Cargos a funcionarias de la Contraloría por ‘chuzadas’

Una de las batallas más fuertes entre la Fiscalía General de la Nación y la excontralora Sandra Morelli es la de las presuntas interceptaciones ilegales que se habrían hecho desde el organismo de control a periodistas.

Este martes, revivió ese capítulo tras la decisión del organismo judicial de imputar cargos y solicitar medida de aseguramiento a dos funcionarias de la Contraloría que laboraron durante la época en la que Sandra Morelli era la cabeza de la entidad.

La historia arrancó cuando se dijo que desde la Contraloría se interceptaron las comunicaciones telefónicas a la periodista Cecilia Orozco y al columnista y abogado Ramiro Bejarano. En su momento, Morelli negó rotundamente con el argumento de que este organismo de control no tiene la capacidad logística ni equipos, ni funcionarios para adelantar este tipo de seguimientos.

Sin embargo, la Fiscalía solicitará ante un juez de garantías la imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento contra las funcionarias Edith Rocío González y Mónica Cano, quienes se desempeñaban como jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno y jefe de la Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático de la entidad.

Por esta razón, las mujeres deberán responder por los delitos de prevaricato por acción, abuso de función pública, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsedad en documento público.

Según el ente acusador, “las exfuncionarias habrían utilizado un proceso de responsabilidad fiscal adelantado en el año 2011 para indagar de manera arbitraria respecto de diversas personas naturales y jurídicas no sujetas de la acción de la Contraloría General de la República, lo que constituiría un ejercicio caprichoso de las atribuciones investigativas conferidas al máximo ente de control fiscal del país”.