Exclusivo: la historia del millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17; 70.000 millones de pesos del anticipo están en riesgo

El 6 de noviembre de 2024, el entonces segundo comandante del Ejército, general Omar Sepúlveda, recibió el campanazo de alerta sobre la inconveniencia para Colombia de contratar a la empresa estadounidense MI Series Personnel & Parts, filial de Vertol Systems Company, para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército, claves para el desplazamiento de la tropa y que se encuentran en pésimo estado. Incluso algunos permanecen en tierra.

En un documento de nueve páginas, en ruso y español, la compañía rusa NHC Mil & Kamov, única desarrolladora y propietaria del diseño de los helicópteros MI-17, le advertía al Ejército y a la Aeronáutica Civil que Personnel & Parts no contaba con la base legal para realizar el mantenimiento profundo (overhaul) a las aeronaves que se encontraban varadas en los hangares de la base de Tolemaida.

Pese a la trascendental advertencia de la compañía rusa, el Ministerio de Defensa, tras recibir el aval técnico positivo de la División de Asalto Aéreo (Davva) del Ejército, lo firmó el 31 de diciembre de 2024 a las seis de la tarde, en plenas fiestas de fin de año. Dicho asunto está siendo revisado por las autoridades. Se trata del contrato 12-2024 por 32 millones de dólares (unos 141.000 millones de pesos) para el mantenimiento de seis helicópteros MI-17.

Las aeronaves que buscaba recuperar el Ejército eran para apoyar a la tropa y evitar masacres como la ocurrida el pasado mes de abril, en la que siete militares fueron asesinados por las disidencias de las Farc durante una emboscada en el Guaviare. Los militares no contaron con apoyo aéreo para su extracción y tuvieron que caminar por una zona crítica donde fueron asesinados.

Lo pactado

En el contrato, que ahora está en el ojo del huracán de los órganos de control, se estipularon seis anexos de cumplimiento. El primero tiene como propósito realizar un mantenimiento profundo en Estados Unidos a tres MI-17, de matrículas 3396, 3398 y 3399, por un valor de 16.286.175 dólares.

El segundo anexo establece un mantenimiento menor con extensión de horas de vuelo a otros tres helicópteros, de matrículas 3375, 3384 y 3390, por un valor de 2.644.827 dólares. El tercer anexo establece el mantenimiento de siete motores de la flota MI-17, por un valor de 2.198.300 dólares.

El cuarto contempla un overhaul de 372 componentes a los MI-17, por un valor de 6.025.984 dólares. El quinto anexo establece que el contratista realizará la adquisición de 125 componentes para los MI-17, por un valor de 5.110.122 dólares.

Y el sexto habla de la adquisición de repuestos e insumos para los MI-17, por un valor de 197.990 dólares. Desde hace varias semanas, un grupo élite de la Contraloría le está haciendo un seguimiento a este millonario contrato, que tiene las alertas encendidas y podría desencadenar uno de los más graves escándalos de corrupción en la Aviación del Ejército y el Ministerio de Defensa.

Además, el caso afecta las operaciones militares y pone en riesgo vidas humanas. Fuentes que investigan el contrato indicaron que la ejecución es pobre y apenas llega al 8 por ciento, lo que contrasta de forma radical con el pago del 50 por ciento del anticipo pactado.

De los seis anexos que sirvieron como base para estructurar el contrato, según las diferentes fuentes que consultó SEMANA, el contratista solamente ha dado cumplimiento al número dos, que establece la extensión de tiempo de servicio para tres helicópteros.

Durante el seguimiento que se hizo a los avances del contrato, según las fuentes consultadas por SEMANA, se establece que el anexo tres está en cero por ciento de ejecución. El compromiso establece mantenimiento de motores por vida útil.

Sin embargo, este no se ha podido dar, pese a que el contratista asegura que cuenta con unos motores que tiene guardados hace cinco años para hacer el reemplazo, pero las piezas están en Estados Unidos y no en Colombia.

El anexo cuatro, según los investigadores de la Contraloría, también aparece con un avance del cero por ciento, pues los repuestos están arrumados en cajas en la base militar de Tolemaida.

