¿BELISARIO PILATOS?

No bien había acabado el presidente Betancur de bajarse del avión que lo traía de regreso del Uruguay y la Argentina, cuando se vio asediado por la habitual avalancha de micrófonos, grabadoras y cámaras de televisión. Interrogado sobre la opinión que le merecían las declaraciones que, un par de días antes, el pre-candidato Alvaro Gómez había dado en Barranquilla sobre la entrega de armas de la guerrilla, en el sentido de que este era un supuesto irreal, puesto que nadie tiene un inventario de ellas, el Presidente contestó: "La respuesta está dada en la ley de amnistía. (...) En ella se estableció que se penaliza el porte de armas de uso privativo de las FFAA con penas de prisión de 2 a 5 años. En ese momento (en el que la ley se discutió en el Congreso) las discusiones versaron en la dirección de la reflexión que hizo el doctor Gómez Hurtado, y que yo no conozco. Es decir, que como nadie tiene el inventario de las armas, no se podía exigir la entrega de algo cuya precisión no se conoce. Por consiguiente, lo que el legislador creyó más oportuno hacer fue castigar con penas muy altas el porte de esas armas de uso privativo de las FFAA".
Esta respuesta podría haber pasado prácticamente desapercibida, considerada como una declaración rutinaria más. Sin embargo, para quienes han seguido paso a paso el proceso de paz, la respuesta del Presidente resultaba aparentemente en contravía de los pronunciamientos que su ministro de Gobierno, Jaime Castro, había hecho días antes en una carta enviada al presidente de la Comisión de Paz. En ella advertía que el gobierno no toleraría el proselitismo político de grupos armados, y que si las guerrillas deseaban participar en las elecciones, tendrían que entregar las armas en un plazo prudencial antes de las parlamentarias de 1986.
Con las declaraciones del Presidente se había hecho patente, una vez más lo que algunos señalan como su habilidad para independizarse de su propio gobierno. Este peculiar estilo se hizo por primera vez claro cuando en octubre de 1983, a raíz de las drásticas alzas de las tarifas de los servicios públicos que originaron toda suerte de protestas, el Presidente declaró que el gobierno "rectificará con coraje" los errores cometidos en alzas de tarifas de servicios públicos y aplicará nuevos instrumentos para evitar su reincidencia, con el objeto de asegurar el retorno de la tranquilidad ciudadana "quebrantada por malos servicios y alzas injustas". Con estas declaraciones el Presidente no solo estaba desautorizando las alzas, y con ellas a los propios gerentes de las empresas públicas (que habían empezado a cobrarlas con autorización de la Junta Nacional de Tarifas en la que tienen asiento el ministro de Hacienda y el director de Planeación Nacional), sino que también le estaba poniendo una especie de zancadilla a Edgar Gutiérrez Castro, en ese entonces ministro de Hacienda, quien días antes había declarado ante el Congreso que las tarifas a los usuarios no podían represarse sin correr el riesgo de paralizar las empresas de servicios públicos.
Por cuenta de la situación creada por las declaraciones del Presidente calificada por el propio ministro de Desarrollo de ese entonces, Rodrigo Marín Bernal, como "una rebelión indeliberada del Cobierno contra el propio gobierno", en un editorial de El Tiempo se comento: "Nadie se mostró más herido que el propio Presidente, ni con mayor disposición de protesta por ese acto del gobierno que él preside".
Otro célebre acto de independencia del Presidente frente a su gobierno, se produjo cuando a raíz de la sangrienta toma de Florencia, Caquetá, por parte de una columna del M-19, la ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, criticó las emisiones radiales realizadas en aquella oportunidad, con el argumento de que habían sonado más bien como la transmisión de un partido de fútbol. Luego, cuando la toma de Yumbo por el mismo grupo guerrillero, solicitó al ministro de Justicia que investigara a los periodistas que habían estado presentes durante el incidente. A raíz de los "tirones de oreja" de la Ministra, periodistas como Yamid Amat se habían comprometido a no transmitir en directo "ningún incidente en el que estuviera comprometida la vida de algún ciudadano colombiano". Y cuando se encontraba flotando en el ambiente la sensación de que el gobierno intentaba "meter en cintura" a los medios de comunicación, el presidente Betancur tuvo otra de sus insólitas salidas interpretada por muchos como una clara desautorización a su ministra de Comunicaciones. Esta se produjo en la entrega del Premio de Periodismo Simón Bolívar. Ante un auditorio lleno de periodistas y desde una tribuna en donde tenía asiento la propia Ministra Betancur pronunció su celebre frase. "Prefiero una prensa desbordada a una prensa censurada".
Las anteriores salidas, calificadas por algunos como "tipo Pilatos", parecen ser un sello distintivo del estilo presidencial, ya que, como lo expresara un ex funcionario del primer período de esta administración "el Presidente nos desautorizaba todos los días. Lo que pasa es que los casos que han trascendido a la opinión pública han sido muy pocos". Obvio como parece, lo cierto es que en un gobierno no puede ir el Presidente por un lado y sus Ministros por el otro. Pero es este estilo el que podría explicar que, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, el Presidente hubiera logrado conservar casi intacta su popularidad, simultáneamente con el descenso de la de su gobierno. Es lo que uno de los más apasionados críticos de Betancur, el general (r) Bernardo Lema Henao, caricaturizó burdamente como el "Presidente Bueno-Bueno y el gobierno Malo-Malo".
Pero llegando al final de la administración, esta brecha se ha ido acortando, como si la creciente impopularidad del gobierno estuviera colándosele por la puerta de atrás a la popularidad del Presidente. Eso es lo que sugieren encuestas como la última de Invamer Gallup cuyos resultados publicados recientemente por el periódico El Tiempo, revelan que la popularidad de Betancur ha descendido en forma vertiginosa en el último año: mientras que en febrero de 1984 el 61% de los colombianos respaldaba la gestión presidencial, en la actualidad tan sólo 31 de cada 100 colombianos está de acuerdo con la forma como el presidente Betancur está gobernando el país.--