Estraval: Se perdió la platica

En la fila de espera para recuperar el dinero confiado a la comercializadora de libranzas Estraval se encuentra el Banco Agrario. La entidad financiera reclama 19.666 millones de pesos que corresponden al capital que invirtió en la compra de cartera, más los rendimientos a futuro prometidos por dicha firma. Aunque este banco es uno más de los 4.602 inversionistas que pusieron su plata en manos de Estraval, su situación es la más complicada.

Para empezar, por su naturaleza de entidad pública tiene encima a la Contraloría General de la República, que investiga un posible detrimento patrimonial. Según el organismo de control, el Banco Agrario no dio cumplimiento a su manual de políticas de crédito que exigía  que el vendedor de cartera se encontrara legalmente constituido y tuviera experiencia mínima de tres años como originador de libranzas. De acuerdo con el ente de control, no existe soporte alguno que demuestre que el banco tuvo conocimiento de las políticas y procedimientos de crédito de las cooperativas que otorgaban los créditos (originadoras) que luego comercializaba Estraval.

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La auditoría concluye que el banco no evaluó integralmente los riesgos asociados a la operación, “entre ellos el riesgo de contraparte, pues Estraval fue un intermediario que asumió obligaciones y responsabilidades propias del negocio, como fueron las consistentes en administrar, cobrar y recaudar los valores que componían la cartera, para posteriormente transferir tales recursos al banco”.

Frente a dichos cuestionamientos, el Banco Agrario emitió un comunicado en el que reconoce que le compró a Estraval cartera a descuento entre junio de 2014 y abril de 2015, cuando decidió suspender el negocio con dicha comercializadora. Y recalca que en junio de 2016, “procedió a efectuar revocatoria del mandato de administración de cartera que tenía con Estraval”.

Según el banco, el saldo de la cartera comprometida con esta comercializadora asciende aproximadamente a 15.000 millones de pesos, que equivalen al 0,12 por ciento de su cartera total y al 0,06 por ciento de sus activos. El resto de la suma que reclama corresponde a la rentabilidad que esperaba obtener.

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Según la liquidación de Estraval, esta cartera está respaldada en 4.766 pagarés, la mayoría fechados en 2014. El mayor problema es que, como ocurrió en varios casos de Estraval, algunos de estos pagarés son gemelos, decir, otros inversionistas tienen asignado el mismo título.

Analistas del mercado señalan que si bien el Banco Agrario es un jugador más del mercado, y como otros bancos resultó afectado por Estraval, su naturaleza pública le imponía ser mucho más cuidadoso en sus inversiones. Desde 2015, en el sector financiero se oían ruidos procedentes de esta comercializadora de libranzas. Incluso, comenzaron a escucharse las primeras quejas de inversionistas por incumplimientos en los pagos.

El banco anunció que está “evaluando los recursos a que haya lugar, los planes de acción que podrían implementarse y las demás acciones legales que se establezcan, tanto para recuperar el dinero como para dar respuesta a los hallazgos de la Contraloría”. La entidad se constituyó en víctima dentro del proceso penal contra los socios de Estraval, para buscar que le resarzan la inversión.

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Sin embargo, su situación en el proceso ante la Superintendencia de Sociedades podría ser aún más enredada. Resultó desconcertante que, al presentar su reclamación, el banco solicitara ser reconocido como acreedor y subsidiariamente como afectado. De acuerdo con esto, entraría en la liquidación judicial en la categoría de calificación de créditos, lo cual lo pone entre los últimos de la fila para la devolución, pues la ley prioriza a los inversionistas sobre el resto de acreedores.

Esto significa que si a los inversionistas les resulta difícil recuperar su dinero, pues no hay suficientes recursos, para el Banco Agrario será peor. Los afectados reclamaron 1,1 billones de pesos, pero el agente interventor de la Superintendencia de Sociedades reconoció la mitad. La explicación es que, según la Fiscalía, la norma es muy estricta cuando se trata de captación ilegal de dinero del público. Para fines de devolución solo se tiene en cuenta el capital que llevaron las personas, descontando lo que se les pagó por cualquier concepto.

Como se ve los coletazos de Estraval apenas se están sintiendo y como pintan las cosas su estela podría ser aún más amplia.