Por decisiones contra plataformas, Colombia dejaría de recibir unos US$100 millones en inversiones

La decisión anunciada este viernes por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre Uber dejó un sinsabor y una serie de contradicciones que, para muchos, pondría en duda las apuestas del Gobierno Nacional en la economía naranja y del sector TIC en el país. 

Para nadie es un secreto que empresas como Uber, Cabify, Beat y Didi son experiencias en estas dos áreas, y que claramente, aterrizaron en los países donde operan revolucionando el sector del transporte y dejando en evidencia la falta y la necesidad de una regulación para normalizar la operación de estos emprendimientos disruptores. Y en el caso de Colombia eso ha quedado en evidencia. 

Según Uber, Colombia es el único país en Latinoamérica donde ni siquiera se inician conversaciones para reglamentar los servicios de transporte intermediados por plataformas, lo cual ha estado permeado por una serie de hechos que lo dejan en evidencia. Lo primero y lo más notorio es la indecisión en el Gobierno sobre la legalidad o no de la plataforma. El Ministerio TIC asegura que Uber es una plataforma tecnológica, por otro lado el Ministerio del Transporte asegura que esta no es legal en tanto que no cumple con las normas de transporte dispuestas en el país. 

Lo segundo son los taxistas. Desde el 2014, un año después de que entrara en operación la plataforma en el país y tras su éxito, el gremio amarillo expresó su inconformidad y molestia frente al servicio prestado por Uber, el cual afectaba drásticamente su oficio. 

Es así, como Colombia lleva cinco años dejando el tema en el limbo y que se ha convertido en una pesadilla tanto para las entidades gubernamentales como para los mismos actores del ecosistema. En ese contexto, la decisión del juez administrativo que dio la razón a Cotech S.A., empresa que se declara proveedor de servicios de Taxis Libres, sobre la competencia desleal de Uber en Colombia abre nuevamente el debate sobre el vacío normativo del país en esta materia, así como las afectaciones al sistema emprendedor, a la economía naranja y a la confianza inversionista. 

De acuerdo con Mauricio Jaramillo, consultor digital y experto en el tema, la decisión podría traer varias consecuencias según el desarrollo del caso. Explica que una de las consecuencias es que Uber decida irse del país dada la falta de regulación e inestabilidad jurídica para su operación. “No creo que ese escenario sea tan viable.Sin embargo, de tomar esta decisión se vería afectada la oferta en materia de transporte, pues parte del éxito de Uber aquí en Colombia y en otras partes del mundo es que dinamizó la oferta en materia de movilidad. Así que una salida de la compañía haría que 88.000 conductores salieran del mercado, dejando grandes vacíos en la demanda”, señaló.

Otra de las consecuencias es que se convertiría en un bache para la economía naranja. Según Jaramillo, lo que pueda pasar en adelante en este caso debilitiaría el mensaje de desarrollo e impulso de la economía naranja y del emprendimiento que lidera el Gobierno. Para el experto, esto generaría incertidumbre entre posibles inversionistas y emprendedores que ven en Colombia una oportunidad de mercado. “Al final son muchas las cosas que se verían afectadas, entre ellas la imagen del país, lo cual llevaría a que los inversionistas estén alertas y hasta frenen proyectos con temor de que les pase algo similar a lo de Uber”, aseguró. 

Mauricio Toro, representante a la Cámara y autor del proyecto de ley que busca regular estas plataformas, concuerda con Jaramillo en que este tipo de anuncios va en contra de "un Gobierno que promueve la economía digital y el emprendimiento". "Esto pone en evidencia una persecución directa del gobierno que habla de la economía digital, del desarrollo de tecnología. No cabe duda que aquí hay un fuerte conflicto de intereses", dijo.

Toro también asegura que esta decisión debilitaría la confianza inversionista en el país. En conversación con Dinero mencionó que varias empresas de este tipo estarían replanteando las inversiones que realizarían en el futuro aquí en Colombia, incluso con miras a llevarlas a otros destinos que brinden más seguridad juírica a sus operaciones. "Ese impacto nos cuesta unos US$100 millones, mientras que el Gobierno destaca que fue a Silicon Valley a traer US$30 millones", aseveró el representante.

Y es que no hay que esperar hasta que concluya el caso para ver los efectos de la falta de regulación de la plataformas. En octubre de este año, Uber anunció que cancelaría una inversión de más de US$40 millones en el país a causa de la inseguridad jurídica. Según la compañía, los recursos serían destinados a la creación de Centro de Excelencia de Latinoamérica en el país, con el que se proyectaba generar cerca de 600 nuevos empleos.

Otro de los sectores afectados sería el empleo. Toro resalta que la suspensión de las operaciones de Uber en Colombia viola el derecho al trabajo de los ciudadanos que ven en estas plataformas una alternativa laboral, en tiempos donde conseguir trabajo se ha convertido en una tarea imposible."Lo que no se ve es que muchos colombianos están generando ingresos adicionales en estas apuestas. En un momento donde el empleo está desbordado, la falta de operación de estas plataformas dejaría sin sustento a cientos de familias", afirmó.

Por otra parte, el país también perdería en materia de recaudo de impuestos, pues solo Uber en el último año por concepto de IVA, la empresa de tecnología ha pagado un total de $35.000 millones a diciembre del 2018, correspondientes a este impuesto.

Pero no todo es negativo. La decisión también podría abrir un espacio para regular definitivamente la plataforma. Jaramillo asegura que, según el rumbo que tome el caso, este podría tomar entre uno a dos años tiempo en el que el Gobierno podría tomar decisiones certeras sobre su regulación. “Esta discusión viene desde la época del gobierno Santos y es un tema que a estas alturas debería estar resuelto. En varios países del mundo la regulación de este tipo de plataformas ya está resuelto y en Colombia no hemos podido por falta de voluntad de las partes. Esta sin duda es una oportunidad para que por fin se dé esta regulación”, aseveró. 

Y precisamente, en el Congreso de la República está en curso un proyecto de ley que busca regular estas plataformas. El proyecto liderado por el representante a la Cámara, Mauricio Toro, contempla algunas medidas para la seguridad de los usuarios como que los conductores de este tipo de transporte tengan los mismo requisitos que los taxis en temas de seguros de daños y seguros de todo riesgo por accidente.

También el proyecto obligaría al Ministerio de Transporte para que, en el plazo de 1 año, desarrolle un mecanismo que le permita a los taxis tener "tarifa dinámica", siempre y cuando adopten medios tecnológicos y de GPS para dicho cálculo. Otro tema importante que plantea el proyecto es que las plataformas paguen impuesto de renta sobre la tarifa completa en Colombia.