Al anexo cinco, según fuentes del Ministerio de Defensa, tampoco se le ha dado cumplimiento por una diferencia con el contratista. De acuerdo con las fuentes, el contratista tiene las piezas para los MI-17 en una zona franca en Colombia, pero están pendientes del proceso de nacionalización. Alega que ese trámite le corresponde al Ministerio de Defensa.

Tras las posibles irregularidades que se habrían dado en el millonario contrato, y que podrían causar un gigantesco detrimento patrimonial para el Estado, en momentos en los que el Gobierno Petro habla de escasez presupuestal y propone una reforma tributaria, han ido quedando al descubierto las presuntas falencias en la planeación previa a que se hiciera la contratación.

Según estableció SEMANA, las irregularidades, presuntamente, las conocía Aviación del Ejército, en cabeza de los generales Néstor Enrique Caro y Carlos Alberto Padilla, comandantes de dicha unidad, y aun así optaron por impulsar la designación de Vertol Systems.

Las alertas

El lío que tiene a los helicópteros encargados de recoger y salvar a los uniformados en tierra y sin funcionar había sido advertido en varias ocasiones, y los implicados en el contrato, al parecer, se habrían hecho los de la vista gorda.

El 29 de octubre de 2024, dos meses antes de la firma del contrato, a través del informe 9793, se había advertido que Vertol contaba con limitaciones de mantenimiento y no tenía la capacidad de realizar el overhaul. Para el 5 de noviembre de 2024 se emitió otra alerta en la que se señalaba que MI Series no contaba con las capacidades.

El 23 de diciembre del 2024, es decir, ocho días antes de la firma del contrato, se documentó que la empresa Vertol no lograba acreditar la capacidad financiera y probablemente no podría cumplir con la ejecución del contrato, cuya fecha de terminación era el 15 de noviembre de 2025.

Pese a las alertas, el Ministerio de Defensa, en ese momento en cabeza de Iván Velásquez, dio luz verde para que se hiciera una contratación directa con Vertol con el afán de poner a volar cuanto antes los MI-17, que, como lo denunció en su momento SEMANA, se encontraban varados en los hangares del Ejército en Tolemaida.

Para el 30 de diciembre, un día antes de la firma del contrato, el área jurídica del Ministerio de Defensa dijo que Vertol cumplía con los requisitos, a excepción de la garantía de la oferta. Ese mismo día, otro informe técnico indicó que la oferta no cumplía con varios criterios, por lo que se le pidió explicaciones al contratista. El 31 de diciembre, unas horas antes de la firma del contrato, un oficio en manos del Ministerio de Defensa lanzaba otra alerta en la que se indicaba que no se había logrado determinar la acreditación en la experiencia del contratista.

Ese mismo día, de manera sorpresiva, se allegó el visto bueno del comandante de la Brigada de Aviación 32 del Ejército y gerente del proyecto, el coronel Julián Rincón, para que fuera contratada Vertol para el mantenimiento de seis helicópteros MI-17, de los cuales tres aún siguen varados en los hangares militares de Tolemaida.

Pasadas dos semanas de la firma del cuestionado contrato, es decir, el 15 de enero de 2025, se realizó la primera modificación a la cláusula 18, que tenía que ver con aspectos de la garantía de cumplimiento. Allí se le amplió el plazo al contratista para que la presentara durante los próximos 24 días.

A los nueve días de la modificación del contrato, el 24 de enero, se le amplió de nuevo el plazo por 42 días más al contratista para que presentara la garantía de cumplimiento.

Diez días después, el 3 de febrero, Vertol pidió la primera modificación de fondo del contrato. Le solicitó al Ministerio de Defensa que le permitiera realizar el overhaul en Colombia y no en Estados Unidos, como había quedado estipulado en el contrato. La solicitud fue negada.

El 11 de febrero, el contratista solicitó nuevamente la ampliación del plazo para presentar la garantía de cumplimiento, y se le concedió hasta el 25 de febrero. En esa fecha, Vertol volvió a pedir una prórroga, esta vez hasta el 11 de marzo.

