La investigación que puso fin a la mafia de la registraduría de Magangué

En la registraduría de Magangué hay pruebas de que las cosas andan mal desde hace por lo menos 15 años. En el 2003, el registrador Tulio José Rodelo Ramírez fue capturado junto con su primo por participar en el “ocultamiento, retención y posesión ilícita” de 136 cédulas de ciudadanía. Aunque el juicio no aclaró cuál era la utilidad que pretendían dar a esos documentos, otros hechos posteriores incrementaron las sospechas al respecto.

Tres años después, el Consejo de Estado anuló la elección al Senado de 2006  en la región, por “manejo indebido de formularios y anomalías en inscripciones” que ocurrieron en los municipios de Mompox y Magangué, entre otros.

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Casi diez años despuésm en octubre de 2015, el portal LaSillaVacía registró que las cédulas dadas de baja en Magangué por el Consejo Nacional Electoral nunca fueron sacadas del censo físico y se permitió votar a todos los trashumantes en aquel municipio.

A pesar de estos escándalos, la institución permaneció prácticamente intacta durante todo ese tiempo, hasta que en 2016, una auditoría decretada desde la Registraduría Nacional dio pie a la investigación de la Fiscalía que culminó con la captura de 5 funcionarios este martes.

Según el ente acusador, las pruebas recolectadas por la Dijin evidenciaron que el exregistrador de Magangué, Ernesto Gutiérrez de Piñeres, y 4 de sus auxiliares y técnicos administrativos inscribieron, autorizaron y expidieron registros civiles de nacimiento irregulares, además de cobrar recursos no autorizados a nombre de la institución.

Lo que atrajo la atención de la Registraduría en un inicio fue que cerca de 400 registros civiles creados en Magangué habían sido firmados por un único testigo en una práctica similar a la que ha sido detectada y denunciada en otras regiones por el órgano nacional.

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De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía 53 de Bolívar, Ernesto, Lisbeth, Fredy, Ramón y Reinaldo presuntamente habrían utilizado la documentación que les fue depositada por ciudadanos de Magangué para falsificar sus firmas y convertirlos en testigos múltiples a favor de connacionales y de extranjeros.

Por ese motivo, los capturados serán imputados por los cargos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, prevaricato por omisión, concierto para delinquir y usurpación de función pública.

La modalidad delictiva no es nueva, pero solo hasta ahora las autoridades procedieron a desmantelar varias mafias que acapararon algunas registradurías del a costa.

Hace apenas unos meses, ocho funcionarios de la registraduría de Riohacha fueron capturados por la misma modalidad realizada con 700 registros de nacimiento falsos y el año anterior eso ocurrió en la sede de Malambo.

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Según explicó en su momento la oficina de migración, la llegada de numerosos cubanos y venezolanos tratando de huir de su país ‘alborotó el avispero’, dando paso al jugoso negocio de los falsos nacimientos que en esta ocasión encontró su epílogo gracias a la actuación conjunta de la registraduría, la fiscalía general y la Dijin.