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Vía Cúcuta -Tibú. - Foto: Juan Carlos Sierra

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El desconocido proceso contra el exgobernador William Villamizar por un millonario contrato

La defensa del exmandatario culpo a la ola invernal del 2009 para justificar la forma en cómo se escogió al contratista.

Tras muchos ires y venires se reactivó en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el proceso en contra del exgobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado (2008-2011) por las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de un millonario contrato para el “suministro de materiales pétreos para la pavimentación de la red secundario” de ese departamento.

Este contrato presentó notables retrasos que afectaron gravemente su ejecución. Esto generó -según los cálculos de las autoridades- un detrimento patrimonial de 3.741 millones de pesos. En la acusación se señala que el entonces mandatario gubernamental incurrió en una vulneración de los principios de planeación, transparencia, economía, selección objetiva y responsabilidad.

Esto porque no se adelantaron los estudios previos para la obra ni se definió la necesidad específica a suplir con la contratación. En el marco de la recolección de pruebas, se determinó no se agotó el proceso exigido para la selección del contratista, con el fin de garantizar la transparencia y debida aplicación de los recursos públicos. Además, no se protegió la asignación de los dineros adicionales para el mencionado contrato, ni se realizaron los estudios previos para definir la necesidad del mismo.

El contrato como la interventoría se le habían sido entregados a una persona con la que el gobernador tenía una relación de afinidad por su apoyo a su candidatura para su primer mandato: “Ocasionó un detrimento patrimonial al erario de $3.741.433.960 por el compromiso presupuestal contenido en el contrato, derivado de la obtención de un crédito, el cual, como ordenador del gasto, administró completamente, expidiendo certificados de disponibilidad e imputaciones presupuestales”.

El gobernador de Norte de Santander habría delegado todo el proceso de contratación a su secretario de Infraestructura, esto con el fin de desvincularse de responsabilidad alguna con todo el proceso de contratación.

Tras evaluar las peticiones presentadas por la defensa del mandatario departamental, la Corte fijó las pruebas documentales y testimoniales que serán tenidas en cuenta en el juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

El gobernador, por medio de su defensa, ha manifestado que el proceso de contratación cumplió con todos los requisitos, alegando que debido a los fenómenos de La Niña y El Niño no se pudo realizar el proceso licitatorio, por lo que se tomó la decisión de adelantar un proceso de selección abreviada por subasta interna. Para sustentar su dicho pide que se tenga en cuenta un informe de la Contraloría que advierte que con la celebración del contrato “no se causó detrimento patrimonial” al departamento.

Frente a esta prueba fundamental para la defensa del exmandatario, la Corte hizo un fuerte llamado de atención, puesto que se solicitó copia íntegra y auténtica del proceso de responsabilidad fiscal. “(...) resulta inútil e impertinente traer todo el proceso adelantado ante la Contraloría General de la República, pues, si no se exponen con claridad cuáles apartes o elementos de aquel proceso tienen relación con los cargos formulados por la Fiscalía, puede terminar por generar más confusión, en lugar de ayudar a dilucidar el asunto”.

En el fallo de 20 páginas, la Corte indicó que es necesario explicar todas las condiciones del cuestionado contrato y detallar la forma en cómo la calidad del material aumentó el riesgo del desarrollo de la obra. “(...) la ficha técnica referenciada sí es pertinente y puede ser útil al proceso para dilucidar las reconvenciones elevadas por el ente persecutor en este particular aspecto”.

Además, se hace necesario tener información sobre el estudio de los precios del material que fue adquirido, el valor total del contrato, entre otros detalles. Esta vez, el llamado de atención fue para la Fiscalía, que consideró que estos documentos no tenían que ver con los hechos mencionados en la acusación.

Con esta práctica de pruebas, se destraba el juicio contra Villamizar Laguado, quien también fue gobernador de Norte de Santander entre 2016 y 2019.