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Según Ariel Ávila, matan a aquellos líderes que hacen control político y se vuelven ‘incómodos’ para intereses criminales de todo orden. | Foto: Juan Carlos Sierra

CONFLICTO

“A los líderes los matan por la impunidad en las regiones”: Ariel Ávila

El investigador Ariel Ávila publica un nuevo libro para determinar qué hay detrás de los asesinatos de los líderes sociales. En diálogo con SEMANA, explica los hallazgos de su investigación.

29 de agosto de 2020

SEMANA: En su libro usted quiso responder una pregunta que muchos colombianos se hacen: por qué matan a los líderes sociales. ¿Qué concluyó?

Ariel Ávila: Lo primero que hay que decir es que en estos crímenes se evidencia un patrón de sistematicidad claro. El Gobierno tiene razón en afirmar que los perpetradores de los asesinatos de líderes tienen distintos orígenes. Pero la sistematicidad radica en que el perfil de los muertos casi siempre es el mismo: se trata de miembros de juntas de acción comunal que se oponen a economías ilegales, de reclamantes de tierra y verdad o de personas que participan en política.

SEMANA: Pero esa violencia, por lo general, no llega solo por la política electoral. También se presenta contra quienes ejercen control político en los territorios…

A.A.: Así es. Más que contra candidatos, los crímenes se presentan contra aquellos líderes que hacen control político y se vuelven ‘incómodos’ para intereses criminales de todo orden. Por ejemplo, durante las elecciones de 2019 se produjo un aumento importante de hechos violentos contra candidatos. Pero en muchos casos los líderes asesinados terminaban siendo quienes habían tratado de obtener información sobre contratación o inversión pública.

SEMANA: Es decir, existen unas estructuras del crimen que se dedican a asesinar a todo aquel que vulnere sus intereses en la zona hasta que logran el control total.

A.A.: En el ámbito local, las personas que cuestionan la estructura de poder dominante automáticamente son víctimas de agresiones. En últimas, la utilización de la violencia se convirtió en una costumbre para tramitar disputas políticas. Un alcalde, un político, un empresario, un compañero de una Junta de Acción Comunal, un narco, un minero o cualquier ciudadano puede contratar sicarios para mandar a asesinar líderes sociales.

SEMANA: El acceso tan fácil a los sicarios a sueldo, sin duda, es un tema preocupante. ¿Pero eso no desvirtúa la teoría de que existe una gran estructura organizada que está asesinando a los líderes?

A.A.: Hay unos determinadores y otros que son los autores materiales. Los segundos, en su mayoría, son sicarios, personas contratadas a sueldo. Muchos de ellos no saben ni quién o quiénes los contrataron, solo les dan una foto y una dirección para que lo hagan. Las personas que trabajan en el homicidio por encargo abundan en Colombia y lo hacen barato. Es producto de las diferentes olas de violencia que ha tenido el país, son las guerras recicladas. A los sicarios los contratan actores legales e ilegales. El 30 por ciento de los homicidios podrían estar concentrados en el ELN, disidencias, Clan del Golfo, Rastrojos, etcétera. El otro 70 por ciento son sicarios.

SEMANA: Entonces, la cosa parece ser anárquica…

A.A.: No, de hecho, la otra conclusión del libro es que los perfiles de las víctimas son muy similares; igualmente, la concentración territorial es constante. Además, en un análisis geográfico de la victimización contra líderes sociales y de la violencia política, se podrían hacer dos tipos de interpretación. La violencia atraviesa zonas de posconflicto y zonas que no tienen esa característica. Es decir, no resulta del todo sostenible interpretar que estas situaciones son normales por el reacomodamiento criminal derivado del proceso de transición. Si bien pareciera que la violencia se centró en este tipo de territorios durante algunos años, en un análisis de largo plazo la situación no es tan clara.

SEMANA: ¿Cómo evalúa la labor del Estado a la hora de proteger la vida de los líderes?

A.A.: Creo que las críticas de quienes afirman que el Estado no ha hecho nada son injustas. De hecho, se evidencian logros y acciones importantes. Sin embargo, no han sido suficientes y su impacto es bastante bajo. Por otro lado, la mayoría de las medidas son leyes y decretos que crean numerosas instancias institucionales inoperantes y hasta contradictorias. Ante cada crisis se emite un nuevo decreto y se crea una nueva instancia. Aun con esa problemática ha sido clave el papel del Cuerpo Élite de la Policía y el de la Defensoría del Pueblo. Ahora, tengo que decirlo, me preocupa mucho que la llegada del nuevo defensor Camargo retroceda mucho de lo que se ha avanzado.

SEMANA: ¿En qué radica entonces el error principal? Porque a los líderes los siguen matando…

A.A.: Una de las fallas del Gobierno del presidente Duque ha sido no avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. Es una de las razones por las que la seguridad se ha deteriorado tanto en los últimos meses. El gran secreto de esto es judicializar a los determinadores; mientras esto no pase, la masacre no se detendrá. En las regiones, muchos perciben una gran impunidad y se sienten en libertad de mandar a matar.