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A las seis de la mañana, los camiones que llevan petróleo desde Los Pozos hasta Puerto Loro, en el Huila, son escoltados por cuatro tanquetas del Ejército.

CRÓNICA

A diez años del Caguán

Una década después del final de las negociaciones con las Farc, San Vicente del Caguán carga aún el peso de la estigmatización, sigue amenazada por la guerrilla y solo ha visto llegar al Estado en camuflado. Andrea Peña, de SEMANA, visitó la región.

18 de febrero de 2012

Son las seis de la mañana y los motores de 23 carrotanques y cuatro tanquetas del Ejército ronronean entre la espesa niebla que envuelve la carretera que va de San Vicente del Caguán a Florencia. Los primeros llevan el petróleo que la empresa china Emerald Energy empezó a extraer hace tres años en la región. Las tanquetas, y cientos de militares a lo largo de la vía, los escoltan en su largo recorrido. Ni la llegada del petróleo ni la del Ejército han podido impedir, diez años después de terminadas las negociaciones entre el gobierno y las Farc, que esta carretera -la misma en la que fue secuestrada Íngrid Betancourt en febrero de 2002- siga todavía bajo el ojo vigilante de esa guerrilla, que ha atacado la caravana cinco veces en los últimos 20 días y tiene prohibido el tránsito nocturno.

Han pasado 13 años desde que San Vicente del Caguán saltó a la fama mundial como epicentro de los diálogos entre el gobierno y las Farc, iniciados en 1999, con la desmilitarización de 42.000 kilómetros cuadrados en cinco municipios: La Macarena, La Uribe, Mesetas y Vistahermosa, en Meta, y San Vicente, en Caquetá. En el pueblo, los guerrilleros compraban en las tiendas, bebían en los bares y hacían parrandas. Abundaban el dinero y la coca. Esa apartada región de Colombia vio desfilar ministros, empresarios, destacados personajes extranjeros, cerca de 200 periodistas y hasta cantantes como Marbelle y escritores como Gabo. Las Farc se convirtieron en el Estado local, mientras en el resto del país una escalada del conflicto armado llevó las tensiones entre el gobierno y la guerrilla hasta la ruptura final. La mañana del 20 de febrero de 2002, las Farc secuestraron un avión con el senador Jorge Gechem a bordo. Horas después, el presidente Andrés Pastrana, en una dramática alocución televisada, decretaba el fin de las negociaciones y ordenaba al Ejército retomar la 'zona de despeje'.

Diez años después, quedan apenas algunos rastros de esos tiempos. San Vicente tiene aire de normalidad y el parque está lleno de mototaxis y jóvenes en bicicletas. En la Oficina de Información donde las Farc atendían a la ciudadanía, en el parque de San Vicente, funciona ahora la seccional del ICA. Frente a la finca Villa Nora, al otro lado del río Caguán, donde la pasaban Jojoy y otros jefes guerrilleros, soldados del Ejército preguntan a todo el que pasa de dónde viene y para dónde va. En Villa Colombia, sede de los diálogos, no hay traza de las vallas con la imagen de Jacobo Arenas y Tirofijo, aunque la edificación, derruida luego de un atentado hace un mes, da cuenta de que la normalidad dista de haber llegado.

Esto es la superficie. La experiencia del Caguán ha dejado profundas huellas en la región y la mayoría de sus habitantes no quiere saber nada del despeje. Javier, un comerciante, se queja de una de ellas: la estigmatización. "Antes era un orgullo decir que era un ganadero de la región. Hoy la Policía y el Ejército me paran en los retenes a cada rato y me retienen hasta media hora el carro hasta que no le revisan desde las llantas hasta el chasís". 

"Somos objetivo militar. Dicen que como la petrolera no ha pagado (la extorsión a la guerrilla) por eso nos dan", cuenta en voz baja Julián, uno de los conductores de los carrotanques con petróleo que escolta el Ejército en la carretera entre San Vicente y Florencia. Otro, aguanta el calor, enfundado en un chaleco antibalas y con casco. Los ataques recientes de la guerrilla atestiguan que el Estado ni siquiera ha recuperado el control completo de la principal vía de la región.

Por ella nadie circula de noche y no pasan muchos carros particulares. Los taxis rojos y blancos que sí lo hacen aceleran hasta 100 kilómetros por hora entre los huecos y los derrumbes del invierno. "Es que es mejor meterle pata que quedar en la mitad de la caravana", dice un conductor, temeroso de caer en un ataque.

