Supersociedades, la entidad pública más transparente

En el país, el riesgo de que los dineros del sector público del orden nacional o regional caigan en manos de corruptos es muy grande. No en vano, hoy la corrupción es uno de los temas centrales en la discusión pública entre los colombianos. Según Transparencia por Colombia en su tradicional estudio anual, en el rango de riesgo ‘alto’ y ‘muy alto’ quedaron 60% de las 28 alcaldías evaluadas; 50% de las 32 contralorías departamentales; 40% de las gobernaciones y 19% de las entidades nacionales.

Una de las principales y más alarmantes conclusiones del estudio es que los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para capitalizar recursos económicos y controlar el territorio y sus poblaciones.

También le puede interesar: Papa admite corrupción en el Vaticano y revela sus secretos contra el estrés

En medio de un panorama complejo, debido a los recientes escándalos en materia de corrupción y de ser testigos en muchos casos de la inacción de las autoridades o de sanciones mínimas, algunas entidades públicas sobresalieron en la investigación de Transparencia.

La mejor calificación con un riesgo moderado de corrupción la obtuvo la Superintendencia de Sociedades, seguida de la Superintendencia Financiera y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Para alcanzar este logro, Francisco Reyes Villamizar, superintendente de Sociedades, tiene a sus principales asesores monitoreando con lupa todos los procesos de la entidad. Cada semana el mismo Reyes revisa detalladamente qué audiencias tienen las delegaturas de Procedimientos de Insolvencia y Mercantiles y el objetivo es que estos procesos se transmitan en vivo por internet y puedan ser consultados no solo por las partes de los procesos sino por otros interesados.

Le sugerimos leer: ¿Cuáles son las regiones y sectores más afectados por la corrupción en Colombia?

“Estos temas tecnológicos, además de generar transparencia, consolidan la descongestión a la justicia”, asegura Reyes Villamizar, al recordar que un proceso en la Delegatura de Procedimientos Mercantiles (demandas entre socios) se tramita en promedio en 171 días (5,7 meses) mientras en la justicia ordinaria puede incluso en promedio tardar 1.288 días (tres años y medio).

En el área de quiebras y reorganización hay procesos como el de Conalvías, que se tramitó en menos de seis meses y otros con un alto índice de recuperación de activos. Se implementó, además, un programa que permite que los representantes legales de las empresas en crisis sean los mismos líderes de las reorganizaciones empresariales, siempre bajo la vigilancia de la Supersociedades.

Reyes destaca también el trabajo de la delegatura de Investigación, Vigilancia y Control, que hoy monitorea empresas como Odebrecht y donde se inició la investigación del tema de las libranzas y las empresas multinivel, entre otros.

Finalmente, la delegatura de Asuntos Económicos tramita todo el proceso de conversión de la contabilidad de las empresas a normas internacionales y donde, además, se le hace un minucioso análisis a diferentes sectores de la economía.

 Lea también: La corrupción no es el problema es la falta de vergüenza