QUE DIOS LES PAGUE

Fue un final que no tuvo nada de bendito. Sin embargo, cuando la semana pasada el gobierno anunció la intervención y liquidación de la Caja Vocacional--una entidad sui generis, propiedad de la Conferencia Episcopal Colombiana- quedó prácticamente cerrado el capítulo de una de las experiencias más amargas que haya tenido la Iglesia Católica en Colombia. La Caja, una curiosa organización que recibía dineros del público en términos similares a un establecimiento de crédito, entró en cesación de pagos el pasado 10 de octubre dejando en "la picota" a 1.160 ahorradores que habían depositado cerca de 3 mil millones de pesos.

Según se explicó en ese entonces, el problema de la entidad estaba centrado en que las inversiones que había hecho no estaban rentando lo suficiente para atender el pago de intereses. La semana pasada se informó que, si corre con suerte, la venta de los activos de la Caja apenas alcanzara para devolver dos de cada tres pesos recibidos.

El anuncio de intervención de la entidad fue un final lamentable para una idea que se cristalizó en 1957 por iniciativa de quien fuera director del organismo por casi 30 años, el padre Abraham Gaitán Mahecha. Instituida con el fin de "atender con sus recursos al fomento, cultivo y conservación de las vocaciones", la Caja acabó actuando como un intermediario financiero sin ningún tipo de control por parte del Estado, debido a que la figura estaba protegida por la existencia del concordato firmado entre Colombia y el Vaticano.

Una vez anunciada la crisis en octubre, la muerte de la Caja Vocacional era segura. En su caida, la entidad se "llevó" a Fundavi, la corporación de ahorro y vivienda que entró en proceso de liquidación en enero, después de que el escándalo de la Caja ocasionara allí un pánico de ahorradores. La desaparición de Fundavi hizo todavia más remota la posibilidad de que los activos de la Caja Vocacional alcanzaran a pagar las deudas, puesto que la inversión se redujo a nada.

Frente a ese hecho, la Conferencia Episcopal le pidió ayuda al gobierno.
Aunque en un principio no había asidero jurídico para la iritervención, dada la existencia del concordato, finalmente se utilizaron las facultades otorgadas al Ejecutivo en el ordinal 19 del artículo 120 de la Constitución, y la situación quedó en manos de la Superintendencia de Sociedades. Adicionalmente, se anuncio que el gobierno estaba entregando 300 millones de pesos en préstamo, con el fin de favorecer parcial o totalmente a más de 900 ahorradores que tenían depositados menos de dos millones de pesos cada uno.

A pesar de que la medida fue recibida con alivio, no fue considerada suficiente. Aquellos que van a recibir tan sólo una parte o nada de su dinero, están pidiendo que la curia se solidarice y aporte el dinero que falta. No obstante, todo parece indicar que eso no va a suceder y que dadas esas limitaciones, es imposible que la Caja Vocacional pague hasta el último centavo, asi eso demuestre una vez más que, en esta materia, también hay pastores que devoran a sus ovejas. --