Tras el dominio guerrillero, a algunos puntos de la región llegaron los paramilitares del Bloque Central Bolívar. Se dispararon los homicidios, estallaron bombas y descuartizaron a seis 'policías cívicos' que en tiempos de la zona de distensión recogían borrachos y evitaban riñas. La gente recuerda con pavor el maltrato y la estigmatización a la que fueron sometidos, y no solo por parte de los paras. "Un capitán de la Policía nos decía hijueperras, los voy a sacar a Tijuana para que los piquen los paras", dice un taxista, hablando del célebre retén de las autodefensas, a cinco minutos del casco urbano de San Vicente.

El terror de los paras terminó cuando se desmovilizaron en 2006, pero ni eso ni la fuerte presencia militar y policial impiden hoy que la región siga viviendo en medio del temor. En los últimos años han disminuido los homicidios, aunque la cifra sigue siendo notoria (de diez en enero de 2011, a cinco este año) y las mujeres agarran duro la cartera y el celular para evitar robos. A comienzos de enero a la madre Reina Amparo, directora del Círculo de Lectura con el que ganó el Premio Nacional de Paz 2007, le robaron el computador con el que trabajaban los niños, un televisor y hasta las sábanas.  

Ante la inseguridad de hoy, los pobladores recuerdan los tiempos en que, bajo la guerrilla, no había ni muertos, ni robos. "Eso se oye mal decirlo, pero cuando la guerrilla estaba había seguridad". Palabras como las de Josué contrastan con las cifras del gobierno, según las cuales la percepción favorable del Estado pasó en esta zona del 29,8 por ciento en 2008, al 59,5 por ciento en 2010.

Algo similar opinan muchos sobre las vías secundarias. Aunque ya no queda rastro de la maquinaria con la que el Mono Jojoy ordenó arreglar muchas carreteras, la gente recuerda que en esos tiempos el recorrido entre San Vicente y La Macarena tomaba unas dos horas y media. Hoy demanda cerca de seis.

Nada de esto significa que la gente añore la presencia de las Farc. Todo lo contrario. La guerrilla huyó en 2002 pero mantiene hoy una fuerte presencia. Según inteligencia militar, en el Caquetá están los frentes 15, 49 y 63 de las Farc y parte de la columna móvil Teófilo Forero. El miedo y la extorsión son generalizados. "Aquí toditos pagamos la vacuna. Yo, por ejemplo, tengo que pagar 500.000 pesos anuales", dice una vendedora de quesos. Un fenómeno que no logra impedir la fuerte presencia del Ejército, con el Batallón Cazadores, la Brigada 12 y dos brigadas móviles. El comandante de la Policía, mayor Pedro Nel Peña, dice que la lucha es para que la gente denuncie. "Es difícil acabar esa cultura", agrega.

La antigua zona de despeje es una de las 14 'áreas de consolidación' del gobierno, que son varias zonas críticas y que el Estado planea recuperar militar, social y económicamente. Un reporte oficial sostiene que "el ambiente es cada vez más alentador" en los municipios de la zona y que hay "significativos avances" en varias áreas. Otro informe dice que se han invertido en la cuenca del río Caguán cerca de 14.000 millones de pesos y que los indicadores sociales se han elevado por encima del promedio nacional. El alcalde Domingo Pérez dice que ha habido mejoras en salud y educación. Sin embargo, instituciones clave como la Defensoría del Pueblo y el Icbf, se fueron.

El Ministerio de Defensa clasifica los municipios en tres colores: rojo para los que siguen en situación crítica de seguridad; amarillo, para los que carecen de adecuada presencia estatal y verde para los "recuperados". A diez años del retorno de la fuerza pública, ninguna parte de la antigua zona de distensión está en verde.

"En Bogotá piensan que porque aquí hay Ejército, tanques y helicópteros estamos felices y seguros. ¡Pues no! Aquí yo tengo vacas de primera con tecnología de la edad de piedra, ¿usted sí cree que el plomo me va ayudar a mejorar el negocio?", se pregunta Beatriz, dueña de una finca en Los Pozos.

Entre la presencia de la fuerza pública y la guerrilla, San Vicente del Caguán parece no salir del purgatorio en el que quedó después de tres años de despeje. La mayoría dice que lo único bueno que les dejó ese paréntesis en la historia de Colombia es que ahora sí aparecen en los mapas. Por lo demás, esperan que 'celebrar' una década de la paz que pudo ser y no fue les sirva para que la inversión en ganadería e infraestructura, que es la que más necesitan, por fin sea una realidad.