CHILA SECRETO

LOS SIMPATIZANTES de Augusto Pinochet no dijeron esta boca es mía sobre la desaparición de opositores en los 17 años que duró la dictadura, pero ahora no tienen pelos en la lengua para denunciar a la Policía chilena por la vigilancia secreta de figuras de la vida pública de ese país. La crítica anterior se oyó en Santiago después de que estallar a un escándalo que ya hizo correr la cabeza del director de la Policía civil chilena, el general retirado Horacio Toro. Todo comenzó el miércoles de la semana anterior, cuando diputados de la derechista Unión Democrática Independiente (partidaria del antiguo régimen) dieron a conocer un documento policial que ordenaba la vigilancia de dirigentes políticos, militares y religiosos por parte de un departamento de "inteligencia política". El hecho fue justificado por las autoridades policiales como un programa de protección contra posibles atentados, pero fue desautorizado por el gobierno. Carlos Cáceres, último ministro del Interior de Pinochet, dijo al respecto que el espionaje policial viola las normas de la Constitución de 1980. Pero cuando se le preguntó por las desapariciones del gobierno militar, cambió de tema.