La historia de una peruana, que tras hallar los restos de su hija desaparecida por militares hace 31 años, asegura que: “ahora podré descansar”

Pilar Fierro cerró un durísimo capítulo de su vida al recibir de la fiscalía peruana una pequeña urna de madera con restos óseos de su hija Dora, una estudiante universitaria secuestrada y asesinada hace 31 años en una operación militar represiva en Lima.

“Ahora podré descansar por haber encontrado los huesitos de mi hija”, dijo a la AFP, entre sollozos, esta abnegada madre de 72 años, cuya hija Dora Oyague fue una de las 10 víctimas de la masacre de la universidad La Cantuta, un emblemático caso por el que fue condenado el expresidente Alberto Fujimori.

La fiscalía entregó este viernes a los familiares los restos óseos de cinco estudiantes, tras comprobar científicamente su identidad con pruebas de ADN en una azarosa tarea que se prolongó tres décadas.

“Nos han entregado algunos pedazos de coxis y fémur que ha logrado dar la identificación positiva del ADN”, precisó Carolina Oyague, hermana de Dora.

Los restos se encontraban en urnas pequeñas de madera que fueron velados en la iglesia de La Recoleta, de la congregación francesa del Sagrado Corazón, donde el arzobispo de Lima, Carlos Castillo celebró una misa en su memoria.

El entierro está previsto para este sábado. Dos víctimas serán sepultadas en Lima y las tres restantes en sus provincias de origen.

Entre los restos identificados está Armando Amaro Cóndor, cuya madre Raida Cóndor fue una de las caras de la larga lucha por justicia que emprendieron los familiares.

“No hay cuerpo entero solo hay pedacitos de su cuerpo (un codo). Siempre le lloraré a mi hijo”, dijo Cóndor.

Los fiscales forenses tienen pendiente reiniciar la búsqueda e identificación de los restos de los otros cinco universitarios desaparecidos del caso La Cantuta en una zona ya delimitada.

Fujimori y La Cantuta

El 18 de julio de 1992, militares del destacamento “Colina” ingresaron por la noche en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, ubicada en La Cantuta, 30 km al este de Lima, donde detuvieron a nueve estudiantes y un profesor bajo la sospecha de pertenecer al grupo armado maoísta Sendero Luminoso.

Los diez detenidos de La Cantuta fueron torturados, asesinados y sus cuerpos quemados con querosén, según se estableció luego durante un juicio al escuadrón militar de operaciones especiales.

En 1993, los fiscales hallaron los primeros restos humanos en una fosa común. Y en agosto de 2022 se halló el hueso del codo de Armando Amaro Cóndor, una de las víctimas que tenía 25 años.

Chile extraditó en 2007 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por las matanzas de La Cantuta y de Barrios Altos, consideradas como los peores crímenes contra los derechos humanos perpetrados en Perú durante las dos décadas de conflicto interno (1980-2000).

Por ambos casos, la justicia peruana condenó a Fujimori a 25 años de prisión en 2009 como coautor de homicidio calificado, tortura y desaparición forzada de personas. El tribunal determinó, además, que ninguna de las 10 víctimas del caso La Cantuta pertenecía a grupos terroristas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2006 la responsabilidad del Estado peruano en el caso de La Cantuta por la violación de los derechos del profesor y los nueve estudiantes.

“Ahora habrá más tranquilidad. Enterrarlos cierra un duelo tan largo y de alguna manera hemos cumplido con ellos en esa búsqueda”, dice a la AFP la exministra de Cultura Gisela Ortiz, quien perdió a su hermano Luis Enrique Ortiz, de 22 años, en esta operación represiva.

*Con información de AFP