El Gobierno de Venezuela expresó este lunes su rechazo a la decisión del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, de desestimar el último recurso presentado contra la apertura de una investigación por crímenes contra la humanidad por la represión y persecución de la oposición, y denunció sus “fines políticos”.
Caracas denuncia así este lawfare de Khan con “señalamientos sin fundamento” y defiende el recurso presentado el 28 de febrero que “desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido”.
Rechazo de Khan
El fiscal escocés Karim Khan publicó el pasado 30 de marzo un documento en el que desestima el último recurso presentado por el Gobierno venezolano porque “ninguna de estas peticiones tiene fundamento”.
El recurso “con más relevancia directa” sobre el proceso es el que cuestiona las competencias del TPI porque sostiene que las autoridades venezolanas ya están investigando los hechos denunciados. “El Gobierno de Venezuela no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones a nivel nacional que sean asimilables en alcance a las que está realizando el Tribunal”, subraya Khan en el texto.
Además, Caracas “reconoce que estos procedimientos no están relacionados con delitos y crímenes contra la humanidad (...) porque estos no han ocurrido en su territorio”.
Khan también refuta que el TPI no tenga jurisdicción, que no se cumplan los criterios de admisibilidad o que se esté incumpliendo el debido proceso en la investigación. “El planteamiento del Gobierno de Venezuela de que no ha habido un ataque sistemático contra la población civil y de que no se han cometido crímenes bajo una política de Estado no es congruente con las conclusiones de la Fiscalía”, subrayó Khan. “La Fiscalía considera respetuosamente que ninguna de estas peticiones tiene fundamento”, remarcó.
El denominado proceso ‘Venezuela I’ tiene su origen en una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018. Sobre la mesa están los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el mandato de Maduro.
Más tarde el Gobierno venezolano solicitó al TPI examinar si se han cometido crímenes contra la humanidad “como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos” en el caso conocido como ‘Venezuela II’.
*Con información de Europa Press.