Cuestión personal

La ley de bancadas ha sido el tema de mayor conversación en los círculos políticos en los últimos tiempos. Fue aprobada en la legislatura pasada con el propósito de meter en cintura a los congresistas y ponerle fin al caos que caracteriza al trabajo parlamentario. Obliga a votar en grupo, establece vocerías únicas para cada partido, y sanciones para quienes no sigan las decisiones adoptadas colectivamente. Unos, en el Capitolio, le temen. Otros creen que es la panacea para cambiar, de una vez por todas, el Congreso.

Por eso ha causado tanto interés un 'articulito' de la ley que les permite a los senadores y representantes apartarse de la disciplina partidista por razones de conciencia. ¿Se trata de un 'mico', o un boquete, que anula las posibilidades de establecer una disciplina? ¿Qué es un tema de conciencia, cómo se aplica y en qué casos se permite? Más que un asunto formal, la manera como se utilice este mecanismo determinará si la Ley de bancadas es inocua, y todo seguirá igual, o si va a contribuir a cambiar las desprestigiadas prácticas del Congreso.

La idea es que los congresistas puedan blindarse del efecto de las mayorías aplastantes en sus respectivos partidos que los podría obligar a actuar en contra de principios religiosos o de sus raíces culturales. Pero la ambigüedad podría permitir que se eche mano de este mecanismo para burlar el espíritu de la ley, que es que haya posiciones conjuntas entre los miembros de las bancadas. Es decir, que cada vez que un parlamentario quiera unirse a otro partido, acepte favores del gobierno de turno a cambio de un voto, o tenga intereses particulares, invoque un 'asunto de conciencia'. Por ejemplo, un parlamentario cercano a las EPS puede apelar al mismo argumento para oponerse a la reforma a la Ley 100.

De acuerdo con una obligación establecida por la misma ley, durante las últimas semanas los partidos con asiento en el Congreso dedicaron sus esfuerzos a la reglamentación de este tema (ver recuadro). Los conservadores y Cambio Radical fueron los más severos. Sus miembros sólo podrán apelar a la objeción de conciencia en dos situaciones: en temas religiosos o cuando estén juzgando funcionarios públicos. "Los estatutos de los partidos son la única forma de cerrarle las ventanas a este mecanismo y por eso fuimos tan estrictos", dijo a SEMANA el conservador Alfredo Cuello, recién elegido presidente de la Cámara de Representantes.

Los liberales y La U se la jugaron por un esquema más flexible, donde una segunda instancia -la dirección del partido o la bancada en pleno- evaluará si acepta o no la objeción del parlamentario. "Nosotros intentamos limitar la objeción de conciencia, pero surgieron varias discrepancias. Entre ellas si considerarla válida para defender intereses regionales. Al fin decidimos dejar en manos de la bancada la evaluación de cada caso", contó el senador liberal Juan Fernando Cristo.

Los estatutos de los partidos también incluyen sanciones para los que se aparten de la disciplina, como la pérdida del voto o de la voz, y la reiterada mala conducta puede concluir con la expulsión del partido. Por su parte, el Polo Democrático todavía no ha reglamentado este tema.

Al final, como suele ocurrir siempre, la efectividad de la ley de bancadas no dependerá de los reglamentos y las normas, sino de la forma como se apliquen. Unos partidos tienen más incentivos para actuar en bloque que otros. A los de la oposición, por ejemplo, les interesa mostrar una imagen de seriedad y coherencia como carta de presentación para futuras elecciones. Y los uribistas se mostraron muy indisciplinados la semana pasada en la elección de mesas directivas (ver artículo). Lo que parece muy probable es que esta vez no habrá términos medios. Se producirá un gran cambio profundo, o se reeditará la máxima del gatopardo: la de que todo cambia para que todo siga igual.