Reforma a la salud: Un proyecto que nace muerto

Esta semana finalmente el gobierno reveló y radicó para su trámite legislativo el proyecto de reforma a la salud. Al leerlo, es claro que el hermetismo gubernamental por revelar el texto final estaba perfectamente justificado; eran conscientes de que una lectura sencilla, por una persona medianamente ilustrada sobre la materia, no resiste ningún debate: es un proyecto mal diseñado, mal sustentado, politizado, ideologizado, altamente peligroso, antitécnico, pero sobre todas las cosas, muy impopular.

En pocas cosas los colombianos tenemos consensos, pero respecto del sistema de salud, la gente en general, vive contenta con lo que tiene y aunque es claro que existen muchas cosas por mejorar, la percepción usual es que tenemos un sistema universal, muy barato y con coberturas prácticamente ilimitadas.

Quizá en el día a día, en el acceso a salud básica o en regiones apartadas del país, los estándares de atención pueden mejorar, sin embargo, las personas que realmente necesitan el servicio, es decir, los enfermos crónicos, los que sufren enfermedades ruinosas e incluso las mujeres en gestación, saben que el sistema es muy bueno, que la calidad de la atención es óptima y que su gasto de bolsillo es muy bajo, casi imperceptible.

Hoy, con el sistema que tenemos, la gente tiene la confianza de que accederá a servicios, a medicamentos y a tratamientos oportunos y de calidad. Saben que estén donde estén, serán atendidos y que no deben preocuparse por acceder al servicio de salud. En algunas regiones con más facilidad que en otras, pero en general con facilidad y en todos los niveles médicos.

Aunque el gobierno se niegue a aceptarlo, los colombianos quieren su EPS y no entienden cómo o por qué la quieren acabar. Es cierto que algunas EPS, en especial las que han tenido intervención o participación pública, no han sido un buen ejemplo de gestión y de manejo acertado de los recursos, sin embargo, las buenas, las que han sido manejadas con criterios gerenciales, son muy buenas y en muchos casos son modelos de gerenciamiento en salud a nivel mundial.

Sin entrar en mayores detalles, lo que quiere el gobierno Petro es acabar las EPS, estatizar la salud, centralizar y apropiarse de todos los recursos, empadronar la población y usar la salud como moneda de cambio para conseguir votos en aquellas regiones donde sabe que no tiene mayorías locales. La idea, palabras más, palabras menos, es crear una EPS estatal única, al mejor estilo del antiguo Seguro Social y desde ahí controlar lo divino y lo humano; es cambiar gerentes técnicos por políticos locales… eso nadie lo entiende.

Los defensores del proyecto se concentran en discursos politizados, populistas, cargados de ideología de izquierda y que buscan convencer al “pueblo” de una realidad fatídica y tremendista que no existe. Ni uno solo de esos argumentos resiste un análisis técnico. El gobierno le teme a cualquier debate, en cualquier escenario; saben que se exponen al ridículo y al escarnio técnico.

Escuchar a cualquier exministro de salud, a cualquiera, permite entender fácilmente que el proyecto literalmente pone en riesgo la vida de la gente. Rara vez se ve tanto consenso técnico y político sobre la mediocridad de un proyecto de ley.

Pues bien, además de ser un adefesio legislativo, el proyecto debe tramitarse como una ley estatutaria. Eso no resiste ninguna discusión técnica. Se está “revolucionando” la forma en que los colombianos cuidan su salud y su vida misma; eso requiere, según nuestra Constitución, un trámite muy particular en el Congreso, con un mayor número de debates y mayorías calificadas, en una única legislatura, con revisión previa de la Corte Constitucional e incluso hoy se exigen consultas con comunidades étnicas porque evidentemente se verán afectadas. El gobierno cree que es una “sencilla” ley, pero no lo es. La salud es un derecho fundamental… ¡punto!

Si el Congreso se somete nuevamente en este caso, cometerá uno de los peores errores sociales de la historia legislativa colombiana. De corazón espero que esta vez entiendan que, por encima de la burocracia y el clientelismo, está el bienestar de todos. Es una ley que nace muerta, pero en Colombia, en el gobierno actual, hemos perdido la capacidad de sorprendernos; actuar erráticamente se ha vuelto costumbre.