El hacinamiento aterrador de las URI

Un nuevo problema tienen las autoridades penitenciarias y el Ministerio de Justicia: las vergonzosas condiciones de hacinamiento que por mucho tiempo han afectado a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá, consideradas los lugares de paso de los detenidos.

Según los datos entregados por Minjusticia, en Bogotá hay cerca de 341 personas detenidas en estos sitios. La mayoría de los internos tienen medida de aseguramiento por varios delitos, mientras otros esperan el trámite de judicialización. Precisamente, por cuenta del hacinamiento en los centros penitenciarios, son difíciles los traslados desde las URI.

Por ejemplo, se evidenció que en las cinco URI que existen en Bogotá los internos duermen en los pasillos y algunos de ellos están esposados en barandas de las escaleras y los muebles. Incluso, hay enfermos cubiertos con cobijas, ubicados al lado de los demás reclusos. Estas situaciones y otras irregularidades afectan estos espacios penitenciarios.

Cifras facilitadas por la Defensoría advierten que en las URI de Ciudad Bolívar y la Granja (Engativá), se presentan el 108 por ciento y 255 por ciento de hacinamiento, respectivamente. En estos dos lugares, la presencia de 78 presos supera la capacidad de internos. Por su parte, 13 presos internos de las URI de Toberín, Kennedy y Puente Aranda son los reclusos que están fuera del límite. La crisis también afecta la URI de los adolescentes. La entidad asegura que hay 25 jóvenes ubicados en los pasillos y el índice de hacinamiento asciende a 96 por ciento.

Uno de los casos más vulnerables lo enfrenta la URI que corresponde a la localidad de Engativá. En una visita de representantes de Minjusticia, la Vicefiscalía general y la Defensoría del Pueblo, realizada en la noche de este martes, se constató la forma inhumana en la que viven los presos que allí se encuentran.

El panorama es poco claro. Y mientras se alcanza una solución, los presos de la URI de Engativá deberán vivir en las críticas condiciones, en las que por celda, cuando deberían haber cinco personas, hay más de 30. Además, se suma que las condiciones de higiene son precarias.

Desde que comenzó este año, la Defensoría ha insistido en los problemas de las cárceles, que parecen de nunca acabar. Por ejemplo, en una visita a la vieja cárcel de Bellavista, en Medellín, se encontró que ésta tiene una capacidad para 2.424 presos, pero el total de la población carcelaria interna es de 7.444. Su hacinamiento llega al 207 por ciento.

En ese centro carcelario también se hallaron humedades en las baterías sanitarias, las duchas, los pasillos y las zonas comunes de los pabellones. Allí, el tema de salubridad es tan complicado que la recolección de basuras, realizada por los internos, no alcanza a cubrir el producido total según el número de internos, visitantes, funcionarios y contratistas.

Y si por Antioquia llueve por La Guajira no escampa. La cárcel de Riohacha es una de las más congestionadas del país. Tiene cupo para cien presos y en la actualidad hay 500. De ellos, 416 son sindicados y 84 condenados.

Allí tampoco hay agua potable, y los presos, como sucede en otras cárceles, deben acomodarse, como puedan, en pasillos y hasta en las oficinas de la enfermería. Las enfermedades abundan y hay poco personal médico. La denuncia de la Defensoría advirtió que esa entidad, en el 2007, interpuso acciones legales para superar la crisis de ese penal, pero nada se solucionó.

A pesar de las evidencias, según la información concedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), durante el 2012 ese organismo destinó 850 millones de pesos para realizar mejoras locativas e invertir en la atención a la población carcelaria. No obstante, el instituto aclara que esas obras de infraestructura se ejecutarán este año.

Otro informe que avanza en la Defensoría es el de la cárcel de Pedregal, también ubicada en Antioquia. Aunque en este establecimiento, que cuenta con 2.520 internos y 1.248 internas, no hay hacinamiento, sí persiste un problema con el servicio de salud de los reclusos. De acuerdo con un reporte de la Defensoría, allí hay seis mujeres y 11 hombres diagnosticados con infección por VIH, sin embargo, dice el registro, los medicamentos llegan esporádicamente.

En ese centro penitenciario también hay pacientes con tuberculosis, quienes tampoco reciben la atención y el tratamiento adecuados. En una visita realizada en el pasado mes de noviembre, la Defensoría detectó que en este penal no existe un contrato con alguna IPS, de tal manera que son ausentes los profesionales de salud. Tampoco cuentan con insumos hospitalarios. Esta crisis carcelaria no es un tema menor. La mayoría de las cárceles del país se encuentra en una situación similar.

Tras conocer la critica situación, el Inpec y el Distrito, con la mediación de Minjusticia, llegaron a un acuerdo para descongestionar las URI. Se acordó trasladar a la Cárcel Distrital 212 personas recluidas en las URI y que tienen medida de aseguramiento. Por su parte, a otros centros de reclusión del Inpec serán trasladadas 47 personas sindicadas de delitos graves. Dichos traslados se llevarán a cabo esta misma semana.

Finalmente, se pondrá en marcha un plan piloto que presentará medidas definitivas para resolver la sobrepoblación en las cárceles del país.