CONTACTO EN SAN JOSE

Para quienes recuerdan la gestión del embajador norteamericano Lewis Tambs en Colombia, resulta difícil no vincularla al término "narco-guerrilla". Su informe a Washington después del descubrimiento de los laboratorios de cocaína en el Yarí, asegurando que los narcotraficantes contaban con la "protección comunista", fue prácticamente el que dio pie para que la tesis de la narco-guerrilla hiciera una carrera vertiginosa dentro y fuera del país.
Poco o nada se había sabido de Tambs en Colombia desde su nombramiento como embajador en Costa Rica, en julio de 1985. Ahora, las revelaciones del Miami Herald sobre sus nexos con el coronel Oliver North, el principal protagonista hasta el momento en el escándalo del Contra-Irangate, vuelven, sin embargo, a colocarlo a la orden del día.
LA CONEXION COSTARRICENSE
Esta vez no se trata de afirmaciones a la ligera. Oficiales norteamericanos y fuentes provenientes de los mismos "contras", aseguran que durante los 17 meses que Tambs fue embajador en Costa Rica mantuvo una estrecha relación con el coronel North. Desde San José, Tambs fue al parecer, el encargado de mover los hilos necesarios para que la red de ayuda a los antisandinistas establecida por North en Centroamérica, pudiera operar más fácilmente.
"Durante la permanencia de Tambs en Costa Rica, agentes de la CIA orquestaron el desmantelamiento del ejército rebelde comandado por Edén Pastora y trataron de organizar otro bajo el mando de Fernando 'el Negro' Chamorro, considerado un líder menos problemático", según fuentes de los "contras" consultadas por el Miami Herald.
El grupo dirigido por North construyó una pista al noroeste del país, cerca a la frontera con Nicaragua, destinada a servir de base para los envíos de ayuda a los "contras". Según un oficial costarricense, Tambs presionó en repetidas ocasiones al gobierno centroamericano para que permitiera que aterrizaran allí los aviones con suministros para los antisandinistas. La renuencia del presidente Oscar Arias a aceptar las presiones de Tambs, habría originado finalmente la renuncia del embajador el 1° de diciembre pasado, mucho antes de lo previsto.
Registros de las llamadas telefónicas efectuadas desde una de las bases de operación de los pilotos clandestinos en El Salvador, muestran, además, que se comunicaron con la Embajada en Costa Rica en numerosas oportunidades, lo mismo que con la oficina de North en la Casa Blanca.
A nombre de quién presionaba Tambs al gobierno costarricense es aún poco claro. Teóricamente, como embajador, Tambs debe rendirle cuentas al Departamento de Estado, y directamente a Elliot Abrams, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos. Tanto Abrams como el Departamento de Estado han negado tener conocimiento de las actividades de North y por ende de sus vínculos con Tambs.
Resulta difícil imaginar, sin embargo, que Abrams, teniendo a su disposición recursos de inteligencia y acceso a la información sobre el programa de ayuda a los "contras", no supiera de las actuaciones de su subalterno en Costa Rica.
LA OTRA NARCO-GUERRILLA
Simultáneamente a las revelaciones sobre los nexos entre Tambs y North, en forma algo paradójica, el término narco-guerrilla acuñado por Tambs en Colombia empezaba a adquirir la semana pasada una dimensión insospechada. En Miami, dos presuntos convictos por tráfico de drogas, un colombiano y un norteamericano, sostuvieron en declaraciones a la prensa y la televisión que sus operaciones envolvieron transporte de armas para los "contras" y que fueron realizadas con el conocimiento de la DEA y de la CIA. Jorge Morales, un emigrante colombiano, está acusado de contrabandear 461 kilos de cocaína, y Gary Betzner de haber transportado entre Costa Rica y los Estados Unidos 3 mil kilos de la droga. Morales afirma que un agente de la CIA en Costa Rica fue su contacto, y Betzner que el propietario en ese mismo país del rancho en que cargaba la droga, el norteamericano John Hull, es un agente de la misma agencia.
