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El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quería cambiar todo el Estatuto Tributario. El país no se le midió a la propuesta

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La vida te da sorpresas

Se desvaneció la reforma tributaria estructural que pregonaba el gobierno. La nueva versión avanza en algunas cosas, pero aplazó muchas otras. Ahora, el tema es el impuesto al patrimonio.

La frase del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue contundente. "Mucha gente en este país perdió autoridad moral para ponerse a decir que el estatuto tributario es muy complejo. El régimen de impuestos que tenemos hoy es el que le gusta a esta democracia representativa".

La sentencia del jefe de las finanzas públicas colombianas lleva cierto aire de amargura y es muy reveladora acerca de todo lo que pasó durante los 90 días en que se discutió la frustrada reforma tributaria estructural. Durante el debate, ese ajuste de fondo pasó a ser una reformita que avanza en algunos puntos estructurales, pero que deja en el aire buena parte de las medidas que el mismo gobierno había planteado y que eran la columna vertebral de una iniciativa que no tenía antecedentes recientes en el país.

Semana tras semana, audiencia tras audiencia, debate tras debate, la reforma se iba diluyendo a su justa expresión. Por más que Carrasquilla trató de ponderar el resultado final, quedó la sensación de que a la administración del presidente Álvaro Uribe, en materia de impuestos, le salió el tiro por la culata. Y el mismo Ministro reconoció que esta no es la reforma estructural que él esperaba, y por eso el tema deberá ser abordado en un futuro, cuando haya ambiente positivo para una discusión de esa naturaleza.

Si el final de la historia fue este, entonces: ¿vale la pena desgastarse en una discusión legislativa, en la que la reforma, probablemente, seguirá perdiendo dimensión? Finalmente, ¿quiénes ganaron y quiénes perdieron en esta discusión?

Hay que reconocer que el texto que quedó planteado luego de discutirse en todos los escenarios posibles, tiene varias ventajas. Avanza en el impuesto de renta, porque elimina la sobretasa y deja la tarifa en 35 por ciento, abre la posibilidad para que los empresarios deduzcan los pagos que hacen en impuestos locales como industria y comercio y predial y se eliminan los ajustes integrales por inflación. Además, se reduce la renta presuntiva y la deducción de las inversiones se hace permanente. Tal vez a muchos empresarios y expertos en materia tributaria estos anuncios les llegan al alma, porque las medidas les facilitan la vida a quienes pagan impuestos a gran escala y realmente son un paso adelante para modernizar y hacer más competitiva la normativa tributaria.

Sin embargo, para el común de la gente, estas son palabras ininteligibles y remotas. En lo que tiene que ver con la mayoría de los colombianos (la eliminación de exenciones, ampliación de la base del IVA y ajustes al pago de renta por parte de los asalariados), no pasó nada, y las cosas, sólo con excepción de algunos cambios menores, siguen como hasta ahora.

¿Y por qué esa transformación de polo a polo durante estos 70 días de polémica? Básicamente, porque los temas fueron discutidos con Raimundo y todo el mundo y el resultado refleja las necesidades y las preocupaciones de la mayoría: hubo tres citaciones al Congreso para abordar el proyecto oficial; cuatro foros regionales de los que participaron 158 representantes gremiales; 13 reuniones con ponentes en debates que duraron, según las cuentas del Ministro, unas 104 horas, y se respondieron las 500 inquietudes que los empresarios plantearon al gobierno. Así que la reforma se cocinó abiertamente y por eso la reflexión del Ministro, que suena más a un llamado de atención. El texto es el resultado de un consenso general sobre lo que creen los colombianos que necesitan en materia de impuestos. Y esto es lo que entendieron el presidente Uribe y su equipo económico.

"La dificultad de reformarlo todo -señaló Uribe- nos indica que vamos a tener que ser más cuidadosos en aquello de estar proponiendo todos los días que lo que tenemos en materia tributaria hay que demolerlo, que se necesita es una reforma estructural de tal o tal orientación, que lo que tenemos es muy malo. Y esto va a tener que darles a los gobiernos más seguridad en el sentido de pensar que, a pesar de la crítica, lo que hemos introducido tiene muchas bondades".

Una conclusión clara, que puede resultar dolorosa para muchos, es que definitivamente se necesita del estatuto tributario actual para que algunos sectores crezcan. Las exenciones son definitivas en el surgimiento y la consolidación de muchas empresas, como ocurre hoy con los hoteles, las compañías agropecuarias y la construcción, entre otras. Esto es lo que explica que ninguno de los regímenes especiales haya desaparecido y que, por el contrario, la reforma garantice otras gabelas como la de los constructores de vivienda de interés social (VIS).

Y la reforma dejó tranquilos a muchos, porque, además, no hay afán por aumentar el recaudo. Las cuentas le cuadran al propio ministro Carrasquilla, quien aseguró que mientras la economía crezca por encima del 4 por ciento, no va a ser necesario recurrir a otro apretón tributario para aumentar los ingresos del gobierno. La promesa es que no habrá más impuestos en este período presidencial, y las cuentas dan para esperar que se cumpla ese compromiso. El recaudo tributario va disparado. Justamente, esta realidad fue lo que permitió que esta discusión se diera sin el afán fiscalista de las anteriores reformas.

De lo que quedó, el aspecto central es el impuesto al patrimonio, que paradójicamente, terminó salvando la reforma. Este gravamen se pagará durante los próximos cuatro años con una tarifa de 1,2 por ciento. Estos recursos les tocará ponerlos a todas las personas y empresas que tengan un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos. Los recursos nuevos entrarán a fortalecer el presupuesto general de la Nación, para evitar que el mayor gasto militar se lleve por delante los programas sociales.

Además, se elimina la tarifa del 2 por ciento en el IVA que se aplicaba a animales vivos y se deja permanente el 4 por mil, con una exención para las operaciones inferiores a siete millones de pesos.

Los beneficiados con la reforma final son tres grandes grupos: las personas que tienen salarios altos, que mantendrán su exención y el régimen actual; los empresarios, que gozan de gabelas tributarias, y los colombianos de a pie, que no pagarán más impuestos por cuenta de los nuevos productos a los que el gobierno quería ponerles IVA.

Los que pierden son los puristas de la tributación, que querían un Estatuto Tributario más sencillo. Hasta el Ministro de Hacienda tuvo que aceptar esa dura realidad.

La discusión que se viene ahora sobre los impuestos, aparentemente, va a estar aburrida en lo que queda del año, porque la reforma prácticamente está pactada en las condiciones de la ponencia.

Queda siempre la preocupación que durante los debates en el Legislativo, los que tengan nuevos intereses específicos y que consideren que necesitan de un articulito en el estatuto tributario para poder progresar, metan la mano y sigan llenando la normativa tributaria de retazos. De ocurrir, terminaría por convertir la iniciativa en una reforma más y así, sería mejor no arriesgarse a tanto con este trámite.

El gobierno aprendió la lección de que con eso no se juega. Tal como en la canción, la administración entendió que "la vida te da sorpresas". Realmente esta era una oportunidad para avanzar en una reforma estructural, pero los que supuestamente la necesitaban no quisieron. ¿Habrá una nueva oportunidad? Esta es una de las preguntas que aún no tienen respuesta.