Arde la polémica por víctimas que irán a La Habana

Este martes tuvo lugar algo altamente inusual: por primera vez desde cuando empezó la negociación en La Habana entre el Gobierno y las FARC, la delegación oficial emitió un comunicado público cuyo objetivo evidente fue salirle al paso al debate que se ha armado en el país en torno a la participación de miembros de la fuerza pública en las delegaciones de víctimas del conflicto armado que viajarán a la isla para hablar en la Mesa de Diálogos.

El comunicado, además de insistir en los criterios generales para la escogencia de esas delegaciones, hace énfasis en un punto particular: “Hay miembros de la fuerza pública que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, y en consecuencia no deben ser excluidos por su condición de servidores públicos”, dice (vea el comunicado completo).

Esta frase sale claramente al paso de quienes han dicho, entre las FARC y también en otros sectores, que ningún uniformado debería ser considerado víctima del conflicto.

Poco antes de que se hiciera público el documento, el general Luis Mendieta, que pasó 12 años en manos de las FARC luego de la toma de Mitú, denunció que un miembro del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional (UN)-organismo encargado junto con Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de escoger a las víctimas que integrarán las delegaciones que van a La Habana- lo habría “vetado”, alegando que los uniformados no son víctimas.

Hace poco las FARC reprodujeron un artículo escrito en el 2009 por Jesús Santrich, hoy uno de sus negociadores en La Habana, en el que justificaba que el oficial llevara, entonces, casi 11 años cautivo en la selva como “prisionero de guerra”. Sin embargo, como lo contempla la Ley de Víctimas y lo reitera el Gobierno en este comunicado, cuando militares o policías sean objeto de violaciones a los derechos humanos o al DIH, son considerados víctimas. Y este sería el caso no sólo del general Mendieta, sino de muchos otros militares y policías que pasaron años en manos de las FARC o fueron asesinados en cautiverio.

Semana.com habló con Alejo Vargas, el académico que dirige el Centro de Pensamiento de la UN, y este aclaró que las organizaciones encargadas de escoger a las víctimas apenas están discutiendo los criterios para hacerlo y no se ha tomado ninguna decisión.

“Ni hemos considerado ningún caso en particular, ni hemos acordado un listado. Por eso, no hemos dicho ni podemos decir que x o y víctima está excluida o haya sido escogida”, dijo Vargas, aclarando que cualquier otra afirmación no es la posición oficial del Centro (lea el comunicado que publicó la institución).

Tanto el inusual comunicado del Gobierno como la rápida aclaración de Alejo Vargas son un reflejo de la tensión que rodea la discusión del tema de víctimas, tanto entre las FARC y el Gobierno que, pese a haber acordado diez principios para abordar el punto, mantienen posiciones muy distantes, como entre las víctimas mismas y las organizaciones (y algunos políticos) que asumen su vocería.

Además de obvias diferencias, esa tensión se refleja en la escogencia de las cinco delegaciones de 12 integrantes cada una que empezarán a ir a La Habana a partir del próximo 16 de agosto, a lo largo, como mínimo, de cinco ciclos, que pueden llegar hasta diciembre.

El comunicado de la delegación del gobierno reitera que un criterio para escogerlas es que deben reflejar “todo el universo de violaciones” a los derechos humanos y el DIH que han ocurrido en el conflicto armado, y que su composición debe ser equilibrada.

Esto significa varias condiciones que la ONU y la UN, junto con la iglesia, tendrán que hacer maromas para poder cumplir y difícilmente lograrán dejar a todo el mundo contento.

No solo deben quedar incluidos todos los crímenes, del desplazamiento al secuestro, de la violencia sexual a la desaparición y las masacres, la tortura, o el reclutamiento infantil, entre otros. Además, se trata de lograr que las delegaciones reflejen con “equilibrio” un universo numéricamente colosal, de 6,5 millones de víctimas registradas.

Allí, más de 85 % son desplazados por todos los actores armados (paramilitares, guerrilla, militares y hasta bacrim), en proporciones que no son fáciles de establecer. Y en el que hay víctimas de crímenes como el secuestro o el reclutamiento infantil cometidos principalmente por las FARC; de desaparición o ‘falsos positivos’, que corresponden en gran medida al Estado; o masacres, que en su mayoría fueron perpetradas por paramilitares.

Cómo lograr ese equilibrio es tan complejo que aún desde antes de que las organizaciones encargadas por la Mesa hayan tomado una decisión ruge el debate en torno a quiénes irán a La Habana como víctimas.

Tan tensa es la cosa que hasta el gobierno, que por 20 meses mantuvo la política del silencio, decidió pronunciarse.