Nada más parecido a una tormenta perfecta para describir la situación actual. El país enfrenta una compleja coyuntura por el deterioro de la seguridad, que revive fantasmas del pasado, arranca la época preelectoral en medio de tensiones y una profunda polarización, mientras que el Gobierno insiste con varias de sus reformas y regulaciones que, en muchos casos, están generando una profunda incertidumbre.

A pesar de que los indicadores macroeconómicos muestran estabilidad, las cuentas fiscales no cuadran y su coletazo se avecina en una nueva reforma tributaria. La prima de riesgo del país aumenta y todo indica que una reducción en la calificación crediticia es inevitable.

Pero si en Colombia llueve, en el mundo no escampa. Las tensiones geopolíticas se mantienen con los conflictos entre Rusia y Ucrania, y la dramática situación en Gaza. Además, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos sacudió el comercio mundial. Una profunda escalada arancelaria, sustentada en argumentos de seguridad nacional, genera un nuevo orden en el sistema comercial.

En principio, Colombia salió bien librada de esta arremetida, con la base impositiva más baja, pero todavía hay tensiones por superar. En pocos días se conocerá si Estados Unidos descertifica o no a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. La mayoría de los analistas coinciden en que es ineludible la descertificación. La pregunta es hasta dónde llegarán las sanciones. ¿Será una descertificaciónlight? ¿O irá más allá del recorte a las ayudas y cooperación?

El panorama no es claro. Y para tensionar más la relación con Estados Unidos, Colombia avanza en los coqueteos con China, evaluando la posibilidad de vincularse a la Ruta de la Seda del dragón asiático, así como buscando financiación con el bloque de los Brics. Entretanto, con Venezuela, la administración del presidente Gustavo Petro impulsó la creación de una zona binacional, en alianza con el Gobierno vecino que, paradójicamente, aún no ha reconocido.

Las aguas cada vez están más turbulentas y se necesitan capitanes que ayuden a cruzar la tormenta. Las firmas de abogados se han convertido en el mejor socio para sobrellevar esta compleja situación y los impactos que tienen muchos de estos factores en el desarrollo económico. Los clientes necesitan entender qué les puede pasar en estos momentos de turbulencia, “y somos los socios para acompañarlos en determinar cómo enfrentar estos riesgos que están viviendo día a día”, señala Jaime Herrera, socio de Posse Herrera Ruiz.

La situación se evidencia en el ‘auge’ de algunas áreas de práctica. Por ejemplo, ante las reformas pensional, laboral o tributaria, esas prácticas han estado muy dinámicas, al igual que en litigios, por la cantidad de normas, regulaciones y resoluciones que ha expedido el Gobierno en distintos sectores que han generado conflicto.

También cobra un especial interés el área de comercio exterior, ante las tensiones en materia de intercambio comercial, como la desviación de comercio, que afecta a algunos sectores específicos.

Otras áreas de práctica que ante la incertidumbre habían perdido protagonismo, como fusiones y adquisiciones, han ido, poco a poco, recobrado una mayor dinámica, más en el valor y en la relevancia de las operaciones que en el número de transacciones. Lo mismo ha sucedido con las reestructuraciones financieras.

Sin embargo, el vendaval está arreciando en momentos en que el mercado legal está en una profunda transformación, ajuste y reacomodo. El año pasado, luego de terminar su alianza con la firma DLA Piper, nació Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D). Con la movida, la nueva firma no solo se independizó, sino que inició un proceso de expansión internacional.

“El camino que estamos abriendo hacia la internacionalización está saliendo muy bien”, dice Camilo Martínez, socio director de MQMGL&D, al señalar el positivo movimiento de inversión hacia España que se está dando desde Colombia. Ya la oficina de la firma cumplió un año operando en Madrid, España, y Martínez destaca las oportunidades que se generan en medio de la turbulencia global.

En 2024 también se dieron otros movimientos y nuevas alianzas, como la de Esguerra Asesores Jurídicos y Jiménez Higuita Rodríguez, hoy convertida en Esguerra JHR.

Este año ha habido movidas en mercados cercanos y en Colombia. En Perú, por ejemplo, Echecopar anunció el fin de su asociación con Baker McKenzie, tras más de una década de colaboración. Ahora volverá a operar como independiente.

En Colombia, una operación sacudió el mercado este año: Gómez-Pinzón llegó a un acuerdo de integración con el bufete español Pérez-Llorca. Se trata de la primera vez que una firma de abogados colombiana se integra de manera plena, jurídica y económica con una iberoamericana.

Ambas firmas sumarán cerca de mil profesionales y unas ventas globales que se aproximan a los 230 millones de dólares en los últimos doce meses. Estiman que, entre tres y cinco años, la facturación podría llegar a los 500 millones de dólares.

Pérez-Llorca al entrar a México se integró con González Calvillo, llegó a Portugal y cuenta con presencia en centros como Londres, Nueva York, Bruselas y Singapur.