Voceros de la CIA y de la DEA negaron enfáticamente las acusaciones. Sin embargo, se conoció que los comités que están investigando el Contra-Irangate ya han pedido información a la DEA y al FBI sobre estos casos.
Aunque hasta ahora no existe prueba alguna de que la Casa Blanca, o alguna de las agencias gubernamentales, estén realmente vinculadas, todo parece indicar que efectivamente, los mismos vuelos que se emplearon para llevar armas y provisiones a los "contras" fueron utilizados en sus viajes de regreso para introducir drogas en los Estados Unidos.
En un artículo de primera página, el New York Times reveló el pasado martes que investigadores federales tienen pruebas suficientes del doble tráfico realizado por los pilotos clandestinos. Después de dejar las armas, en lugar de regresar vacíos, los aviones se detenían en Panamá y recogían allí los cargamentos de droga que luego transportaban a la Florida.
Las investigaciones sugieren hasta el momento que la idea surgió de las tripulaciones, que pronto se dieron cuenta de que podían hacer allí un negocio redondo. Hay sin embargo hechos que dejan el campo abonado para la duda.
Numerosas investigaciones no gubernamentales han indicado desde tiempo atrás que los "contras" utilizan el tráfico de drogas como una fuente de financiación, pero jamás han logrado probarlo. Dentro de los hechos conocidos recientemente se supo, no obstante, que, según un oficial norteamericano, el coronel North le solicitó al FBI a mediados del año pasado que suspendiera sus investigaciones sobre la Southern Air Transport, la compañía aérea utilizada para los despachos a los "contras", vinculada en múltiples ocasiones al tráfico de drogas, por considerar que la investigación podría poner en peligro las negociaciones para liberar los rehenes del Líbano.
La Southern fue propiedad de la CIA entre 1960 y 1973, y es reconocida por el propio FBI como una de las compañías utilizadas por el clan Ochoa para transportar sus embarques desde Colombia.
EL TIRO POR LA CULATA
Los "contras", sin embargo, parecen no tener prejuicio alguno cuando de conseguir fondos se trata. Según un artículo de Murray Waas en la revista norteamericana The New Republic, mientras Tambs colaboraba con North por lo alto, los mismos hombres del coronel fueron los que planearon por lo bajo un complot para asesinarlo. Según Waas, Tom Posey, comandante del Civilian Military Assistance, uno de los grupos paramilitares coordinados por North, fue quien planeó en 1985 con varios miembros de los "contras", conseguir fondos para financiar la lucha de los antisandinistas asesinando a Tambs y cobrando el millón de dólares que el cártel de Medellín había ofrecido por la cabeza del embajador desde cuando estaba en Colombia. La idea era además culpar del asesinato a los sandinistas y así matar dos pájaros de un tiro.
Uno de los hombres de Posey en Miami lo delató y el FBI desentrañó el complot. Pero quien resultó en la cárcel fue el delator, a quien Posey le tendió una celada y fue inculpado por porte ilegal de armas, mientras Posey continuó trabajando para North.
Tambs no es el único embajador vinculado a North. Todo parece indicar que el ex embajador en Portugal y ahora embajador en el Vaticano, Frank Shakespeare, también fue clave en los envíos a los "contras", y entre 1985 y 1986 muchos de los aviones que llegaron a Guatemala, Honduras y El Salvador con armas para los rebeldes nicaraguenses, partieron de Lisboa.
La posición estratégica de Costa Rica con respecto a Nicaragua establece, sin embargo, una diferencia entre la situación de uno y otro embajador. Los antecedentes de Tambs en Colombia como anticomunista declarado y abanderado de la lucha contra el narcotráfico, lo colocan además, en un contexto dentro del cual, en caso de comprobarse que el doble tráfico de armas y drogas contaba con la complacencia tácita o explícita de la Casa Blanca, el ex embajador tendría muy pocas posibilidades de salir bien librado.