EL BOTIN

EN MAS DE UNA OPORTUNIdad los conceptos de la Procuraduría General de la Nación han levantado ampollas en el Ministerio de Defensa. Por eso no extrañó que la decisión que tomó ese organismo la semana pasada de elevar pliego de cargos contra 10 oficiales de las Fuerzas Militares por conductas presuntamente irregulares en la firma de un contrato multimillonario para la adquisición de 52.969 pares de botas, llevara al propio ministro, Rafael Pardo, a decir que la Procuraduría estaba "haciendo juicios parciales y apresurados sin oír a la gente".
Esa decisión de la Procuraduría se vino a sumar al caso, también recientemente ventilado ante los medios de comunicación, de la solicitud de destitución del general Jesús Armando Arias Cabrales por los sucesos del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Los dos hechos hicieron circular otra vez en los cuarteles el rumor del llamado síndrome de la Procuraduría.
Según el Ministerio Público, podrían existir inconsistencias jurídicas en la adjudicación del contrato para la fabricación y compra de las botas, contrato que ascendió a 994'545.944 pesos. Al parecer, los militares implicados no acataron las exigencias que en materia de contratación directa establece la circular 1567 de febrero de 1993, firmada por el ministro Rafael Pardo, cuya finalidad es lograr una mayor transparencia en la realización de este tipo de negocios.
La procuradora delegada para la Contratación Administrativa, Ana María Ruán, considera que es posible que durante el proceso de adjudicación del contrato se hayan violado los principios constitucionales de la igualdad, la transparencia y el debido proceso. Además -dice ella-, "posiblemente se violaron los principios rectores de la función administrativa, como la imparcialidad, la igualdad y la eficacia".
Según la Procuraduría, los 10 militares y dos civiles que participaron en la realización del negocio no dieron el mismo tratamiento a la Compañía Industrial de Calzado (CIC) y a Must Trading Ltda., y favorecieron a esta última empresa.

PARDO NO FIRMO
Todo este lío jurídico-comercial comenzó a finales de agosto del año pasado, cuando el Ministerio de Defensa publicó un aviso en los principales periódicos del país en el que invitaba a las empresas especializadas y a los proveedores del Ministerio a presentar cotizaciones y ofertas para la compra de las botas. Como la Compañía Industrial de Calzado ya había participado en licitaciones anteriores, el 31 de agosto el Ministerio de Defensa le hizo llegar copia de dicha invitación. En ella aparecían las especificaciones y características que debían tener los implementos. Entre otras, debían ser botas Jungla, fabricadas en material resistente.
Por lo general las instituciones oficiales celebran sus contratos previa una licitación pública, pero, en el caso del Ministerio de Defensa, en algunas ocasiones excepcionales dichos negocios se llevan a cabo a través de contrataciones directas, especialmente cuando se argumentan razones de suma urgencia. Así sucedió en este caso. La razón para ello fue que las botas eran requeridas con prontitud por varios contingentes.
El 13 de septiembre se venció el plazo para el cierre de cotizaciones por parte de las empresas aspirantes. Se presentaron 12 proponentes -seis fabricantes nacionales y seis compañías importadoras- y luego de un análisis por parte de los comités económico, jurídico y técnico de la Intendencia del Ejército, fueron declaradas elegibles dos empresas: la CIC, que ocupó el primer lugar de calidad tanto en la oferta principal como en la alternativa, y Must Trading, representante de la empresa Grulla.
El 21 de octubre, luego de evaluar las dos propuestas, la Dirección de Intendencia del Ejército presentó a la Junta Técnica de Adquisiciones y Licitaciones una ponencia favorable a la Compañía Industrial de Calzado. Con base en esa recomendación, el expediente pasó al Ministerio de Defensa para la firma del ministro Pardo.
Una vez llegó al Ministerio, el expediente fue asignado al Grupo de Seguimiento -organismo creado por Pardo para evaluar la idoneidad y la calidad de las empresas proponentes y de sus productos- que el 9 de diciembre también rindió concepto favorable a la CIC.
El concepto se radicó en el despacho del Ministro el 10 de diciembre. Pero ese mismo día Pardo se enfermó del corazón y debió ser internado de urgencia en la Clínica Shaio. Nunca firmó el contrato.

DEMANDAN AL MINISTERIO
Pero lo que se daba como un hecho antes de la enfermedad del Ministro, cambió radicalmente una vez éste fue hospitalizado. El 21 de diciembre, el Ministerio de Defensa envió una carta a la CIC y otra a Must Trading en la cual se les informaba que para el día 23 había sido activado el Comité de Negociación "para efectos de fijación de precios".
Según los abogados de la CIC, dicha citación de habría realizado violando las disposiciones de la resolución 1567, firmada por Pardo, que establece, cuando se trata de contrataciones directas, que "al delegado del Ministro ante la Junta Técnica se deberá remitir, con anticipación de 72 horas a la celebración de la misma, la agenda correspondiente con el soporte documental, para que conozca con suficiente antelación la temática por tratar".
A esa reunión asistieron, Carlos Alberto Pereira, gerente de la CIC, y los generales Camilo Zúñiga Chaparro, segundo comandante del Ejército; Eddi Alberto Pallares, secretario general del Ministerio, y Fernando González Muñoz, intendente general del Ejército. A todos ellos la Procuraduría les abrió pliego de cargos, al igual que al director de Intendencia, coronel Luis Carlos Ramírez López y al coronel Gustavo Adolfo Báez Báez, entre otros.
Según los abogados, "en la reunión se trataron muy superficialmente las especificaciones sobre la calidad de los bienes y sólo se les pidió a nuestros representados que rebajaran los precios ofrecidos inicialmente, en vista de que con uno menor en el par de botas, sin tener en cuenta la calidad, el Ministerio podría comprar una cantidad mayor, aunque no garantizara duración".
El 27 de diciembre, la secretaría del Ministerio devolvió el proyecto de resolución al Ejército y dispuso que se efectuara una nueva Junta Técnica de Adquisiciones y Licitaciones, la cual se llevó a cabo el 28 de diciembre, adjudicándose finalmente a Must Trading.
Desde entonces se inició una verdadera batalla jurídica por parte de la CIC para tratar de demostrar que fue discriminada por los funcionarios del Ministerio de Defensa: "Es como si nos hubieran pedido una cotización para un Mercedes Benz para terminar comprando un Renault 4", dijo a SEMANA uno de los propietarios de esa compañía.
En estas circunstancias, la decisión de la Procuraduría sólo viene a ser un capítulo más de toda la historia, entre otras cosas porque se trata de un concepto preliminar el cual bien podría variar si los implicados logran demostrar su inocencia una vez presenten sus descargos.
El capítulo siguiente ya empezó a escribirse, pues la CIC acaba de demandar al Ministerio de Defensa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca. El fallo podría demorar algunos años, pero en caso de ser favorable a dicha empresa la Nación debería pagar cerca de 400 millones de pesos por los daños y perjuicios causados.