El pleito que perdió Jaime Granados, abogado de Uribe, en caso de su hermano Santiago

La Comisión de Disciplina Judicial confirmó la terminación anticipada de la actuación disciplinaria que se adelantaba en contra del abogado Daniel Ernesto Prado Albarracín. El proceso inició con la queja presentada por el también abogado Jaime Granados contra su colega, al considerar que Prado Albarracín filtró declaraciones que dieron tres exempleados de la hacienda “La Carolina” en las que se menciona a Santiago Uribe Vélez.

Cabe recordar que en este caso, el proceso inició con la queja presentada por el también abogado Jaime Enrique Granados Peña contra su colega, al considerar que Prado Albarracín filtró declaraciones que dieron tres exempleados de la hacienda “La Carolina” en las que se menciona a Santiago Uribe Vélez.

En la queja, Granados Peña indicó que, para la fecha de la publicación de los testimonios en dos medios de comunicación, Daniel Ernesto Prado Albarracín era la única parte del proceso que tenía acceso a las copias de las diligencias que fueron filtradas. Para el quejoso, la vulneración de la reserva de la investigación pretendía intervenir en los resultados de la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Iván Duque Márquez y Gustavo Petro en junio de 2018.

El entonces Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá determinó que ninguna de las pruebas tenidas en cuenta dentro de la investigación señalaba a Prado Albarracín como autor de la filtración. A pesar de que se confirmó que el abogado sí tenía las copias de las diligencias, no se puede concluir que este hubiese sido el responsable de enviar el material a los medios de comunicación para las publicaciones.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, confirmó lo indicado por la primera instancia al considerar que “cada uno de los hechos indicantes señalados por el apoderado del quejoso son meramente contingentes, es decir que cada una de ellas señalan varias conclusiones posibles, razón por la cual no conducen directamente a la certeza, sino que señala probabilidades de que el hecho indicado haya sido consecuencia del indicador.”

El caso

Ya son casi 26 años desde que fue abierta la investigación por concierto para delinquir agravado y homicidio contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Aunque hubo un inhibitorio en 1999, y el proceso estuvo durmiendo por cerca de una década en los anaqueles de la Justicia, en 2010 se reactivó. Desde entonces, la Fiscalía (que pide la condena) y la defensa han cruzado pruebas.

En el Tribunal de Medellín han desfilado testigos, versiones, pruebas, reversazos, y se ha controvertido la existencia de los Doce Apóstoles; pero el caso ha girado en torno a un puñado de testigos que señalan a Uribe como uno de los jefes de la organización criminal y que son duramente cuestionados por la defensa.

El juicio en la mesa está así: la Fiscalía pide condena contra Santiago Uribe por concierto para delinquir agravado, como presunto fundador de los Doce Apóstoles; y homicidio agravado, por la muerte del conductor Barrientos. La Procuraduría respalda la acusación por la creación del grupo paramilitar; en cuanto al asesinato, considera que las pruebas son insuficientes para señalar su responsabilidad.

Los testigos

Juan Carlos Meneses fue comandante de la Policía para la época en la que ocurrieron los hechos achacados a Santiago Uribe. Confesó y fue condenado por el asesinato del conductor Camilo Barrientos, y asegura que esta muerte tuvo el aval del ganadero. Además que, en enero de 1994, al llegar como comandante, el capitán saliente, Pedro Manuel Benavides, le informó que se había conformado un grupo paramilitar financiado por Santiago Uribe, se lo presentaron como la persona que lideraba y a quien le debía rendir cuentas.