Comisión de seguimiento a la Ley de Víctimas alerta sobre crisis en la implementación: “Persiste la falta de articulación entre entidades”

La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) dio a conocer su décimo informe de seguimiento y monitoreo sobre la ejecución de esta legislación ante el Congreso de la República.

Este reporte, producto de la labor conjunta entre la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y representantes de los pueblos étnicos, destacó la apremiante necesidad de una coordinación efectiva entre las entidades gubernamentales involucradas en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para asegurar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas.

Uno de los puntos destacados en el informe es la demanda urgente de alrededor de $ 252,4 billones entre los años 2023 y 2031 para garantizar la implementación de medidas de asistencia, atención y reparación destinadas a las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.

Sin embargo, un desafío crítico que la Comisión subrayó es la subutilización de los recursos por parte de algunas entidades responsables. Durante el año 2022, de acuerdo con la Comisión, se evidenció un rezago de $ 732.100 millones disponibles que no se utilizaron y de $ 430.819 millones en bienes y servicios que no fueron entregados a dichas entidades. Entre las instituciones con niveles bajos de ejecución se cuentan el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Vivienda y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La Comisión también expresó su preocupación por la tendencia decreciente de los recursos asignados a la Política Pública de Atención y Reparación a Víctimas (PPARIV). Mientras que en 2021 se asignaron $ 8 billones, esta cifra disminuyó a $ 7 billones en 2022 y a tan solo $ 5,7 billones para 2023, representando una disminución del 22 % en relación con el año previo.

Asimismo, el informe resaltó la preocupante situación de crisis humanitaria en Colombia, especialmente relacionada con los desplazamientos forzados. Durante el 2022, se documentaron 129 episodios de desplazamiento masivo que impactaron a 56.558 personas, además de 47 casos de confinamiento que afectaron a 41.106 individuos. La Comisión señaló un aumento del 32,5 % en los homicidios de líderes y defensores de derechos humanos comparado con el año anterior. Además, enfatizó las dificultades que enfrentan las comunidades desplazadas para ejercer su derecho al retorno y la reubicación.

En términos de género, el informe subrayó la baja proporción de indemnizaciones otorgadas a mujeres víctimas de delitos contra la integridad y la formación sexual en el contexto del conflicto armado. Esto resalta la necesidad de fortalecer las medidas de reparación específicas para este grupo.

En cuanto a la oferta de servicios, indicó que no se ha podido concretar la apertura de los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) de Ibagué y El Carmen de Bolívar (Bolívar). Así mismo, llamó la atención sobre el notable deterioro de la infraestructura de las sedes de Valledupar y Curumaní (Cesar), Villavicencio (Meta) y Barranquilla (Atlántico).

La Comisión estableció que “durante el 2022 el 1,72 % de los hogares viables para entrega de atención humanitaria de emergencia no accedió a esa medida, y para el primer trimestre del 2023, el 14,46 % de estos sujetos de atención por primer año no la recibió, por lo cual, en los primeros tres meses del presente año no se cumplió con la meta formulada en el indicador del documento Conpes 4031 de 2021″.

De igual forma, señaló que “persisten dificultades para las comunidades desplazadas forzosamente para ejercer de manera plena los derechos al retorno y la reubicación, pues a 31 de diciembre del 2022 solo el 12,71 % superó su condición de vulnerabilidad”.

En cuanto al tema de rehabilitación, indicó que el Gobierno nacional, pese a los esfuerzos realizados en materia presupuestal, “debe establecer una destinación específica de recursos que garanticen la atención diferencial para niñas, niños y jóvenes”.