UNA MUJER DE ARMAS DEJAR

La llegada a Colombia de Almudena Mazarrasa como directora de la oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU representa un nuevo paso hacia el control de uno de los problemas que afectan más las posibilidades de reconciliación entre los colombianos y la imagen del país ante la comunidad internacional. El procedimiento por el que se llegó a establecer la oficina a su cargo constituye un sistema enteramente nuevo, distinto de la figura de 'relator', que en otros países ha sido satanizada por el componente que tiene de imposición internacional. En el caso colombiano, el gobierno nacional fue el que propuso el crear un mecanismo de cooperación que incluyera el objetivo de protección, pero sin las connotaciones condenatorias de otros países, como en Ruanda, Burundi y Zaire. La invitación fue hecha por el presidente Ernesto Samper en diciembre de 1994 al alto comisionado, José Ayala Lasso, y se concretó mediante un acuerdo firmado el 29 de noviembre de 1996 con la canciller María Emma Mejía. Al aceptar un mecanismo como este la ONU dio una demostración de confianza en que las instituciones colombianas están en capacidad de controlar las violaciones a los derechos fundamentales. Esa confianza resulta más clara si se tienen en cuenta dos factores: el compromiso del gobierno español, que aceptó designar a la señora Mazarrasa, diplomática de carrera, para asumir el reto, y el apoyo de la Comunidad Europea, que tomó a su cargo el sostenimiento económico del proyecto ante la escasez de fondos de la ONU. La experiencia de la funcionaria habla por sí sola. Su último cargo fue el de embajadora en Costa de Marfil, Burkina Faso y Níger, con funciones de seguimiento en Liberia, arrasada por una guerra civil. Anteriormente trabajó en Argelia, país afectado por el terrorismo islámico y participó en reuniones de la ONU sobre la cuestión palestina en Israel. Las funciones de Mazarrasa consistirán en asesorar al Estado en la definición y puesta en práctica de políticas de derechos humanos, así como a la sociedad civil en cualquier aspecto del tema, incluida la utilización de los mecanismos internacionales de protección. Por otra parte, recibirá quejas concretas sobre violaciones a los derechos humanos, impulsará su investigación y vigilará que los procedimientos sean compatibles con las normas internacionales, pero en ningún caso suplantará a las autoridades nacionales. Del informe que presente sobre los derechos humanos en Colombia y el resultado de su gestión, tras sus 17 meses de permanencia, dependerá la imagen futura del país en tan delicado tema.