Mauricio Piñeros,country chairde Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, explica que la operación tiene un enfoque estratégico que conforma un trípode: en gran empresa, asesoramiento corporativo y fondos de inversión; también en temas de banca, finanzas, mercado de capitales y, finalmente, una alianza internacional con firmas de Nueva York y de Londres, entre otras.

Otra movida del mercado local es el nacimiento de una nueva firma. Los socios de la antigua Márquez Barrera han decidido replantear su presencia en el mercado colombiano y lanzarán Veria Asesores. Bajo el liderazgo de Pablo Márquez y Carlos Hugo Ramírez, la firma enfocará sus esfuerzos en transformar la práctica tradicional, posicionándose como una consultora legal, económica, de relaciones gubernamentales y nativa en procesos de inteligencia artificial.

Por su parte, Ecija, una firma española que ya operaba en Colombia, también se renueva: incorporará nuevos socios, entre ellos Gerson Castañeda, Víctor Garzón y David Jorge Bedoya Goyes.

Una de las transformaciones más significativas fue la creación de Godoy Holdings, una nueva estructura empresarial que agrupa a Godoy Córdoba (laboral) y Godoy Hoyos (tributario). “Aunque las firmas siguen operando de forma independiente, ahora comparten una visión empresarial común y una gestión centralizada, buscando mayor eficiencia, expansión y soluciones integrales para sus clientes”, explicaron desde la firma.

Estos movimientos reflejan un reacomodo estratégico y en todos los casos subyace la misma apuesta: definir el futuro de la asesoría legal, ya sea fortaleciendo la identidad local con proyección internacional o consolidando una plataforma internacional con capacidad de llegar a cualquier mercado local.

Para Alejandro Mesa, socio director de Baker McKenzie, lo que ha venido pasando es un proceso natural de internacionalización, con varias firmas entrando al país “y eso lo que denota es la necesidad que tienen los clientes de soluciones con una visión global, pero que respondan también a lo local”.

A su vez, Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), dijo que el mercado legal está cambiando en el mundo, y advirtió que quien no invierta en seguridad, infraestructura –incluyendo la inteligencia artificial– y no pague bien por el talento va a perder espacio. “Eso requiere también de masa crítica y va a llevar a que sigan integrándose firmas”.

El mercado legal se encuentra muy dinámico. Andrés Parra, líder de impuestos y servicios legales de EY Colombia, señala que las alianzas con firmas internacionales son una tendencia que está alineada con la necesidad de los clientes de acceder a servicios en múltiples jurisdicciones, en un mundo cada vez más interconectado. “Este tipo de firmas serán las que se consoliden progresivamente en el mercado colombiano, ya que contarán con la capacidad y el respaldo necesarios para adaptarse a los importantes cambios que se anticipan para la profesión”, dice.

El mercado legal está agitado por la dinámica misma del negocio, las incertidumbres jurídicas, la expectativa política y los desafíos estructurales.

Según la Cámara de Servicios Legales de la Andi, en 2024, los ingresos operacionales de las empresas del sector sumaron 4,59 billones de pesos, un crecimiento del 10,8 por ciento frente a 2023. En esta cifra se tienen en cuenta las empresas con facturaciones superiores a los mil millones de pesos que, para 2024, sumaron 1.044, 170 más que en 2023.

En la radiografía que hace el gremio, las empresas formales del sector se localizan en 17 departamentos del país. En 2014, la participación de las empresas registradas en Bogotá llegaba al 96 por ciento del total de los ingresos. Para el año 2024, la participación de las firmas registradas en la capital fue del 83 por ciento, evidenciando una mayor participación de las regiones.

“Las empresas Alternative Legal Services Providers (ALSP), compañías que se enfocan en prestar servicio con alta incidencia tecnológica y con unas estructuras de costos y enfoque al servicio diferente al tradicional, registraron ingresos por 23.000 millones de pesos y un crecimiento del 22 por ciento”, agrega la Andi.

Para este año, de acuerdo con el sondeo deDineroen las firmas legales, elrankingpor ingresos lo encabeza Brigard Urrutia que, en medio del revolcón del sector, se ha consolidado como una poderosa firma local, que completa 90 años de existencia. Se destaca en el listado el papel de las consultoras en servicios legales de lasbig four, como EY (Ernst & Young) –que ocupó el segundo lugar– y KPMG que quedó en el quinto puesto. Sobresalen en los primeros puestos, Baker McKenzie; Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU); Posse Herrera Ruiz; Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, y Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.

En el campo jurídico hay varios frentes que generan inquietud. Uno, la calidad regulatoria en Colombia que, según el Banco Mundial, citado en un estudio de Corficolombiana, ha disminuido en más de la mitad en la última década y hoy es inferior al promedio de países de la Ocde y a la de países de la región como Chile y Perú.

La complejidad para hacer negocios en Colombia, dice el estudio, responde a la baja coordinación entre las entidades a cargo de los trámites, los altos costos y tiempos administrativos y burocráticos para la creación y operación de empresas, y la dificultad operativa para realizar trámites.

