John Rocha, exmilitar que amenazó a vecinos en Facatativá, habría agredido a una embarazada en el vientre, a una profesora y hasta a un niño

Ante una juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal de la Seccional Cundinamarca, presentó cargos contra John Leo Rocha Bernal por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno.

De acuerdo con las investigaciones, Rocha Bernal habría generado pánico y zozobra mediante actos agresivos y amenazantes contra sus vecinos y el personal de seguridad del conjunto residencial Heliconias, en Facatativá, donde residía. La Fiscalía confirmó que existen, actualmente, más de 50 denuncias en curso contra el imputado por diversos incidentes ocurridos entre 2017 y 2023.

Uno de los incidentes que se le atribuyen es el ataque a dos médicos debido a presuntas demoras en la atención durante una cita médica. Según la denuncia, una de las víctimas, una mujer embarazada de cinco meses fue agredida en su vientre.

Otros actos agresivos presuntamente perpetrados por Rocha Bernal datan de 2019, incluyendo agresiones a una profesora y a un niño de 13 años. El hecho más reciente fue el ocurrido en el conjunto Heliconias, donde el exmilitar habría intimidado con machete en mano al personal de seguridad y con armas de fuego y cortopunzantes a sus vecinos.

Con base en elementos materiales de prueba, evidencia física y la información legalmente obtenida, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cundinamarca llevó a cabo la captura de John Leo Rocha Bernal en Mariquita, Tolima.

Durante la audiencia, la fiscal expuso varios audios en los que Rocha intimidaba a sus vecinos con “llevárselos”, en represalia por haberlo expulsado del conjunto en el que vivía. En su intervención, la fiscal del caso manifestó que Rocha representa un peligro para la sociedad y puede seguir amenazando a sus vecinos y trabajadores del conjunto cerrado.

“Lo más importante es evitar que se materialice el alto grado de peligro que representa el señor John Leo Rocha para la sociedad”, precisó la fiscal, quien citó que existen 56 denuncias en contra del exmilitar, “amenazas, de cómo les responde a las víctimas. El hecho que esté en libertad genera zozobra y pánico en la comunidad de Facatativá”, añadió.

Para sustentar su petición, puso de presente varios audios enviados por Rocha a sus vecinos en los que anunciaba con vengarse por haberlo expulsado del conjunto. “La medida privativa es la más idónea porque no existe otra medida menos garante que la que se está solicitando y es proporcional en razón al motivo que recae sobre los intereses del derecho a la protección a la vida e integridad física de las víctimas frente al derecho a la libertad del victimario”, aseguró.

A raíz de los hechos presentados el pasado 21 de noviembre, cuando los vecinos destrozaron sus dos vehículos en medio de la manifestación para que se fuera del conjunto junto a su familia, el exmilitar envió extensos mensajes de audio a los vecinos con varios insultos y amenazas. Esta situación puso en evidencia el largo historial de denuncias del temido vecino.

El exmilitar reiteraba que tenía armas en su vivienda y que fue gracias a la Policía que llegó esa madrugada que no las utilizó contra los manifestantes. “Y voy a volver al conjunto y espero que usted me salga al ruedo, y se lo voy a poner así, señor Obregón (...). Sé que va a llegar muchedumbre, sé que me van a matar, y sé que me van a linchar, pero me llevo a seis o siete. Lo que alcance la munición y el proveedor. ¡Se lo estoy diciendo!”, se escuchaba en uno de los audios enviados por Rocha.

Por estas razones, la fiscal consideró que se debían tomar todas las medidas para proteger la vida e integridad de los vecinos del exmilitar, por lo cual la juez del caso decidió enviarlo prisión.

Finalmente, el procesado no aceptó los cargos imputados; sin embargo, a solicitud de la Fiscalía, la jueza con función de control de garantías dispuso que el exmilitar cumpla una medida privativa de la libertad en un establecimiento carcelario. Mientras avanza el proceso judicial, deberá permanecer en una cárcel en Bogotá.