Exsecretarios de Valledupar, inhabilitados por contratos con Springer

Los millonarios contratos de Natalia Springer con el Estado desataron un escándalo en el país. Entre 2011 y 2015, la firma que la politóloga creó con su esposo, resultó ganadora en procesos por al menos 7.200 millones de pesos. Las críticas y cuestionamientos recayeron principalmente en los millonarios contratos a los que Springer llegó con la Fiscalía, y sobre los que aún no se conocen pronunciamientos de los entes de control. 

Sin embargo, fueron por lo menos siete los contratos que estaban bajo la lupa de las autoridades y uno de ellos les costó este miércoles la salida de la arena pública a dos exsecretarios de la Alcaldía de Valledupar.  La Procuraduría desempolvó el contrato que Springer firmó con esa Alcaldía para la "formación de cogestores de una cultura de paz" por 1.400 millones de pesos. Lo que encontró el Ministerio Público en una decisión de primera instancia es que la firma de este jugoso convenio se alcanzó violando las reglas de contratación. 

El Ministerio Público tomó la decisión de sancionar con destitución e inhabilidad por 14 años a Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de gobierno de Valledupar y con 12 años a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, ex secretaria general del municipio, por las irregularidades en la firma de este contrato de prestación de servicios. 

Según el Ministerio Público, se estableció que hubo diversas actuaciones y omisión de parte de los exfuncionarios al adelantar de manera irregular el contrato de prestación de servicios No. 552 de 2015. Por el lado de Gaitán Mateus, fue encontrado presuntamente responsable disciplinariamente por emitir una certificación de idoneidad a favor la empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services y celebrar en forma directa el contrato con Natalia Springer, eludiendo el principio de transparencia que debe regir la contratación estatal.

En el caso de Céspedes Torres, la Procuraduría encontró irregular la certificación que emitió de la idoneidad de la empresa contratista, realizar estudios de mercado con una cotización de dudosa procedencia, sugerir que el tipo de contratación era directa y omitir hacer un adecuado seguimiento a las actividades contratadas.

En la misma decisión, el ente de control suspendió por un mes al exalcalde, Fredys Miguel Socarrás Reales, y a la exjefe de la oficina Jurídica, Mery María Romero Mestre. Esta decisión tiene recurso de apelación.  

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