DOLORES DE CABEZA PARA PINOCHET

Entre la reciente oleada de informaciones sobre Chile la más sorprendente es sin duda una que ha pasado prácticamente inadvertida: que el gobierno del general Pinochet acaba de autorizar (aunque sólo a partir de marzo del año que viene) la publicación de un diario de oposición. Oposición moderada, claro está, pero oposición al fin. El diario se llamará "La Epoca" y tendrá inspiración demócrata cristiana (la de los actuales dueños y directores del semanario Hoy). Juan Hamilton, copropietario de los dos medios y vicepresidente de la Democracia Cristiana, le vaticina un gran éxito: "La gran mayoría de los chilenos está en la oposición al régimen de Pinochet, y actualmente no hay ningún diario que haga oposición", explica satisfecho.
No hay diarios, pero en cambio se multiplican otras manifestaciones, que hace apenas un año resultaban inimaginables. Ya no es sólo la Iglesia, que siempre ha mantenido una posición crítica contra el régimen, en particular a través de su Vicaría de la Solidaridad que se ocupa de la defensa de los derechos humanos. Ni los antiguos partidos, oficialmente proscritos y ademas fragmentados y dispersos. Ahora ha crecido también la oposición armada -representada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, orientado por el Partido Comunista- que en los trece años de la dictadura, y desde el exterminio del MIR, había sido prácticamente inexistente. El Frente Manuel Rodríguez no constituye todavía una guerrilla poderosa, pero suena ya lo bastante como para que inclusive soldados del Ejercito hayan desertado en las últimas semanas para unirse a sus filas. En cuanto a su armamento, hace unos días fue interceptado material suficiente como para pertrechar a todo un batallón. Y, por otra parte, a la oposición al régimen han venido también últimamente fuerzas de dos frentes totalmente imprevistos: el poder judicial y el gobierno del presidente Reagan.
Los jueces, hasta ahora, habían estado totalmente domesticados por pinochet. Y repentinamente, a fines de la semana pasada, estalló una verdadera bomba. Un juez de Santiago llamó a juicio y ordenó la detención de cuarenta oficiales y agentes de las Fuerzas Armadas, incluyendo nada menos que a un miembro de la Junta Militar que se tomó el poder con Pinochet, el general Gustavo Leigh, en ese entonces comandante en jefe de la Aeronáutica. Se los acusa de un delito que, especialmente en los primeros años de la dictadura, fue un lugar común en Chile, pero que hasta ahora ningún juez se había atrevido a investigar: la desaparición y asesinato de perseguidos políticos, en este caso catorce miembros del Partido Comunista. Por el momento los acusados no han sido detenidos, pero la sola actitud del juez y el silencio del gobierno son muestras evidentes de que las cosas están empezando a cambiar.
Por su parte, la administración Reagan no había escatimado nunca su respaldo a la dictadura pinochetista. Eso también ha cambiado repentinamente. Con motivo del asesinato atroz de un joven chileno con visa de residente en los Estados Unidos -la Policía los bañó en gasolina a él y a su novia y les prendió fuego durante una manifestación antigubernamental, y también por ese crimen han sido llamados a juicio varios policías -se armó un gran alboroto en los Estados Unidos. El embajador de ese país en Santiago, Harry Barnes, asistió a los funerales del muchacho incinerado vivo. Despertó con ello la ira de un influyente senador norteamericano de visita en Chile, Jesse Helms, presidente del subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que lo acusó de "colaborar con los comunistas". Pero el gobierno de Reagan respaldó a Barnes, y aumentó la presión sobre Pinochet con el anuncio del subsecretario de Estado Elliott Abrams de que los Estados Unidos votarán en el Banco Mundial y el BID contra los préstamos solicitados por Chile, que deben tramitarse el mes que viene, a menos que el régimen chileno demuestre progresos en materia de defensa de los derechos humanos.
La presión norteamericana puede parecer leve. Pero hay que tener en cuenta que es la primera manifestación de hostilidad del gobierno de Reagan contra Pinochet, al cual empieza a tratar con criterios como los que aplica (en escala infinitamente mayor) a sus enemigos los sandinistas nicaraguenses. Y los efectos sobre la economía chilena pueden ser considerables, puesto que los préstamos multilaterales en cuestión son prerrequisito indispensable para que la banca privada haga otros más, que Chile necesita con urgencia. Por otra parte, la incipiente oposición norteamericana puede tener también consecuencias sobre la lealtad, hasta ahora monolítica, que las Fuerzas Armadas chilenas muestran por su comandante en jefe, el general Pinochet.
Sin embargo, ni el enfriamiento de Reagan ni el endurecimiento de los jueces ponen verdaderamente en peligro la estabilidad del régimen. Esta seguirá firme mientras la oposición política en el interior de Chile, la armada y la pacífica, la de izquierda, la de centro y la de derecha, siga tan desorganizada y desgarrada como lo ha estado en los últimos trece años. Como señalaba en reciente entrevista Ricardo Lagos, uno de los líderes del ala moderada del Partido Socialista chileno, "a la oposición le falta la visión suficiente para entender que la crisis de Chile es muy profunda y que la única manera de salir de ella es un consenso nacional".