Santos y la fórmula para acelerar el ‘fast track'

Aunque el fallo de la Corte Constitucional sobre el fast track fue interpretado como un golpe a la implementación del acuerdo de paz con las Farc, el gobierno colombiano intentó dar un parte de tranquilidad y confianza sobre la aprobación de leyes y reformas que le den vida al pacto para poner punto final al conflicto armado.

Primero fue el secretario de Presidencia, Alfonso Prada; después, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y luego el presidente de la República, Juan Manuel Santos, desde Estados Unidos. Todos coincidieron en afirmar que las mayorías en el Congreso serán las que le permitan al gobierno superar el impase que supuso la decisión de la corte.

“El Congreso ha venido apoyando el proceso de paz y yo creo que seguirá apoyando. Congreso y Gobierno tenemos una gran responsabilidad y esperamos seguir trabajando juntos”, manifestó Santos al salir de la Casa Blanca, donde este jueves se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la noche del miércoles se conoció que la Corte Constitucional había declarado inexequibles dos acápites del acto legislativo que habilitó el fast track: el que permitía que los proyectos fueran votados en bloque y la cláusula que impedía a los congresistas presentar proposiciones sin el aval del gobierno.

Antecedentes: el duro golpe de la Corte al ‘fast track‘

La primera de estas normas permitía agilizar los debates en comisiones y plenarias. En gran parte esta obligación era el seguro que requería el documento firmado en La Habana para pasar sin mayores modificaciones de contenido por el Congreso. Así, los congresistas podían votar solo Sí o No al bloque de normas, pero no podían entrar en los detalles. Como los temas del proceso de paz despiertan tantas suspicacias y debates, la norma que tumbó la corte era fundamental para lograr esa agilidad de los tiempos del proceso de paz. 

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La segunda norma no era menos importante. Se trataba de la imposibilidad para cualquier congresista de incluir una proposición para alterar el contenido de los acuerdos, sin contar con el aval del gobierno. Esto hacia que fuera prácticamente imposible que del Congreso saliera algún tema que no fuera aprobado en La Habana y limitaba la posibilidad de los parlamentarios de tener sus propias banderas dentro de los debates. Se trataba también de una garantía para proteger el espíritu de lo acordado en La Habana.

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Eso, en términos de mecánica legislativa, significa que en adelante todos los  proyectos de ley o de reforma constitucional para implementar el acuerdo de paz deberán ser aprobados artículo por artículo, y que cualquier parlamentario podrá presentar proposiciones las cuales deberán discutirse  así no cuenten con la firma del ministro del Interior. Y no solo discutirse, sino que pueden aprobarse cambiando puntos fundamentales de lo pactado si esas nuevas propuestas lograran las mayorías en el Congreso.

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Este último es un asunto que preocupa a las Farc. De hecho, esta organización se declaró en Asamblea Permanente a la espera de la evolución de la implementación, aunque mantuvieron su confianza en que el gobierno pueda superar este nuevo obstáculo.

¿Cómo lo resolverá el gobierno?

Solo existe un plan B: aferrarse a la gobernabilidad en el Congreso. Sin embargo, el ministro Cristo admitió que el trámite de la implementación podría ralentizarse, con el agravante de que los tiempos no son el mejor aliado y que, según ha trascendido, él se retiraría muy pronto del gobierno y un nuevo ministro tendría que estrenarse en esta coyuntura difícil. Si la agenda parecía apretada, ahora, con la decisión de la Corte, lo que empieza para el gobierno es una carrera contra el reloj.

 1. Fe en las mayorías

Este jueves, el ministro del Interior se reunió con los jefes de los partidos de la Unidad Nacional en la casa de La Giralda. Un encuentro que sirvió para que los partidos ratificaran el respaldo que le han venido brindando al gobierno desde que presentó el marco jurídico para la paz, hace más de seis años.

Unas mayorías que tuvieron su punto alto con la refrendación del acuerdo de paz del Teatro Colón, que se produjo después del plebiscito. En el Senado, por ejemplo, 75 senadores, de 102 aprobaron el acuerdo. En la Cámara, 130 de 166 representantes lo refrendaron.

Si bien es cierto que ninguno de los proyectos aprobados en la fase de fast track estuvieron penando por falta de votos, la ley de amnistía, el blindaje jurídico del acuerdo, la Jurisdicción Especial de Paz, el estatuto de oposición, y la reforma para la reincorporación política de la guerrilla, no tuvieron resultados apabullantes. Fueron aprobados con las mayorías justas.

En consecuencia, la aprobación de las leyes y reformas de la implementación no están en riesgo, como bien lo asegura el gobierno. Sin embargo, para garantizarlas, el Ministro del Interior (quien reemplace a Juan Fernando Cristo) y el propio secretario de Presidencia, no podrán escatimar esfuerzos en garantizarle la gobernabilidad al presidente Santos.  

