En el año 2011, el estudio Analysis of Disaster Risk Management in Colombia (traducido como Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia) fue desarrollado por el Banco Mundial para apoyar el desarrollo de políticas públicas en nuestro país que redujeran el impacto de los desastres naturales y mejoraran la capacidad de gestión del Gobierno para atender estas necesidades en materia de prevención y atención, llamando a la necesidad de crear estrategias no sólo a nivel nacional sino también regional.
El esquema general que se recomendó hace más de 10 años incluía instrumentos de retención del riesgo y de transferencia del riesgo para tres tipos: alto (baja frecuencia y alto costo), medio y bajo (alta frecuencia y bajo costo).
Así, para el riesgo alto las estrategias de retención podían ser la adquisición de préstamos bajo la capacidad de endeudamiento de la nación y tener fondos de contingencia con recursos regionales; y como instrumentos de transferencias se incluía la adquisición de seguros como los de vivienda, paramétricos y tradicionales (haciendo referencia a aquellos que incluyen la protección de infraestructura pública y las viviendas de estratos más bajos). Para este riesgo alto se calculaba un monto aproximado de USD$ 16 billones.
Mientras que el riesgo más bajo, que no tenía ningún instrumento de transferencia asociado, contaba con un valor estimado de al menos USD$ 450 millones bajo estrategias como fondos sectoriales, fondos territoriales y la opción de acudir a la excepción del principio de anualidad presupuestal para poder ahorrar para estas contingencias en años que no demandan este tipo de gastos.
Pero para un país que ronda los $405 billones como Presupuesto General de la Nación, esas cifras para Colombia se ven absurdas, pero esto no es todo. En aras de tener otras recomendaciones para reducir estos riesgos, se dio un listado de recomendaciones, o un plan de acción consolidado, que mencionaba a las entidades a cargo. Por ejemplo, los ministerios debían designar una oficina o departamento responsable del manejo del riesgo en cada sector, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encargaría de diseñar una política de gestión de desastres de intensidad baja y media.
Y si bien no es el único estudio, el fortalecimiento institucional de carácter nacional y regional siempre ha sido trascendental cada vez que surgen recomendaciones hacia la política pública. El problema es que no hay estudio que brinde mayores detalles sobre las implicaciones que tiene la corrupción al intentar materializar propuestas de ayuda humanitaria o las afectaciones de no tener un fondo estable para estas contingencias.
Hoy en día, el único ministerio involucrado es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que atiende a la Ley 1523 de 2012 para la Gestión del Riesgo de Desastres, y hay una gran centralización para proyectos de prevención y atención de desastres bajo la UNGRD. El problema es que este año la UNGRD ha presentado a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría una serie de irregularidades y actos de corrupción presentados dentro de la organización, entre los que se incluyen casos de favorecimiento a contratistas, falta de contratos que respaldaran algunas adquisiciones y que no tenían, en general, un respaldo presupuestal.
¿Pero cómo se puede blindar a algún organismo actualmente en medio de la ola de corrupción que afronta el país? Se sabe que la recuperación de un gran terremoto, o de cualquier desastre natural, es un proceso largo, incluso para las economías más desarrolladas. Y con una institucionalidad tan débil, el proceso es aún más tormentoso; así que, por supuesto, Colombia no está lista para afrontar algún desastre natural de gran magnitud, pero la realidad es que ningún país lo está.
La diferencia realmente se presenta en el tiempo que tarda un país de recuperarse de algún desastre. Por ejemplo, en 2015 un terremoto mató a casi 9.000 personas en Nepal y causó daños considerables en más de 500.000 viviendas; dos años después, el 70% de los hogares afectados vivían en casas reconstruidas o reparadas, pero muchas familias aún residían en refugios temporales.
Japón, una de las naciones más desarrolladas del mundo, tuvo un terremoto y un posterior tsunami en el año 2011 que cobró la vida de casi 19.000 personas. Doce años después, en 2023, aún hay un saldo de 2.500 personas desaparecidas y más de 31.000 personas aún evacuadas y fuera de sus hogares.
En Colombia uno de los casos más recientes que necesitó gran intervención fue en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina luego de los huracanes que recibió la región en 2020 y 2022. Luego de que el primer fenómeno dejara daños de un 99 % en la infraestructura de la región, se había cumplido un año del desastre y la región aún no contaba con un hospital, sólo se había reconstruido el 47 % de las viviendas y se había avanzado un 7 % en reparaciones.
Asimismo, durante la primera visita del gobierno Petro, se estimó que el valor por metro cuadrado era de casi $10 millones, lo que parece insólito para las edificaciones que no superaban los 70 metros cuadrados. Supuestamente estas casas son resistentes a huracanes, pero parece que esas inversiones no fueron óptimas porque en 2022 el huracán Julia tumbó varias de estas.
No todos los países del mundo tienen la misma capacidad de respuesta ante algún desastre natural. No obstante, algunos tienen una mejor gestión del riesgo y tienen más fondos para financiar las necesidades que se presentan por estos fenómenos. Por ahora, conviene cuestionarse qué tan diligente habrá sido el uso del Fondo Nacional de Calamidades y quién está vigilando su ejecución, dadas las irregularidades reportadas en la UNGRD y la ralentizada recuperación que se ha visto en el archipiélago.