¿Cómo es eso de un gran acuerdo político?

El martes, cuando al final del debate sobre paramilitarismo en Antioquia el senador del Polo Democrático Gustavo Petro le propuso al país un pacto político para contar toda la verdad, muchos pensaron que un espíritu distinto al suyo lo había poseído. Resultaba extraño que fuera justamente el más reconocido vocero de la izquierda quien se lanzara a proponer un acuerdo de verdad, que sonaba a impunidad y punto final, y del que se beneficiarían a simple vista los paramilitares y sus cómplices. De hecho, no se habían enfriado todavía las sillas del Congreso cuando los paras ya se habían pronunciado, muy emocionados, a favor del acuerdo.

¿Se enloqueció Petro? Se preguntaban algunos de sus más conspicuos seguidores. Algunos de sus colegas del Polo Democrático dijeron que la propuesta no se ha discutido en las filas del partido. Sin embargo, la idea no cayó nada mal. A su favor se ha pronunciado la mayor parte de los sectores políticos que comparten la idea de que la crisis de la para-política se agudiza cada vez más y que no se le puede seguir dando un tratamiento judicial al asunto.

La propuesta de Petro nace de un buen diagnóstico: el paramilitarismo es un fenómeno sobre todo regional. Por fuera de las principales ciudades, la Constitución no se está aplicando plenamente. Hay clientelismo, justicia privada, unas relaciones feudales entre ricos y pobres, y un precario funcionamiento de la democracia. Ese ambiente es caldo de cultivo para las mafias regionales que encontraron la manera de hacerles el quite a las reformas y la modernización.

Es un hecho que las instituciones en las regiones han sido fácilmente capturadas por los señores de la guerra. Alcaldías, Gobernaciones, la justicia y hasta las Fuerzas Armadas quedaron entrampadas en las redes de los paras. En muchos lugares hay elecciones, pero no democracia ni verdaderas libertades civiles y derechos políticos.

Por eso tanta gente está de acuerdo con la idea de que se haga un pacto nacional. Porque la complicidad con el paramilitarismo, aunque en diferentes grados, fue generalizada en muchas regiones. Y como resulta literalmente imposible que tanta gente vaya a la cárcel, lo mejor es buscar una solución política.

Pero la idea de un acuerdo cojea en varios aspectos. El primero es que suena como un saludo a la bandera. Difícilmente alguien, y menos un político, se opondría a ella. El problema es qué tipo de pacto se puede hacer en este momento en el país. Petro habla de requisitos como la reforma agraria y desmontar el clientelismo. Y cree que el mejor mecanismo son las constituyentes locales, una idea que no parece viable.

Sobre el tema de la verdad hay consenso. Pero la idea de contar la verdad a cambio de perdón genera mucha preocupación. El país ha hecho enormes esfuerzos en dotarse de los instrumentos necesarios para aplicar la Ley de Justicia y Paz. Y, también, para que por fin se supere la espiral de impunidad que ha contribuido tanto a que la violencia se perpetúe. Justo ahora cuando la justicia parece estar funcionando, cuando la Corte Suprema está haciendo su trabajo, y la Fiscalía está a punto de fallar casos tan graves como el Palacio de Justicia y el crimen de Luis Carlos Galán, la idea de verdad a cambio de impunidad les llega como anillo al dedo a muchas personas que violaron la ley. Por eso, por el momento, un acuerdo político puede dejar el país con el pecado y sin el género. Con impunidad y sin verdad.

La iniciativa es audaz. Especialmente porque apunta al corazón del problema, que es la institucionalidad de las regiones. Pero aún está en borrador y, con seguridad, está hecha a destiempo.