Chile vota en un plebiscito crucial para su futuro por una nueva Constitución: mantener la de Pinochet o una más conservadora

Más de 15 millones de chilenos comenzaron a votar este domingo para ratificar o no una nueva propuesta constitucional para reemplazar la carta magna vigente desde la dictadura, después de rechazar en 2022 una primera iniciativa radicalmente opuesta y de tinte progresista.

El nuevo texto, redactado por una mayoría de constituyentes de la derecha y ultraderecha, es más conservador que el que pretende sustituir tanto en lo moral como en lo económico, ya que profundizaría en los principios del libre mercado, reduciría la intervención del Estado y podría limitar algunos derechos, como los reproductivos.

La votación se produce en medio de un hastío generalizado de la ciudadanía y un año después de que los chilenos rechazaran con un 62 % de los votos otro proyecto, entonces redactado por una constituyente con mayoría de izquierdas, que muchos calificaron como una de las iniciativas constitucionales más progresistas del mundo.

Por este motivo no dejaba de ser paradójico que fuera la izquierda y el oficialismo la que promoviera mantener vigente la Constitución legada por Augusto Pinochet (1973-1990), que ha sido reformada hasta en 70 ocasiones.

“Prefiero algo malo a algo pésimo”, dijo después de votar a primera hora la expresidenta Michelle Bachelet que hizo campaña por el “En Contra” y la defensa de los derechos de las mujeres.

En cambio, el también exmandatario Sebastián Piñera, el conservador en cuyo gobierno tuvo lugar el estallido social de 2019 que provocó el inicio del proceso constitucional, pedía cerrar cuatro años de “sacrificios” e “incertidumbres” para tener “una Constitución aprobada en plena democracia, que nos dé la estabilidad, la unidad, la proyección que Chile necesita”.

Boric votaba un poco más tarde desde su natal Magallanes, en la Patagonia chilena.

La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que cualquiera sea el resultado del plebiscito, el cual es de voto obligatorio, será el fin de este proceso, al menos en lo que queda de la gestión de Boric y que comenzó cuando hace cuatro años miles de chilenos tomaron las calles para demandar mejores pensiones, salud y educación, y acabar con las desigualdades.

Estas fueron unas protestas sin precedentes en la historia del país suramericano, considerado una de las democracias más estables de la región.

La nueva propuesta

La nueva propuesta constitucional plantea que Chile es un Estado social y democrático que “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales” a través de instituciones públicas y privadas. Sus detractores afirman que, aunque haya libertad de elección en salud, educación o pensiones, solo podrán escoger quienes tengan poder adquisitivo.

Los colectivos feministas temen que el cambio de redacción de la nueva propuesta para proteger la vida “de quien” está por nacer podría allanar el camino para derogar el aborto en las tres causales aprobadas en 2017 (violación, riesgo de la vida de la madre o inviabilidad del feto). Además, denuncian retrocesos en materias de servicios sociales o participación política.

La iniciativa también contiene elementos polémicos en temas como la inmigración al consagrar la expulsión de inmigrantes irregulares “lo antes posible”, la objeción de conciencia de instituciones, el derecho de huelga o la exención tributaria del pago de contribuciones de la primera vivienda. Asimismo, el que puedan ser beneficiados con prisión domiciliaria por edad o enfermedad condenados por graves violaciones de derechos humanos.

Hartazgo en los chilenos

Después de diez procesos electorales en tres años, todos los sectores sociales mostraban su hartazgo por tanto voto.

“Estoy cansado, me da pena mi país”, afirmó Fernando Escudero, un jubilado de 77 años que también rechazó la nueva propuesta. “Leí el texto completo, es muy malo, aunque el texto anterior también era muy malo, pero tenía cosas rescatables”.

Entre otras cosas, lamentó que la pérdida de derechos de la mujer o que se declare el agua “un bien de consumo, para mí el agua es un derecho humano”.

Johanna Anríquez, una funcionaria de 38, también votó en contra de la propuesta por considerarla “muy extremista”.

“Todo el proceso en sí ha sido una pérdida de recursos para el Estado... una burla. Quedémonos con lo que está y por favor, dedíquense a trabajar en la seguridad”, pidió a los políticos.

“Con la derecha, el país camina”, afirmó César Campos, un taxista de 70 años que votó a primera hora antes de iniciar su jornada laboral.

*Con información de AP.