JEP desmiente al uribismo y reitera que no recibió las pruebas de EE.UU. contra Santrich

Los ánimos están caldeados frente al caso de Jesús Santrich. Un día después de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) informó que se venció el tiempo que le fijó a Estados Unidos para que entregue el material probatorio que tiene en contra del exjefe guerrillero por narcotráfico y con el que se determinará si es extraditado o no, un grupo de congresistas uribistas alinearon este martes baterias y la emprendieron en redes sociales contra el nuevo tribunal. 

A través del hashtag #JepEsImpunidad los senadores y representantes del Centro Democrático se fueron lanza en ristre contra los magistrados de la justicia de paz que están próximos a tomar una decisión frente al estatus jurídico de Santrich. Uno de los primeros que levantó la voz fue Fernando Araujo quien a través de su cuenta de Twitter acusó a la JEP de "inventar obstáculos para eludir la extradición".

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En cuestión de minutos Honorio Henriquez, Álvaro Hernán Prada, Paloma Valencia y Ruby Chagüi, lo estaban respaldando en la misma orilla echando mano de un documento que, según decían ellos, demostraba que la JEP sí había recibido todo el material solicitado, tal como se lo anunció la tuitera Claudia Bustamante a sus seguidores en la misma red social. "Aquí esta todo el documento completo que obra en el expediente de Santrich y que demuestra que la JEP sí recibió pruebas de los EE.UU", se leía en el trino que la mujer del Centro Democrático compartió acompañado de un link de Dropbox que permitía descargar un documento de 22 páginas con declaraciones juradas en apoyo a la solucitud de extradición contra el exguerrillero.

Con rapidez las fotografías del relato comenzaron a circular en redes sociales, muy a pesar de que no tenían nada que ver con la discusión que las toldas uribistas comenzaron a ambientar sobre el mediodía de este 29 de enero. ¿La razón? 1) A pesar de que el documento sí tiene que ver con el caso, es público desde hace más de dos meses y hace parte de los anexos del indictment que hay en ese país contra Santrich. 2) La JEP desminitió este martes que haya recibido ese o cualquier otro documento solicitado que le permita determinar si el acto criminal se cometió antes del 1 de diciembre de 2016 cuando se firmó el cuerdo de paz. 3) Porque en la solicitud que hizo el nuevo tribunal el 23 de octubre se pidió fue el paquete de pruebas que tienen las autoridades norteamericanas para sacar adelante el caso y no la acusación preliminar. 

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¿Por qué es falso decir que la JEP ya había recibido las pruebas?

La razón parece más simple de lo que se cree: ni en Colombia ni en ningún otro país se ha condenado a alguien por la información que reposa en el indictment. El documento no hace más que parte del inicio del proceso que se abrió en ese país contra el acusado. Y eso es lo que la Justicia gringa le entregó a la Fiscalía. Pero eso es apenas un resumen de la acusación, no las pruebas de fondo. 

De ahí la insistencia de la JEP por conocer al "material probatorio suficiente" para poder tomar una decisión sobre si se extradita o no a Jesús Santrich. El callejón sin salida en el que está el nuevo tribunal para tomar la decisión se complica si sus mayores críticos se mueven por un canal de verdades a medias con el que inyectan presion ad portas de tomar una decisión. Y es que si se aprueba extraditar a Santrich se podría afectar la credibilidad del sistema frente a los desmovilizados. Pero si no lo hace, se arriesga a una arremetida de muchos sectores políticos y sociales como ocurrió este martes depués de anunciar que Estados Unidos no contestó el llamado que hicieron. 

La coyuntura que actualmente enfrenta el caso es clave. Para determinar si los hechos que le endilgan al exguerrillero son posteriores a la fecha de terminación del conflicto, la justicia de paz quería conocer de primera mano la evidencia y los documentos que lo soportan. Por eso fue que el pasado 23 de octubre los magistrados decidieron "inaplicar el inciso primero del artículo 54 de la Ley 1922 de 2018" y prenderse del acto legislativo 01 de 2017 para argumentar que tiene potestad amplia para “evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.

Así las cosas, la Sección de Revisión, que ordenó tener "las evidencias que soportan el pedido de extradición" y pidió conocer entre otras cosas "los audios de interceptación de comunicaciones recaudados en las investigaciones realizadas en contra del señor Marlon Marín Marín", está maniatada para tomar una decisión. 

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Todo parece indicar que los magistrados no podrán realizar un estudio sobre las pruebas que sirvieron de soporte al pedido de extradición del exjefe guerrillero. Esto, partiendo del sepulcral silencio frente a la solicitud hecha el año pasado. A pesar de que el caso de Jesús Santrich es una prueba de fuego para la JEP, su papel como cicatrizador de 50 años de conflicto tienen otra connotación si mientras está en funcionamiento sus mayores críticos la desprestigian a punta de mentiras o verdades a medias. El tema no es de poca monta si se tiene en cuenta que, al menos en este caso, de cada detalle que rodea el proceso del exjefe guerrillero, depende -en buena parte- el futuro del acuerdo de paz.