ARMANDO PROBLEMAS

La noticia sobre el descubrimiento del tráfico de armas de Venezuela a Colombia contó, desde el primer momento, con todos los detalles necesarios para que se convirtiera en un gran escándalo. Las armas no sólo eran de nacionalidad venezolana, lo que ya era de por sí suficientemente "gordo", sino que en su tráfico han aparecido involucrados organismos de seguridad del vecino país. Entre las primeras detenciones realizadas figuraron las de varios funcionarios oficiales, cuyos nombres, hasta el fin de semana pasado, eran mantenidos en reserva.

TROPEZON EN YARITAGUA
Todo comenzó hace dos meses cuando la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela (DIM) había iniciado una investigación al encontrar armas del Ejército y la Policía en poder de guerrilleros y narcotraficantes colombianos y venezolanos. Las sospechas de las autoridades militares venezolanas parecieron confirmarse cuando, el 15 de octubre pasado, en un enfrentamiento con guerrilleros en las cercanías de Yaritagua, estado de Yaracuy, a 230 km. de Caracas, fue capturado un poderoso arsenal, además de municiones y documentos que dieron pie a las autoridades militares a realizar las primeras detenciones por el contrabando de armas hacia Colombia.
Más de 18 detenidos, altos nombres oficiales en entredicho y escandalosas destituciones, fue la secuencia de ese encuentro armado en Yaritagua. Del mismo se ofreció después un escueto comunicado del Ministerio de Defensa de Venezuela que dio cuenta de la muerte, durante el enfrentamiento del jefe guerrillero colombiano Evencio Sosa Matheus, del ELN, y se informó la captura del venezolano Amílcar Vilchez.
Mientras en Venezuela se ordenó de inmediato la "apertura de la averiguación sumarial", el escándalo tomó visos políticos. El Partido Demócrata Cristiano de oposición (Copei), pidió de manera categórica la renuncia del ministro del Interior, José Angel Ciliberto. Y al mismo tiempo un titular de prensa del matutino Diario de Caracas daba cuenta de la sorpresiva detención del jefe de la Disip (Dirección de Servicio de Inteligencia y Prevención), "por vender armas de guerra".
Al día siguiente, un nuevo titular de prensa hizo brillar el sol de las estrellas del Ejército venezolano, al informar que oficiales generales fueron invitados a "conversar" por la DIM. En la lista figura el presidente de la Compañía Venezolana de Industrias Militares, Cavim, debido a que la mayoría de las armas incautadas en Yaritagua tienen el sello de fábrica de esta empresa. La averiguación, según las informaciones de prensa, fue ordenada por el ministro de la Defensa, general de División José Rafael Cardozo.

EL ENJAMBRE
Al tiempo de estos supuestos interrogatorios a militares venezolanos, ministros, parlamentarios y autoridades de Policía del vecino país iniciaron una larga ronda de reuniones que sólo produjeron lánguidos informes de prensa: "Al final de la reunión en el Ministerio de Relaciones Interiores no hubo información oficial sobre el caso del tráfico de armas". Sólo una declaración del ministro del Interior, José Angel Ciliberto, en el sentido de que "las guerrillas en Venezuela están extirpadas, pero en nuestras investigaciones se ha puesto de manifiesto una especie de enjambre delictivo que opera en el país, y al cual se vinculan los secuestros de las zonas fronterizas, los asaltos de la guerrilla colombiana y el narcotráfico ".
Este fue el telón de fondo para que políticos, ex guerrilleros, patriarcas partidistas y hasta el propio presidente de la República, Jaime Lusinchi, quien ordenó una "profunda e implacable investigación", lanzaran opiniones sobre el explosivo "enjambre" denunciado por Ciliberto.
Gonzalo Barrios, ex ministro de Relaciones Interiores y presidente del partido gobernante, Acción Democrática, dijo a los periodistas que todo esto era la consecuencia del "error" del ex presidente Rafael Caldera (Copei) de haber permitido el acceso de ex guerrilleros al gobierno durante su gestión, entre 1968 y 1973. A la declaración del líder socialcristiano se unieron otros "recordatorios" precisos como el de Enrique Aristiguieta Gramco, encargado en numerosas oportunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores en los dos anteriores gobiernos del Copei en el sentido de que "el actual director encargado de la Disip, Johan Medina Torrealba, alias David, también estuvo en las guerrillas". Lo que provocó que líderes de los partidos de izquierda venezolanos, muchos de ellos ex comandantes guerrilleros, saltaran de sus pacíficas trincheras parlamentarias para recordar que "ratificamos y reconocimos en su momento que estábamos equivocados".
Hasta finales de la semana pasada, y según informaciones del ministro de la Defensa, no había militares detenidos. Y la investigación debía haber sido iniciada por el juez militar de primera instancia permanente de Caracas, coronel Néstor Luis Morillo. Pero este declinó la competencia, y solicitó ante la Corte Marcial (máxima instancia de la justicia castrense) que el caso pasara al conocimiento del Tribunal Primero Militar de Barquisimeto, capital del estado occidental de Lara, por su cercanía a Yaritagua, lugar de los acontecimientos de aquel 15 de octubre.
Mientras en Colombia las autoridades guardaban un prudente silencio el epílogo de esta emocionante historia de contrabando de armas estaba por escribirse en el vecino país. Pero por lo pronto, la investigación parecía sumida en un peligroso paréntesis. Los detenidos podrán salir en libertad al cumplirse los ocho días señalados para que el juez dicte auto de detenclón. Y si el caso es finalmente trasladado a la competencia del Tribunal de Barquisimeto, se anticipa que por su lejanía de Caracas, la presión de la opinión pública venezolana por el esclarecimiento de los hechos probablemente disminuirá, y el caso, según se ha expresado ya en algunos comentarios periodísticos, podrá convertirse en la vieja historia: la del rotundo olvido.