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Familiares de miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto
Bogotá enero 2022
Foto Guillermo Torres / Semana
Familiares de policias realizan un plantón en la entrada principal del Búnker de la Fiscalía General de la Nación por los tres años del atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional, así como por los 172 uniformados que fueron asesinados en 2021 en el marco del cumplimiento de sus funciones. Bogota enero 17 del 2022 Foto Guillermo Torres / Semana | Foto: Guillermo Torres /Semana

POLÍTICA

Alerta por el alto número de miembros de la fuerza pública desaparecidos

Documento revelado por el Gobierno da cuenta de las graves victimizaciones que sufrieron los soldados y policías en el marco del conflicto armado.

28 de febrero de 2022

El conflicto en Colombia llegó a tal nivel de degradación que, como lo han demostrado informes internacionales, se dio en medio de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Lo que poco se había conocido hasta el momento fue cómo estas violaciones impactaron directamente a la fuerza pública.

Así lo demuestra un reciente libro elaborado por el Gobierno y titulado Aporte a la verdad: contexto de la fuerza pública para la memoria histórica, en el que se muestra cómo los miembros de la fuerza pública fueron objeto de graves victimizaciones.

Uno de los capítulos más aterradores es el que hace referencia a la desaparición de policías y militares en actos cometidos por fuera del servicio, es decir, cuando estando de civil y compartiendo con su familia eran desaparecidos por los grupos armados ilegales.

El asunto llegó a tal punto que incluso 114 miembros de la Policía Nacional continúan desaparecidos —112 hombres y dos mujeres—, la mayoría de los cuales pertenecen a mandos medios o niveles de base en la institución.

Se presume, según el informe, que 23 de estas personas fueron desaparecidas por las Farc, lo cual es un indicador extremadamente elevado teniendo en cuenta que, en 81 de estos 114 casos, aún no se ha establecido quién es el posible perpetrador del hecho.

“De esta manera, estos datos arrojan una perspectiva general respecto cómo grupos armados al margen de la ley como las Farc, el ELN, y otros ya extintos como el M-19 o el EPL, abusaron sistemáticamente de los derechos, la vida y la integridad de los integrantes de la Policía Nacional. Por consiguiente, es preciso establecer que los miembros de las Fuerzas Militares no fueron el único objetivo de sus conductas criminales, sino que estas también fueron orientadas a lesionar a este cuerpo armado de naturaleza civil”, señala el documento.

Respecto a los miembros de la fuerza pública víctimas de desaparición forzada, se han registrado 6.408 casos al interior de las Fuerzas Militares, de los cuales el 67,82 % corresponden a hechos ocurridos durante el período comprendido entre 1997 y 2005.

Según estadísticas aportadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, las guerrillas fueron el agente que victimizó a un mayor número de personas, con una proporción extremadamente alta en delitos como el secuestro (90 % de las víctimas); los ataques a bienes civiles (84,1 % de las víctimas) o los atentados terroristas (82 % de las víctimas).

Estos números, en un país en el que, según lo afirmado por el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, se constituyeron 9,1 millones de víctimas en total a causa de este tipo de violencia, apunta a una grave afectación de los derechos humanos y la integridad de millones de personas.

“Tanto militares como civiles sufrieron este fenómeno de victimización sistemática por parte de estas organizaciones criminales, por lo que es fundamental que sean garantizados sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, de acuerdo con los medios que son de obligatorio cumplimiento por parte del sistema de justicia transicional y cuyo eje central son las víctimas”, dice el texto entregado por el presidente Iván Duque a la Comisión de la Verdad.

Los delitos ocurrieron —en su mayor parte— fuera de combate, cuando los militares se desplazaban por vía terrestre, a bordo de transporte público, para aprovechar sus días de descanso.

“Esto significa que, al momento de su desaparición, no solo se encontraban vestidos de civil, sino por fuera de una guarnición militar y en total estado de indefensión, dado que para ese momento y por las condiciones, no portaban armas”, dice el documento.

Un ejemplo de esta práctica es la desaparición del sargento José Vicente Rojas Rincón.

El 2 de noviembre de 1992, el sargento fue retenido por los frentes 5 y 34 de las FARC durante un retén ilegal sobre la vía entre los municipios de Carepa y Mutatá, mientras se dirigía al Batallón Voltígeros.

Casi 30 años después del hecho, aún no se tiene ninguna noticia de su surte o paradero; el sargento Rojas continúa siendo el miembro de la fuerza pública que lleva más tiempo desaparecido.

En cuanto a los miembros de la Policía Nacional, las cifras oficiales registran 420 víctimas de desaparición forzada entre los años 1982 y 2018, siendo el período comprendido entre los 1993 y 2002 cuando se registró un alto número de personas afectadas por este hecho con el 47,14 % de las víctimas, seguido de los años que van desde 2003 a 2010, donde se originó el 30,71 % de las víctimas.

Las circunstancias de desaparición de las víctimas de la Policía Nacional son similares a las dadas en las Fuerzas Militares: a bordo de vehículos y mientras se desplazaban de un lugar a otro, vestidos de civil y desarmados y durante ataques a los puestos de policía, donde fueron secuestrados por los grupos armados ilegales.

Macrocaso

Justamente este fin de semana el presidente Iván Duque le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que abra un macrocaso en el que se traten los crímenes de guerra cometidos por los integrantes de las Farc en contra de la fuerza pública y sus familias y así, garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en el marco del sistema de justicia transicional.

El informe Aporte a la verdad: contexto de la fuerza pública para la memoria histórica está diseñado en una producción audiovisual y un libro de 750 páginas que será de acceso público para los ciudadanos.