¡Al ataque!

El procurador Alejandro Ordóñez siempre ha dicho que a él no lo pueden crucificar por sus convicciones católicas. Y hasta ahora, a pesar de que algunos columnistas lo han cuestionado, la Procuraduría a su cargo no parece haber transgredido las normas por las creencias de su jefe. Sin embargo, la Corte Constitucional está estudiando documentos en los que la actuación de esa entidad queda en entredicho.

El tema es el aborto. Como se sabe, en un histórico fallo de tutela esa Corte aprobó en 2006 el aborto en caso de violación, cuando hay malformaciones que impidan vivir de manera normal al feto o cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la madre.

Pero desde que el Procurador llegó a su cargo, hace año y medio, le ha declarado la guerra a este fallo para tumbarlo o dejarlo sin efecto. La primera batalla se dio en Medellín, cuando la Procuraduría aplicó presión en la opinión de esa católica capital, y dejó a la Alcaldía sin oxígeno para que en la Clínica de la Mujer se hicieran los abortos permitidos.

La segunda fue con la propia Corte Constitucional. La madre de una joven parapléjica y autista que fue violada interpuso una tutela porque un médico no hizo el aborto. La Corte falló el año pasado, prohibió la objeción de conciencia para jueces y clínicas y le ordenó al Estado divulgar la sentencia de 2006. El Procurador se vino lanza en ristre y en un comunicado tendió un manto de duda sobre el fallo, lo cual dificulta su aplicación, y tergiversó la sentencia diciendo que la Corte estaba ordenando "diseñar campañas masivas de promoción del aborto".

Y ahora, sin que el país lo haya advertido, se abrió un nuevo frente que puede ser definitivo. Si prosperan las pretensiones de la Procuraduría quedaría abierta la puerta para echar atrás el fallo de la Corte.

El Procurador apeló a un procedimiento que ninguno de sus antecesores había utilizado: le pidió a la Corte Constitucional anular el fallo de tutela del año pasado. El tema ha estado en la agenda del alto tribunal en las últimas dos semanas pero no ha sido abordado. Y como no hay antecedentes de esta petición, pues el papel de la Procuraduría es dar un concepto previo y no pedir nulidad posterior, no se sabe si la Corte la va a aceptar o no.

Si acepta la solicitud, se reabriría un debate que la Corte resolvió con votación de 5-4 hace cuatro años. De los magistrados de entonces solo queda Humberto Sierra, otros dos, Juan Carlos Henao y Jorge Iván Palacio, ya se pronunciaron en el fallo de tutela del año pasado para ratificar la autorización de abortar en los tres casos excepcionales. No se sabe la posición de los seis magistrados restantes.

Por esta vía, dicen los conocedores, el Procurador tantea el terreno para ver si está abonado para tumbar la tutela madre, que es la de 2006.

Y la segunda arremetida es una carta aparentemente inofensiva de la procuradora delegada para la familia, Ilva Myriam Hoyos, al superintendente de Salud. En ella, palabras más palabras menos, pide al funcionario que corrija una circular que este envió a todas las clínicas y EPS del país sobre el tema del aborto atendiendo las órdenes dadas por la Corte.

Esa circular les indicaba a las entidades, entre otras cosas, que no pueden poner talanqueras a las mujeres que pidan abortar en los casos excepcionales que permite la ley. Con la nueva carta, al parecer, se pretende torpedear la aplicación del fallo de la Corte y crear de nuevo confusión en el campo de la salud.

Lo que llama más la atención es que Hoyos utilizó argumentos que no corresponden a la realidad. En primer lugar dijo que como el Procurador había pedido la nulidad del fallo se suspenden los efectos del mismo. Lo cual es, por decir lo menos, un desconocimiento de que los fallos no se suspenden por una simple solicitud de nulidad. Y en segundo lugar, trata de reforzar su argumento diciendo que como el Consejo de Estado suspendió de manera provisional un decreto relativo al tema, el fallo mencionado también quedó sin efecto porque, según ella, el decreto era su sustento. Cosa que tampoco es cierta.

Aún nada está definido. Pero todo esto demuestra que el Procurador está dispuesto a llevar su cruzada contra el aborto hasta el final.