El segundo es la tracción que ha tomado el campo de los litigios. La poca certeza, los cambios y las decisiones dramáticas, así como los limbos regulatorios se han convertido en el escenario ideal para las controversias. Un claro ejemplo de ello son los pleitos que tiene el país.

Las demandas contra el Estado han aumentado en los últimos cinco años, advierte Anif. Entre 2015 y 2020 se registró un promedio de 13.000 procesos activos por año, pero en 2024 la cifra ascendió a 70.000 procesos activos. Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Adje), citada por Anif, las pretensiones de estos litigios alcanzaron 753 billones de pesos a junio de 2025, lo que representa un incremento de 326 billones, unos 133 billones en pesos constantes, frente al cierre de 2019.

“El aumento de las pretensiones acumuladas constituye un pasivo contingente que, de materializarse, presionaría aún más las finanzas públicas en un contexto de escaso espacio fiscal”, dice Anif. Agrega que el incremento en el número de demandas sugiere que el pasivo por sentencias y conciliaciones desfavorables es superior al estimado por el Gobierno y se acercaría a 29 billones de pesos. A Anif le preocupa que el aumento de la inseguridad, los atentados y las decisiones controvertidas, como la intervención de las EPS o el caso de Sanitas, que ya está en los estrados internacionales, “puedan elevar aún más dicha cifra”.

Para Manuel Quinche, socio director de Cuatrecasas en Bogotá, las reformas legales y regulatorias realizadas hasta el momento han ido tomando la forma de cambios en las reglas de juego, afectando la posición de inversionistas y tienen que ajustarse a nuevas realidades. “Estas nuevas realidades, que pueden favorecer a algunos y a otros no, merecerán evaluaciones importantes acerca de su impacto en diferentes industrias que potencialmente puedan llevar a un aumento en la litigiosidad frente al Estado colombiano”, dice.

Estos hechos desembocan en una de las mayores preocupaciones: el futuro de la seguridad jurídica. Martínez, de MQMGL&D, afirma que en Colombia no se ha perdido, pero infortunadamente ha sido desafiada. “Las señales contradictorias y las reformas sin suficiente discusión técnica inevitablemente generan incertidumbre jurídica. Afortunadamente, contamos con instituciones fuertes que han servido de contrapeso, evitando un deterioro mayor de la confianza de los inversionistas en el país”.

Si bien los pesos y contrapesos han funcionado, en las cortes, en el Congreso y en los organismos de vigilancia hay inquietudes. Como señala Carlos Fradique, socio director de Brigard Urrutia, “hay unas líneas rojas que no se pueden cruzar y no hay que asumir que las instituciones van a funcionar porque sí. Todos vamos a tener que asegurarnos de que las instituciones sigan funcionando muy bien”. Afirma que estamos en una época en la que hay un reto importante y “no hay que ser inferiores a eso”.

Por ahora, arrancó ya la época preelectoral que traerá una contención en el mercado legal. Primero, desde lo público, porque entrará en vigor la ley de garantías, y segundo, porque empresas e inversionistas esperarán a que se desarrolle el proceso de elecciones para determinar qué decisiones tomarán en el futuro.

Sin embargo, las preocupaciones de las firmas consultadas porDineropara este especial van más allá. Por una parte, advierten de un serio problema de seguridad y de defensa de la soberanía nacional. Sin duda, el resultado de las elecciones del próximo año también genera una gran expectativa, aunque hay una inquietud mayor: los efectos que se produzcan por las tensiones a nivel internacional y que en Colombia no se puedan controlar.

Por eso, como dijo Mesa, de Baker McKenzie, “hay que aprender a vivir en la incertidumbre”.

Para Carlos Fradique, socio director de Brigard Urrutia, no hay que asumir que las instituciones van a funcionar porque sí. “Todos vamos a tener que asegurarnos que las instituciones sigan funcionando muy bien”. Afirma que estamos en una época en la que hay un reto importante y “no hay que ser inferiores a eso”.

Alejandro Mesa, socio director de Baker McKenzie, advierte que el escenario de zozobra, tanto a nivel global como local, genera grandes desafíos. “Los abogados tenemos que entender que ese es el día a día de hoy, y no pensamos que tenga vuelta atrás”.

Para Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), si bien hay incertidumbre, “los principios más importantes, más relevantes y más sagrados de la legalidad y la constitucionalidad colombiana han sido bien cuidados por las Cortes”.

Para Jaime Herrera, socio de Posse Herrera Ruiz, los clientes necesitan entender qué les puede pasar en estos momentos de turbulencia, “y somos los socios para acompañarlos en determinar cómo enfrentar estos riesgos que están viviendo día a día”.

Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, explica los alcances de la integración de la firma española con el bufete colombiano. Para él, la operación marcará un antes y un después en la evolución de la práctica legal en la región.

Camilo Martínez, socio director de Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado & De La Rosa (MQMGL&D), cuenta su experiencia con la apertura de la oficina en Madrid, y las oportunidades que se generan en medio de la turbulencia global.