Procuraduría no se rinde ante decisiones a favor de Petro

Este martes se da la largada a la batalla jurídica entre el procurador general, Alejandro Ordóñez, y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, que decidirá de fondo la permanencia del mandatario local en el Palacio de Liévano.

En un extenso documento, la oficina jurídica de la Procuraduría radicó el texto de apelación de la tutela fallada por el magistrado José María Armenta que ordenaba suspender los efectos del fallo disciplinario hasta tanto no se produjera una acción de fondo en el Consejo de Estado.

La acción fue radicada en la Secretaría general del Consejo de Estado, y por sorteo se designara un magistrado ponente que llevará el caso a sala plena del organismo, debido a su importancia jurídica.

Semana.com pudo conocer que la Procuraduría presentó siete argumentos clave en dicho recurso. El principal elemento advierte que la sanción disciplinaria no se puede suspender puesto que fue un agente oficioso quien radicó la tutela que favoreció al mandatario distrital y no el directamente afectado es decir Petro.

Otro de los argumentos que esboza el recurso es la competencia del procurador general ampliamente ratificada por la Corte Constitucional, para sancionar a funcionarios de elección popular contemplada en los artículos 118, 122 y 276 de la Carta Política.

Igualmente se indica que en todo el proceso de decretaron las pruebas necesarias para demostrar una posible responsabilidad del mandatario capitalino en el caos originado por el nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá.
Según la propia Constitución, el Consejo de Estado tendrá 20 días para definir de fondo la impugnación presentada por la Procuraduría.

Por otra parte, el equipo jurídico de Petro trabaja sin descanso para radicar ante ese mismo tribunal la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para la cual tiene plazo hasta de hasta cuatro meses. ¿Quién se llevará esta batalla decisiva?