2. Congresistas con la mente en las elecciones  

Tras el fallo de la corte, el Congreso no se puede dar el lujo de perder un solo minuto, pues el fast track tiene términos precisos. Lo preocupante para el gobierno es que el grueso de iniciativas que hacen falta para implementar el acuerdo de paz podrían ser aprobadas después del 20 de julio, cuando los congresistas tienen la mente más en el futuro que se jugarán en las elecciones parlamentarias de 2018.

El gobierno tendrá que resolver uno de los males endémicos del Congreso, el ausentismo. Son numerosas las sesiones que se levantan y se aplazan por falta de quórum, o las votaciones que se frustran por la misma razón.

En las actuales circunstancias, el gobierno tendría que impulsar al Congreso para convocar sesiones los jueves y los viernes, días en los que generalmente no sesiona ni el Senado ni la Cámara para permitir que los parlamentarios atiendan sus asuntos en sus respectivas regiones. 

Con esta urgencia manifiesta, los proyectos sobre implementación podrían convertirse en mecanismo de chantaje de algunos parlamentarios, a la espera de oxígeno en los últimos meses del gobierno.

3. Inquietud por los conservadores

Según los acuerdos políticos de 2014, el 20 de julio será elegido presidente del Senado el conservador Efraín Cepeda, quien en la práctica será el encargado de definir el orden del día y liderar los debates.

La incertidumbre frente a los conservadores no es nueva y ahora, ante la expectativa electoral, se mantiene la inquietud de si se mantendrán en la Unidad Nacional o si darán el salto a la oposición, como lo reclaman sus bases y algunos de sus más renombrados dirigentes.

Cepeda, sin embargo, no genera tanta preocupación en el gobierno, pues ha sido uno de los más leales ‘conservadores santisitas’. El mismo senador le reiteró a Semana.com que el Partido Conservador seguirá respaldando al gobierno en el proceso de paz, y sacó factura al señalar que las iniciativas, hasta ahora aprobadas en el mecanismo fast track, han sido votadas por todos los parlamentarios azules, cuando en otras colectividades ha brillado el ausentismo.

4. El reloj, el peor enemigo

El acto legislativo que habilitó el fast track estableció un término de vigencia a este mecanismo. Seis meses, prorrogables por otros seis. Se puso en marcha el 1 de diciembre, por lo que se extenderá hasta el 30 de mayo. Para ampliarlo, el gobierno ya tiene preparado el decreto reclamando la prórroga, la cual se extendería hasta el 30 de noviembre.

El objetivo del gobierno es llegar a esa fecha con todos los proyectos de implementación aprobados, de lo contrario estaría en serios aprietos. Hernán Penagos (La U) es de la idea de extender el mecanismo, sin embargo tendría que hacerse por el trámite ordinario, es decir en ocho debates y dos periodos legislativos, por lo que se haría imposible este escenario.

Según el ministro Cristo, el gobierno ya se ha preparado, y la semana entrante dejará en consideración del Congreso un nuevo paquete de proyectos, entre ellos el que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz, con el objetivo de que esta pueda entrar en vigencia en el mes de junio.

5. Seguridad a las Farc

La principal inquietud de las Farc frente al fallo de la corte es que el Congreso pueda modificar el espíritu del acuerdo de paz de La Habana, al tumbar la condición del aval del gobierno.

Cristo asegura que serán las mismas mayorías parlamentarias, en las que confía el gobierno, las que ahora brinden esta seguridad, para negar aquellas proposiciones que supongan modificaciones  sustanciales al acuerdo firmado en el Teatro Colón.

“El hecho de que no se necesite aval del gobierno, no significa que cualquiera llega y propone lo que quiere en el Congreso”, dice Cristo al señalar que la corte mantuvo en firme el literal que expresamente señala que las leyes y reformas son para desarrollar el acuerdo de paz. “Queda claro que no se pueden aprobar normas en el Congreso que vayan en contravía del acuerdo. 

Para el gobierno el fallo de la corte generó obstáculos, pero son subsanables. Sin embargo, el único plan previsto para resolverlas son las mayorías con las que Santos cuenta en el Capitolio desde que apostó por un proceso de paz.

6. La Justicia

La construcción del andamiaje para la Jurisdicción Especial para la Paz puede ser la que se vea más en peligro. El tema requería una mayor velocidad y aún sin la decisión de la Corte los tiempos ya estaban colgados. La ley de Amnistía se aprobó casi que de manera exprés, pero no pasó lo mismo con el acto legislativo de la Jurisdicción de Paz. En ese debate se hizo evidente que el ‘fast track‘ no era impedimento para los debates se agudizaran y se trancaran en posiciones irreconciliables.

La posición crítica del fiscal Néstor Humberto Martínez hizo que el debate tomara más tiempo y generó dudas entre muchos congresistas que se sentían identificados con sus temores. Ahora, el paso que viene es el trámite de la ley estatutaria en donde se deben definir los detalles de esa justicia transicional. Y esa ley jugará con las nuevas reglas en las que todo se puede discutir y cualquier proposición se puede presentar.

Si a eso se suma que aún no hay ni siquiera una convocatoria abierta para conformar el Tribunal para la Paz, es probable que llegue el final del año y aún ese sistema no esté andando.