La Unión Europea acordó un impuesto al carbono para importaciones industriales

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo anunciaron el martes que acordaron un mecanismo inédito para reverdecer las importaciones industriales en Europa, tasando las emisiones de carbono vinculadas a su producción.

Llamado comúnmente “impuesto al carbono en las fronteras”, aunque no se trata propiamente de un impuesto, este mecanismo sin precedentes a esta escala consistirá en aplicar los mismos criterios ambientales de la UE, donde los industriales compran sus “derechos para contaminar”.

El sistema afectará las importaciones de los sectores considerados más contaminantes como el acero, el aluminio, el cemento, los fertilizantes, la electricidad o el hidrógeno, indicaron en sendos comunicados el Consejo Europeo y el parlamento comunitario.

A raíz de la subida de precios de la tonelada de CO2, la idea es evitar un “dumping ecológico” que lleve a los industriales a deslocalizar su producción fuera de Europa y animar al resto del mundo a adoptar los estándares europeos.

Este dispositivo de “ajuste del carbono en las fronteras” (CBAM en inglés) “será un pilar crucial de las políticas climáticas europeas, es uno de los únicos mecanismos de los que disponemos para animar a nuestros socios comerciales a descarbonizar su industria”, explicó el eurodiputado Mohammed Chahim (socialdemócratas), negociador del Europarlamento.

En la práctica, el importador deberá declarar las emisiones directamente vinculadas al proceso de producción y, si estas superan el límite europeo, comprar un “certificado de emisión” a los precios del CO2 en la UE.

En caso de que exista un mercado de carbono en el país exportador, solo deberá pagarse la diferencia. El acuerdo indica que el mecanismo tendrá en cuenta también las emisiones “indirectas”. El sistema se aplicará progresivamente a partir de octubre de 2023, cuando las empresas importadoras deberán empezar solamente a declarar las emisiones de los productos.

La fecha de su puesta en marcha completa dependerá de conversaciones a finales de semana sobre otros aspectos de la reforma del mercado de carbono de la UE. A medida que el programa avance, la UE suprimirá progresivamente las cuotas de emisión gratuitas otorgadas hasta ahora a los industriales europeos para hacer frente a la competencia exterior.

Los eurodiputados piden iniciar la supresión de las cuotas en 2027 y acabar del todo con ellas en 2032, mientras que los Estados miembros proponen un abandono gradual entre 2026 y 2035.

Además, la Unión Europea obligará a los fabricantes de baterías a adoptar medidas para que estas sean más ecológicas y más fáciles de reciclar y cambiar, según un acuerdo alcanzado el viernes entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros. El texto, que pretende impulsar la producción de baterías en Europa a través de la economía circular, abarca el conjunto del ciclo de las baterías, desde su concepción hasta que dejan de funcionar.

Este se aplicará a todo tipo de baterías, desde las de teléfonos inteligentes hasta las baterías industriales, pasando por las de ordenadores, electrodomésticos o de vehículos. Sus fabricantes deberán, a partir de 2024, informar sobre el impacto carbono total de cada batería, de los minerales que la componen y de su reciclaje.

Desde 2027, solo se podrán vender las baterías para coches eléctricos que respeten estos indicadores. En 2025, los teléfonos inteligentes y otros aparatos electrónicos deberán ser diseñados para que se pueda sacar y cambiar fácilmente su batería.

Las empresas tendrán que respetar ambiciosos objetivos de recolección: deberán recuperar el 45 % de las baterías a partir de 2023 y el 73 % a partir de 2030. En el caso de bicicletas, motos o patinetes eléctricos, el porcentaje será del 61 % a partir de 2031. Todas aquellas que se recuperen deberán reciclarse, con el objetivo de recuperar un porcentaje importante de sus minerales, como el cobalto y el níquel (90 %) o el litio (80 %).

Las nuevas baterías tendrán que incluir una cantidad mínima de metales reutilizados. “Estas exigencias medioambientales se aplicarán a las baterías fabricadas en Europa, pero también a las importadas. Esto promoverá el acceso al mercado europeo de aquellas baterías con una mayor duración”, explicó el eurodiputado francés Pascal Canfin (del grupo de los liberales), que preside la comisión de Medioambiente del Parlamento Europeo.

La UE tiene como objetivo producir en 2030 el 25 % de las baterías fabricadas en el mundo, a pesar de que este porcentaje solo es del 3 % actualmente.

*Con información de la agencia AFP