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Camilo Díaz

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Los huevos de Carrasquilla

Esta tercera reforma tributaria presentada por el Ministro de Hacienda llega en mal momento político y con defectos en el cálculo del ingreso de las familias.

24 de abril de 2021

Al mal ambiente político para tramitar la que sería la tercera reforma tributaria del Gobierno Duque, se suman las desatinadas declaraciones del Ministro Carrasquilla, que dejan en evidencia que en la cartera de Hacienda no tienen claro cual es el ingreso disponible de los hogares y muchos menos en que lo gastan, lo que quiere decir que, o los cálculos de lo que se piensa recaudar desde las personas naturales están mal hechos o el Ministro no sabe con precisión desde donde va a recoger los $25 billones de pesos que aspira a recaudar si el proyecto es aprobado tal y como fue radicado.

La mayor dificultad que enfrenta la tributaria es su trámite en el Congreso ya que este año es de preparación electoral, y los efectos de la reforma se verán el año que viene, justo cuando los congresistas deben ir a las urnas para reelegirse como parlamentarios. Votar a favor de incrementar la carga de impuestos a los hogares en las proporciones planteadas por la cartera de hacienda, es prácticamente una renuncia para permanecer en el Congreso, porque los legisladores no tendrán tiempo de juagar su imagen antes de ir al balotaje electoral en marzo de 2022.

Tal como fue presentado el texto a los hogares les corresponderá aportar $25 billones en impuestos, donde resaltan las siguientes propuestas para gravar el ingreso y consumo de las familias. Extender el cobro de IVA a varios artículos de la canasta familiar con lo que se esperan $17 billones del total de $25. A partir de 2023 cualquier asalariado que gane desde $2,9 millones tendrá que pagar impuesto a la renta, y en 2024 desde salarios de $2,5 millones. Y como si fuera poco aumentar el costo de la gasolina al subir el impuesto al carbono y llevar el IVA del carburante también a la base del 19%. Adicionalmente varios pensionados entrarán a la base de contribuyentes pues pagarán impuesto a la renta quienes tengan asignaciones desde los $4,8 millones mensuales.

Lo anterior parece desconocer que han sido los hogares los mas afectados por los efectos adversos de la pandemia en la economía, que especialmente la clase media ha sido la más perjudicada, con reducciones significativas en el ingreso y prácticamente cero ayuda estatal porque los subsidios han sido destinados para ayudar a los segmentos de menores ingresos y hacia los adultos mayores desprotegidos, pero a la clase media que perdió el empleo o vio sus ingresos caer no se ha destinado ningún tipo de apoyo estatal. En contraste, las empresas han recibido subsidios para el pago de la nómina y líneas de crédito con tasas de interés flexibles, así como diferentes mecanismos para adaptarse al ambiente económico retador.

Cifras de Anif dan cuenta que la afectación en los ingresos de los hogares sobrepasa los $30 billones, por perdida de empleo, caída en los ingresos, o interrupción de los contratos laborales, y si a eso se suma una reforma tributaria que busca gravar los ingresos provenientes del trabajo, la recuperación del consumo se verá afectada y así mismo la recuperación de la economía ya que el gasto de los hogares responde por el 65% del crecimiento económico, no obstante las familias gastan con base en su ingreso disponible y si ese ingreso se ve reducido por mayor carga tributaria no les queda otra camino que ajustarse mediante la reducción del consumo.

La solidaridad para el pago de las ayudas estatales no se puede descargar únicamente en la clase media y trabajadora, el argumento que está usando el Gobierno de que el sostenimiento de la política social depende de la aprobación de la reforma tributaria para empujar la aprobación de impuestos al trabajo, debe ser contrastado con los últimos beneficios que las primeras dos tributarias del Gobierno entregaron a las rentas provenientes del capital. Necesariamente se deben reversar esos beneficios que costaron $13 billones, equivalentes a la mitad de lo que hoy se espera recaudar con una reforma tributaria que busca que la factura de las malas decisiones fiscales sea asumida por las personas del común.