Educación, Manuel Francisco Becerra Barney, de cuyo despacho depende el deporte nacional, paró en seco las aspiraciones de los miembros de la Dimayor y condicionó la realización de futuros campeonatos al cumplimiento de varias exigencias.

En su carta al presidente de la Dimayor, Alex Gorayeb, el ministro, fuera de recordar las medidas vigentes desde el año pasado, cuando el gobierno nacional intervino directamente ante el secuestro del árbitro Armando Pérez, dio a conocer nuevas medidas imprescindibles para que el campeonato se pueda reiniciar. Entre estas, las más interesantes son las que hablan de la creación de un Colegio Nacional de Arbitros independiente de la Dimayor, del certificado judicial que deben presentar los directivos de los equipos y, finalmente, la que habla de que en caso de amenazas a cualquier persona que, directa o indirectamente, esté vinculada al espectáculo, se suspenderá el torneo. A las anteriores disposiciones habría que agregar, por su importancia en el actual contexto nacional, la que castiga con cinco años de suspensión a toda persona que, siendo protagonista directa o indirecta del espectáculo, "denunciare temeraria y públicamente la comisión de violaciones graves de los reglamentos, disposiciones, normas o leyes vigentes...".

En realidad, resultaba muy difícil que los delegados de los equipos votaran a favor de la continuación del campeonato con un documento de este estilo sobre la mesa. La sola creación del Colegio de Arbitros tomará varios meses y, después del asesinato de Alvaro Ortega, nadie estaba dispuesto a discutir este punto. Al fin y al cabo, la creación del Colegio disipará en buena parte las dudas que hoy recaen sobre los árbitros y que, en la mayoría de los casos, surgen porque dependen directamente de los equipos. Son juez y parte.

El punto que habla de la "certificación de que ninguno de sus directivos se encuentra incurso en delitos de carácter penal", viene a complementar algunas de las medidas de noviembre del año pasado, cuando la intervención de la Superintendencia de Sociedades buscó aclarar quiénes eran los dueños de los equipos y garantizar su legalidad.

En cuanto a las sanciones para aquellas personas que irresponsablemente lancen acusaciones sobre violaciones al reglamento, vienen como anillo al dedo ya que en los 15 días anteriores estuvo sobre el tapete la responsabilidad de los medios de comunicación en los hechos recientes. Pero no se trata sólo de los medios de comunicación. Directivos, técnicos y futbolistas ya tenían como costumbre señalar a los árbitros como culpables intencionales de sus derrotas, con las consecuencias que esto puede tener en una actividad que despierta toda clase de pasiones.

Lo de cancelar el campeonato en caso de que cualquiera de sus protagonistas, directo o indirecto, "denuncie estar siendo sometido a chantaje o amenaza de cualquier índole", parece una medida que se sale del resorte de la Dimayor. Los dirigentes del fútbol pueden sancionar los excesos verbales de jugadores, técnicos y directivos, pueden garantizar que no se incumplan las normas de la Supersociedades y pueden garantizar la imparcialidad de los árbitros. Pero, en ningún caso, pueden hacerse responsables por el dinero que pierdan los apostadores ni por los desmanes que acarreen las apuestas ilegales. De otro lado, a una sola persona, que por cualquier motivo quisiera terminar con el campeonato, le bastaría con una llamada intimidatoria, así no estuviera dispuesta a cumplir sus amenazas.

LA LLAMADA
Pero, irónicamente, este último punto fue el que, a final de cuentas, decidió a los directivos de los equipos a apoyar de manera incondicional lo expuesto en la carta de Becerra. A la entrada de la reunión del miércoles, cuando muchos de ellos ya conocían el contenido de la comunicación ministerial, buena parte de los miembros de la Dimayor se mostraron optimistas sobre la reanudación de los partidos. Pero, para sorpresa de los periodistas que esperaban los resultados de las conversaciones, estas no sólo se terminaron en menos de dos horas, sino que a la salida todos los que habían hablado de continuar con el torneo se mostraron de acuerdo con los términos de la carta del ministro y afirmaron que bajo ninguna condición se podían reanudar las acciones. ¿Qué fue lo que los hizo cambiar tan radicalmente de opinión en un tiempo tan corto?

En la mañana del miércoles, pocas horas antes del inicio de la asamblea, una persona que se identificó como cercana a Víctor Carranza, enemigo de Gonzalo Rodríguez Gacha, amenazó de muerte a dos árbitros, dos directivos, un jugador y un periodista si se reanudaba el campeonato. La persona se refirió también a supuestos arreglos en el fútbol profesional y terminó afirmando que, si se reiniciaban las acciones, se iban a lamentar esas muertes y muchas otras.

Un casete, con la llamada que había sido hecha a un medio de comunicación, fue presentado en la reunión y pasó a ser la gota que faltaba para rebosar la copa de los dirigentes, que hasta ese momento no estaban muy de acuerdo con la posición de Alex Gorayeb de cancelar del todo el campeonato.

Para muchos, se trata de un asunto netamente policial, que debe ser resuelto por la justicia ordinaria y una debe ser la causa para detener el carro del fútbol. Como le dijo a SEMANA un hincha, "en Colombia está amenazado todo el mundo, desde el Presidente para abajo, y por eso no se han parado esas actividades. Si es por eso, que cierren los ministerios, pues hay ministros amenazados, o que deje de funcionar el Congreso con ese montón de congresistas amenazados y con escolta". Pero, para otros, si cancelar el fútbol profesional evita que corra más sangre en el país, vale la pena el sacrificio.

Además de las medidas represivas, es necesario que el gobierno incentive la inversión de la empresa privada en el deporte que, por el momento, sería una de las pocas garantías para frenar el supuesto flujo de dineros calientes. Sobre el particular, un empresario que en un tiempo estuvo vinculado a uno de los equipos profesionales le dijo a SEMANA: "A finales de los 70, cuando la situación económica del país era tan difícil, todos salimos corriendo porque, aparte del oscuro panorama, nadie pensó en darle la mano al fútbol".

A nivel internacional, el partido en Tokio, entre Nacional y Milán, se llevará a cabo pese a la mala prensa italiana, que se olvidó de que el invento de las mafias salió de su territorio. Por los lados del Mundial de Italia, habrá que esperar el pronunciamiento de la FIFA, que se reunirá en Roma el próximo 8 de diciembre y que ya pidió un completo informe de la situación a la Federación Colombiana de Fútbol.

En anteriores ocasiones, cuando otros países se han visto obligados a cancelar sus campeonatos, la FIFA no ha tomado medidas en contra de esas federaciones. Lo que todo el mundo espera es que ahora pase lo mismo y, en el peor de los casos, no se frustre el sueño dorado de regresar a una Copa Mundo, después de 27 años.--