Crónica de un fallo anunciado

Todo el lío se desató, por pura casualidad, en un día de junio de 1969. Un embajador de Colombia en un país europeo estaba leyendo una revista especializada en temas de petróleo y se encontró con que Nicaragua había autorizado estudios sísmicos y exploración en el bloque del cayo Quitasueño.

La noticia era vieja. Nicaragua, de hecho, había otorgado ya esas concesiones en 1967 y 1968. El embajador, de todas maneras, informó de inmediato a Bogotá. Y el gobierno de Colombia envió a Managua una nota de protesta, con fecha del 4 de junio de 1969, diciendo que no se les olvidara que el meridiano 82 era el límite entre los dos países. Nicaragua tampoco se demoró en responder. El 12 de junio escribió a Bogotá afirmando que de dónde sacaba que eran esos los límites.

Lo que para muchos puede parecer un ejercicio rutinario de soberanía se convirtió para la Corte Internacional de Justicia en la “fecha crítica” del litigio entre Colombia y Nicaragua pues nunca antes “se había conocido disputa entre los dos países”.

Desde entonces, hasta el pasado 19 de noviembre, cuando se conoció el fallo de la Corte de La Haya con el cual Colombia perdió cerca de 79.000 kilómetros cuadrados de mar, han pasado 43 años. El país, embargado de dolor, ha tratado de buscar un culpable. Pero si se revisan en detalle los esfuerzos que hechos a lo largo de casi medio siglo para quedarse con ese pedazo de mar, tal vez el juicio sería menos inclemente.

La consigna en Colombia desde 1969 era que al país le había tocado asumir un pleito “en el que no tenía nada que ganar y Nicaragua nada tenía que perder”. Uno de los principales protagonistas de esta historia, el excanciller Julio Londoño Paredes asegura que eso ocurrió desde cuando Colombia “aceptó la jurisdicción de la Corte de La Haya”.

Primero: La estrategia de límites

En el año en que arrancó la pelea, Colombia lo único que pudo hacer fue empezar a ver cómo se defendía. En esa época, el presidente era Carlos Lleras, y el canciller era Alfonso López Michelsen. A la oficina de fronteras llegó un joven mayor del Ejército que llamó la atención al demostrar sus grandes conocimientos en geografía en un concurso de televisión. Se trataba de Julio Londoño, que había heredado la pasión por el tema de su padre el general Julio Londoño y Londoño, comandante de las Fuerzas Militares que escribió un tratado sobre ‘Geopolítica del Caribe’ que aún hoy es consultado.

Cuando Colombia vio que Nicaragua quería dar la pelea comenzó a diseñar una sofisticada arquitectura de límites marítimos en el Caribe. Firmó tratados con Panamá (1976), Costa Rica (1977), Haití (1978) y República Dominicana (1979), y Londoño estuvo en esa tarea estratégica. Con ella Colombia buscaba que los otros le reconocieran lo que Nicaragua no quería.

Como parte de esta estrategia se firmó el Tratado Vásquez-Saccio, gracias al cual Colombia logró que Estados Unidos reconociera la soberanía sobre los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, que había estado en disputa entre los dos países durante más de un siglo. El dictador nicaragüense, Anastasio Somoza, logró evitar durante más de una década que Washington firmara ese tratado.

Segundo: No firma la Convención del Mar

Colombia era tan consciente de las dificultades que podría tener en la Corte de La Haya que incluso no quiso firmar la Convención del Mar que se aprobó en 1982, conocida como ‘la Constitución de los océanos’ y considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia desde la aprobación de la Carta de Naciones Unidas.

Una de las principales razones para no firmar es que esa Convención les reconoce mayores derechos sobre el mar a los países que tienen una plataforma submarina extendida. Como es el caso de Nicaragua. Mientras que Colombia lleva las de perder en ese terreno. De hecho, Managua pidió a la Corte de La Haya tener en cuenta ese aspecto en su fallo y para eso pedía que le dieran una zona económica de 350 kilómetros cuadrados. Pero los magistrados no atendieron el pedido nica.

Tercero: el efímero retiro de la Corte de La Haya

Colombia siguió con su ronda de tratados limítrofes y firmó con Honduras (1986) el que se convirtió en el detonante de la demanda de Nicaragua. Managua sentía que Colombia y Honduras le estaban fijando sus fronteras y veía cómo lo que era mar se le estaba convirtiendo en un charco. “Tenemos un litoral de 450 kilómetros y estamos metidos en una piscina”, se les oía decir.

Entonces, demandaron el 6 de diciembre de 2001. Sin embargo, un día antes de que Nicaragua pusiera su demanda, Colombia, para tratar de evitar lo que veía como una futura derrota, retiró la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Pero rápidamente se dieron cuenta que no servía de nada porque el Pacto de Bogotá (que se firmó el 9 de abril de 1948) de todas maneras la obligaba a ir a la Corte y porque a esa altura del proceso, así Colombia se escabullera, Nicaragua podía pedirle al tribunal que fallase a su favor.

Ahí es donde se ha centrado la polémica en los últimos días. Buscando encontrar un culpable a quién echarle la culpa el país lleva un mes preguntándose por qué no se salió Colombia, en ese momento, del Pacto de Bogotá. Según pudo conocer SEMANA, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores consideró en ese entonces que no tenía sentido que Colombia se retirara de un pacto que lleva el nombre de su capital y que tenía gran significado histórico. Hay otros que consideran que no es propio de un país que se respete retirarse de la Corte cuando no le conviene. “Y ahora ese nacionalismo de banderitas está excitado y pide que no obedezcamos la decisión de la Corte, como si fuéramos un país de matones, donde la ley se cumple solo cuando le sirve a uno”, escribía el columnista Jorge Orlando Melo luego de conocido el fallo.

Epílogo

El dolor en el que se sumió el país no permitió reconocer que ese trabajo estratégico es uno de los más serios que ha hecho Colombia en su historia. Desde 1965 el tema se trató en un centenar de reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El excanciller Julio Londoño, el jefe del equipo ante la Corte de La Haya y el único colombiano que desde 1969 hasta hoy ha conocido los intríngulis del litigio, critica duramente el fallo pero también hace ver que la Corte no solo confirmó la soberanía sobre San Andrés y los cayos, que Nicaragua había puesto siempre en duda, sino que le “asignó unos 141.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos, el 64 por ciento del área disputada”.

La muestra de que se hizo un trabajo juicioso es que la opinión pública no ha encontrado a quién echarle la culpa. Y en concreto, como dice Londoño, “Colombia sigue teniendo el área marítima más importante en todo el Caribe Occidental: más extensa que la de cualquiera de los demás países del área”.