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Panorámica de Yopal, capital de Casanare, donde el descubrimiento de petróleo en los años ochenta generó corrupción y derroche.

Con licencia para delinquir | Corrupción en Casanare: campeón del peculado

Un gobernador colocó 63.000 millones de pesos en inversiones ilegales. Se perdieron 44.000 millones de pesos. Por Alberto Donadio.

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Foto: Nick Jaussi

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William Hernán Pérez Espinel, gobernador de 2001 a 2003, fue condenado en 2009 por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión y a una multa de 2.400 millones de pesos por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, concusión y peculado por apropiación a favor de terceros. Pérez Espinel se reunió antes de elecciones con las Autodefensas Campesinas de Casanare para pactar un cogobierno con el grupo armado ilegal de alias Martín Llanos. Este apoyó al candidato en las elecciones y a cambio Pérez Espinel, como gobernador, favoreció con contratos a varias cooperativas controladas por Martín Llanos. Los contratos sumaron varios miles de millones de pesos. El de suministro de uniformes a estudiantes de Casanare se firmó por 3.300 millones de pesos. En cuanto a la concusión, el entonces gobernador exigió al contratista del alcantarillado de Orocué que entregara 190 millones de pesos a familias de ese municipio que lo apoyaron en la campaña a la gobernación. Además, el reo firmó convenios de asesoría con la Universidad de Cartagena para el plan de desarrollo del Casanare. La universidad obró únicamente como intermediaria, pues subcontrató los servicios con una empresa privada, pero recibió honorarios por más de 3.200 millones de pesos del Casanare. El gobernador Pérez Espinel y el rector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, “se concertaron no solo para violar la ley de contratación, sino para que importantes sumas de dinero del erario aprovecharan indebidamente a la Universidad con lo que se configuró el tipo penal de peculado por apropiación a favor de terceros”, según el fallo. El exrector fue condenado a 15 años de prisión. En el juicio alegó que la universidad estaba quebrada y dijo que creyó que con las ganancias del contrato podría superar la crisis económica. Las obras contratadas por el intermediario que buscó la Universidad de Cartagena registraron sobrecostos por 6.000 millones de pesos.

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En 2014 la Corte Suprema de Justicia condenó a Pérez Espinel a ocho años y cuatro meses de prisión por los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos. El exfuncionario prometió un contrato de 400 millones de pesos a un ingeniero a cambio de aportes para un candidato a la alcaldía de San Luis de Palenque. El ingeniero giró cheques por 20 millones de pesos. Luego le pidieron 33 millones de pesos del anticipo del contrato.

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Una tercera sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó en 2016 a Pérez Espinel a 56 meses de prisión por enriquecimiento ilícito de servidor público. Obtuvo un enriquecimiento patrimonial injustificado por más de 143 millones de pesos. El exgobernador aceptó los cargos. Una cuarta condena penal le fue impuesta a Pérez Espinel por la Corte Suprema de Justicia en 2019, cuando lo sentenció a 86 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Como gobernador firmó contratos para el suministro de fríjoles y espaguetis a restaurantes escolares y compra de textos escolares y material didáctico. Los sobrecostos sumaron 92 millones de pesos. Los 4.000 textos escolares se compraron al doble de su valor comercial.

El ganadero William Hernán Pérez Espinel nació en Bogotá en 1957.

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Miguel Ángel Pérez Suárez, elegido para el periodo 2004-2007, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2006 a seis años de prisión y a multa de 200 millones de pesos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Pérez Suárez recibió 100 millones de pesos en efectivo enviados por alias Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare. El dinero fue entregado antes de las elecciones de 2003 en la casa 39 de la urbanización Colina Campestre, en las afueras de Yopal. El dueño de la casa era el fiscal seccional Carlos Alberto Barrera Ávila. La entrega se hizo a las 5:20 de la mañana y fue filmada. “Es evidente que el doctor PÉREZ SUÁREZ acudió a la cita conociendo la identidad de sus gestores y de su vinculación con grupos armados ilegales, por lo que al aceptar y recibir el aporte económico incurrió en la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares, como actuó con conocimiento y voluntad de ese hecho su comportamiento es doloso”, señaló el fallo. Los hechos se conocieron cuando fue capturado en Bogotá en 2004 un miembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare llamado Josué Darío Orjuela Martínez, el cual presentó denuncia escrita.

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El médico Miguel Ángel Pérez Suárez falleció en 2020.

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Whitman Herney Porras Pérez fue nombrado gobernador por decreto presidencial para terminar el periodo de su antecesor, Miguel Ángel Pérez Suárez, condenado por la Corte Suprema de Justicia. Ejerció la gobernación entre septiembre de 2006 y diciembre de 2007. La Corte Suprema de Justicia condenó a Porras Pérez en 2013 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros a 18 años y 6 meses de prisión y al pago de una indemnización de perjuicios materiales por valor de más de 42.000 millones de pesos.

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DE TODOS LOS GOBERNADORES CONDENADOS EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS, EL PECULADO DE MAYOR CUANTÍA LO COMETIÓ WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ.

Porras Pérez colocó excedentes de liquidez bajo modalidades no permitidas por la ley. El total invertido llegó a 63.000 millones de pesos, depositados en patrimonios autónomos. A 2011 las pérdidas sumaban 44.000 millones de pesos. Los dineros se entregaron a patrimonios autónomos como Likuen, Green Mountain Consulting, Chacón Bernal Asociados, Cosacol y Viaducto Muña. Se trató de operaciones de alto riesgo. Los dineros estaban en TES, o deuda de la nación, inversión que sí está permitida a las entidades oficiales, pero el gobernador ordenó venderlos y pasar los fondos a las fiducias o patrimonios autónomos. “No se hizo cosa distinta de sustraer recursos públicos para ingresarlos a una serie de patrimonios autónomos, no como aporte de la Gobernación, sino de aquellas empresas, quienes de acuerdo con las cláusulas pactadas pasaron desde ese momento a ser titulares del dominio de las sumas de dinero pudiendo disponer de ellas a su antojo”, señaló la sentencia. “Esas operaciones no contaron con la más mínima ‘garantía’ a favor de la entidad territorial”, según la Corte Suprema de Justicia. Las inversiones se hicieron tras una visita de Juan Carlos Huérfano Ardila al gobernador en Yopal, en una reunión que duró de tres a cinco minutos, sin que Huérfano y el gobernador se conocieran previamente. Huérfano fue a promocionar las inversiones en patrimonios autónomos. El gobernador dio orden escrita al tesorero para realizar la inversión. La ocupación de Huérfano era atender un restaurante de su propiedad, en el parque de la 93 en Bogotá. Quien le habló de patrimonios autónomos fue un compañero de estudios, Camilo Benedetti Villaneda, que “en una reunión social me comentó el tema, me pareció interesante”, declaró Huérfano. ¿Por qué le ofreció el negocio a la Gobernación del Casanare? Dijo que buscó “entidades que pudieran tener excedentes de tesorería, departamentos y municipios petroleros, esa fue la razón”.

El economista Whitman Herney Porras Pérez nació en Popayán en 1972.

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