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Carolina Olarte es miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje, organismo internacional de solución de controversias que funciona en La Haya.
Carolina Olarte es miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje, organismo internacional de solución de controversias que funciona en La Haya. - Foto: forojaveriano.com

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Colombia contra Nicaragua: llega al equipo jurídico la decana de derecho la Universidad Javeriana

Carolina Olarte Bácares llegará a ser coagente del Estado colombiano en el pleito que se resuelve en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La demanda que tiene Nicaragua contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya es muy ambiciosa. Y el equipo jurídico que defiende al país ha parecido estar en un limbo desde la llegada de Gustavo Petro al poder. Hace unas semanas, trascendió que el Gobierno no le había aceptado la renuncia a los dos agentes que hasta ahora han representado a los colombianos: los juristas Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda.

Sin embargo, este lunes pareció que comenzó a darse un humo blanco en ese sentido. La Universidad Javeriana anunció con orgullo que su decana de derecho, la abogada Carolina Olarte Bácares, llegará como coagente en ese pleito.

Olarte es miembro del Grupo Nacional de la Corte Permanente de Arbitraje, organismo internacional de solución de controversias que funciona en La Haya. Actualmente, es decana de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, donde es profesora asociada de derecho internacional y Directora del Centro de Estudios de Derecho Internacional “Francisco Suárez”.

Por ahora, hay gran expectativa por el giro que pueda tener la defensa de Colombia ante ese organismo internacional. Esto, dado que el presidente Gustavo Petro no rechaza la dictadura que se ha impuesto en ese país.

Lo que viene para Colombia, sin embargo, es muy difícil. El país debía responder a dos demandas ante esa Corte, pero ya se resolvió una y solo queda una pendiente. Nicaragua argumentaba en la primera demanda la violación de derechos soberanos y espacios marítimos. En un comienzo, el país pretendió que la demanda se centrara en el incumplimiento del fallo, pero la Corte finalmente desestimó que este fuera el eje de la controversia.

Escuche a María Isabel Rueda hablar del equipo jurídico en este pleito:

El eje central de la defensa de Colombia es que el fallo de 2012 es inaplicable. Hay razones jurídicas de peso para sostener esa tesis. La Constitución establece que los límites territoriales solo pueden darse mediante tratados y, por lo tanto, el país argumenta que para poder aplicar el fallo debería darse un tratado bilateral entre Colombia y Nicaragua, cosa que no ha pasado. Este fue el punto esencial de la defensa de Cepeda ante los jueces de La Haya el año pasado.

Como explica el excanciller Julio Londoño Paredes, “el Gobierno colombiano expresó en 2012 que aunque no desconocía el fallo, no podría ser aplicado hasta tanto se concertara un tratado con Nicaragua. Igualmente, estableció lo que denominó una ‘zona contigua integral’ con un procedimiento sin precedentes en el derecho internacional”. A Nicaragua esa fórmula no lo satisfizo y por eso volvió a acudir a la Corte de La Haya.

La historia de este fallo de 2012 es la siguiente: Nicaragua demandó a Colombia en 2001. Lo que pretendía era que la Corte declarara que la totalidad del archipiélago de San Andrés y todos los cayos le pertenecían. Colombia entendía hasta esa fecha que el tratado de delimitación que regía era Esguerra-Bárcenas, de 1928. De ese tratado, el Gobierno de Carlos Lleras interpretó que la frontera era el famoso meridiano 82. En 2007, la Corte Internacional de La Haya le dio a Colombia una primera victoria y afirmó que el archipiélago de San Andrés y los siete cayos le pertenecían.

En la segunda demanda, que es la que hoy no tiene un equipo jurídico clave, Nicaragua quiere ir más allá del fallo de 2012 y pretende extender la plataforma continental por encima de las 200 millas, con lo cual, prácticamente quedaría muy cerca de la costa colombiana. Los alegatos de esta nueva pretensión están previstos para dentro de pocos meses.

Además de eso, hay un tema fundamental que está en la discusión: la reserva de Seaflower. Se trata de un refugio sagrado para la vida marina. Fue declarada Reserva de la Biósfera en el año 2000 por el programa Man and Biosphere, de la Unesco.

“Tiene un área total de 180.000 kilómetros cuadrados, de los cuales solo 57 kilómetros cuadrados son terrestres, e incluye tres islas mayores (San Andrés, Providencia y Santa Catalina), siete islas cayo (Serrana, Serranilla, Alburquerque, Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo y Cayo del Este y Sudeste) y varios bajos y bancos”, explica la fundación que lleva su nombre y que agrega que “sus arrecifes coralinos ocupan aproximadamente 5 % del mar Caribe y 76 % de los arrecifes de Colombia. Su alta biodiversidad puede evidenciarse en las más de 2.300 especies marinas que alberga”.

Colombia es el país que mejor puede resguardar este tesoro, pues sus leyes ambientales son muy fuertes y fue el que hizo la solicitud ante la Unesco, mientras que por el lado de Nicaragua está el temor de que este territorio se abra a la exploración petrolera y de gas. El país centroamericano ha querido disuadir esa percepción y declaró una reserva ambiental.

La falta de claridad en el equipo de abogados frente a este pleito deja al país en una situación riesgosa frente al desarrollo de una demanda esencial para proteger el territorio del país.