De acusada a víctima

El viernes pasado la viuda de Pablo Escobar recibió la mejor noticia de su vida. El fiscal argentino Jorge Aguilar solicitó la nulidad del proceso penal que se adelantaba en contra de ella y de su hijo desde hace tres años en el país austral. El fiscal consideró que a lo largo del proceso la justicia cometió irregularidades y excesos que le negaron a María Isabel Santos Caballero, antes conocida como María Victoria Henao Vallejo, su derecho a una defensa justa. También determinó que las autoridades argentinas se excedieron al mantenerla en la cárcel por casi dos años.

María Isabel Santos Caballero llegó a la Argentina con sus hijos a fines de 1995, luego de un largo periplo por Africa, Europa y Asia. Con la nueva identidad que les había dado el gobierno colombiano para protegerlos se instalaron en Buenos Aires con el fin de iniciar una vida diferente. La hija menor fue al colegio, Juan Sebastián Marroquín Santos (antes Juan Pablo Escobar) entró a la universidad y María Isabel, que por primera vez en 33 años se sentía libre del estigma del apellido de su esposo, tomó cursos de decoración y de arquitectura.

Pero su tranquilidad duró poco. En 1999 un programa de televisión reveló la presencia de la viuda de Escobar en Argentina y el tormentoso pasado que la familia Escobar había logrado enterrar revivió de manera dramática.

Isabel Santos dijo el año pasado a SEMANA, en la única entrevista que concedió luego de su detención, que fue víctima de un chantaje. Su contador y ex compañero sentimental, Juan Carlos Zacarías, y el abogado de éste, Víctor Stinfale, la extorsionaron con no revelar su verdadera identidad a cambio de quedarse con varias de sus propiedades. "El doctor Stinfale me dijo: 'Si usted no accede a nuestras pretensiones económicas y si continúa con los procesos que ya inició ante la justicia (contra Zacarías) yo la saco del tablero, le armo un escándalo público y le invento una causa por narcotráfico. Usted es la viuda de Escobar y la prensa y la justicia me van a creer a mí, nunca a usted".

Dicho y hecho. El 16 de noviembre de 1999 Santos fue detenida en su departamento del barrio de Núñez en Buenos Aires y estuvo presa hasta abril de 2001.

El juez Gabriel Cavallo la acusó de utilizar su empresa inmobiliaria Gelestar para lavar dinero del negocio de narcotráfico de Pablo Escobar.

Como el lavado de activos es un delito excarcelable en Argentina el juez la acusó de ser la jefa de una banda internacional de lavado, lo que sí conlleva pena de prisión.

La supuesta banda, según el juez, estaría conformada por su hijo Juan Sebastián Marroquín, el contador Zacarías y otras personas, y su objetivo sería recuperar el dinero de Pablo Escobar decomisado en Colombia para ingresarlo a Argentina como inversiones en finca raíz. La banda habría lavado, según las investigaciones, tres millones de dólares, una cifra ínfima si se considera la fortuna de Escobar Gaviria.

Tras las acusaciones del juez Cavallo el proceso pasó a una segunda instancia. En esta etapa Santos Caballero contó con mejor suerte. Los seis fiscales que han asumido el caso desde 1999 hasta ahora han coincidido en que no tienen las pruebas suficientes para acusar a la viuda de Escobar y a su hijo.

Hasta el mismo abogado Víctor Stinfale, a quien ella acusa de extorsión, reconoció a SEMANA que Isabel Santos "no encabezó ninguna asociación ilícita. En ningún punto hubo una organización ilícita dedicada a cometer delitos relacionados con lavado de dinero. La figura de jefa de una banda ilícita es para que quede detenida, porque es muy difícil darle la libertad dada la fama que tiene".

Dos de los fiscales en segunda instancia habían pedido la nulidad del caso porque consideraron que no había elementos para juzgarla en un proceso oral y público. Como se generó una diferencia con el juez, la Cámara Federal nombró al fiscal Carlos Cearras para que dirimiera el caso. Este nuevo fiscal permitió que el proceso pasara a la etapa del juicio pero dejó constancia de que no existían pruebas suficientes para acusar. "Advertimos un importante déficit probatorio en la instrucción que nos ocupa", dijo Cearras.

También redujo la calificación del delito. Acusó a Santos Caballero de pertenecer a una asociación ilícita, pero no de encabezarla. Como este delito tiene una pena menor y es excarcelable, el juez Cavallo tuvo que dejarla en libertad en abril de 2001.

Y ahora, en la solicitud de nulidad que acaba de emitir, el fiscal Aguilar dice que no está demostrado que los fondos "provengan de operaciones relativas al narcotráfico".

Por esa razón el fiscal no sólo solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del proceso sino que ordenó investigar al juez Cavallo y a los policías que participaron en la investigación por abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad.

Aguilar atacó duramente en su fallo a Cavallo, quien se dice que gracias al bombo que se le dio al caso de la viuda de Escobar fue ascendido a miembro de la Cámara Federal (un equivalente a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Colombia). "Por afán de persecución, por la esperanza de ascenso o premios, no es esta la primera vez que (...) se construye un castillo de naipes que debe ser derrumbado por quien detenta esa autoridad con verdadero acierto, hombría de bien, idoneidad, todo lo cual, a mi modesto entender, ha faltado en la presente causa", dice Aguilar.

La solicitud de inconstitucionalidad del fiscal Aguilar parece confirmar lo que la familia de Pablo Escobar argumentó desde un primer momento: que han sido víctimas de su apellido. Primero, al sufrir los chantajes de personas inescrupulosas que se aprovecharon de su situación, y luego, durante un trámite judicial en el cual parecen haber primado motivaciones extrajudiciales.

El año pasado, cuando se decidía la suerte de Isabel Santos, la sociedad argentina estaba escandalizada por las denuncias de lavado de dinero de los capos del narcotráfico mexicano y por importantes casos de contrabando y corrupción. Qué mejor para los poderes estatales que hacer gala de inflexibles procesando ni más ni menos que a la viuda de Pablo Escobar.

"Si el fiscal pide la nulidad del proceso es porque debe haber gruesos errores de procedimiento, ya que los fiscales están para acusar a las personas de cometer delitos y no para pedir su sobreseimiento", afirmó el penalista Marcelo Parrilli sobre la solicitud de Aguilar.

A pesar de que el panorama parece bastante alentador para los Escobar la realidad es que todavía no pueden cantar victoria. Si el Tribunal Oral Federal 6, que es la máxima instancia, coincide con los planteamientos del fiscal Aguilar, no se realizará el juicio y María Isabel Santos finalmente podrá despertar de esta pesadilla.

Pero eso no es seguro. La periodista Adriana Mayer, del diario Página 12, que investigó el caso, dijo a SEMANA que "en los pasillos de los tribunales se comentó que los allegados a los magistrados creen que el juicio se terminará realizando". Si esto llega a ocurrir el calvario de la familia del mayor narcotraficante de la historia continuará.

En todo caso el hecho de que, por sexta vez, el dedo acusador del Estado se niegue a levantarse contra Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín se ha convertido en una luz de esperanza para esta familia que ha intentado infructuosamente liberarse de una vez por todas de un pasado que se niega a perdonarlos.