Sin embargo, en esa ocasión se acordó una nueva modificación al contrato, que estableció un anticipo del 50 por ciento de su valor, con el cual el 15 de abril se le entregaron al contratista 16.231.700 dólares.Tras este escándalo que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro por otro presunto hecho de corrupción,

SEMANA habló con Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación, quien fue encomendado por Velásquez para buscarle una solución a los MI-17. Suárez Soto aseguró que toda la parte técnica para poder contratar a Vertol Systems Company estuvo a cargo de la División de Asalto Aéreo del Ejército. Dijo que, sin los conceptos favorables de esta unidad, el Ministerio de Defensa no hubiera hecho la contratación.

“Mi rol, por orden del ministro Velásquez, fue coordinar y empujar que las cosas sucedieran, porque necesitábamos recuperar la flota MI, clave para las operaciones militares. Desde el punto de vista jurídico, no tengo responsabilidad porque no firmé ningún documento y no era mi competencia”, le dijo a SEMANA. Suárez Soto agregó que todo lo que se firmó fue aprobado por la cadena de mando del Ejército, desde el general Emilio Cardozo, actual comandante.

“Eso pasó por manos de todo el equipo técnico de la Davva. Todo fue validado por toda la cadena de mando, incluyendo al propio comandante del Ejército”. Efectivamente, al revisar los documentos, se establece que los generales al más alto nivel estuvieron enterados de todo el proceso: el general Cardozo, su segundo comandante de la época, el general Omar Sepúlveda, y el general Erick Rodríguez, jefe de Operaciones del Ejército, actual segundo comandante del Ejército. Según lo que conoció SEMANA, un equipo técnico del Ejército viajó a Estados Unidos en 2024 y fue el que validó la capacidad técnica y recomendó la contratación de la empresa Vertol.

“La División de Aviación de Asalto Aéreo como explotador de las aeronaves MI-17 goza de la autonomía necesaria para determinar la manera en que escoge a los proveedores de servicios de mantenimiento”, señala un documento en poder de SEMANA.

Sobre cómo aterrizó Vertol en el Ejército, fuentes militares confirmaron que, tras la imposibilidad de contratar a la empresa rusa que normalmente les hacía el mantenimiento a los MI-17 por las sanciones que había impuesto Estados Unidos, en las que se prohibía hacer transacciones comerciales con Rusia tras la guerra con Ucrania, fue un delegado militar estadounidense el que propuso el nombre de Vertol.

Se trató del coronel Jeffrey López, agregado de la misión militar de Estados Unidos en Colombia, quien dijo que Vertol podría realizar el mantenimiento a los MI-17. Una fuente militar le confirmó a SEMANA que eso se veía venir, al referirse a los problemas de cumplimiento que ahora se están presentando.

“Vino todo el tema del estudio técnico que hizo el Ejército. Todo eso tomó muchísimo tiempo y tuvo muchas dificultades, porque, en el estudio técnico, toda esa gente estaba acostumbrada a contratar con los rusos. Como esta era una empresa americana, ahí cambiaban las formas de hacer el mantenimiento. Todas esas fueron dificultades técnicas hasta que todos los de aviación del Ejército dijeron ‘va esa empresa”’, dijo la fuente a SEMANA.

Para el caso ya se han adelantado las primeras acciones de los organismos de control. La Contraloría desplegó un equipo interdisciplinario para hacer seguimiento permanente al contrato de los helicópteros. Justamente, en las últimas semanas, un equipo de alto nivel de la Contraloría, según conoció este medio, viajó a Florida, Estados Unidos.

El 19 de agosto llegaron a las instalaciones de Vertol Systems para conocer de primera mano los hangares de la firma contratista y hablar con su representante legal, James Montgomerie. Él, en medio de la reunión, habría hecho una contundente revelación sobre lo que ocurrió con el contrato, si hubo o no presiones para que se diera la firma a como diera lugar con el Ministerio de Defensa, entidad que tenía los recursos asignados para el mantenimiento de los MI. Si no los ejecutaba antes de finalizar 2024, se perdían.

Fuentes del sector aseguraron que ya se habla de presuntas presiones que se habrían ejercido desde el Ejército a Vertol para que firmara el contrato a cualquier costo y bajo la condición de que sobre el desarrollo del mismo se le iban realizando modificaciones. Por ejemplo, permitir que los helicópteros fueran ingresados a Estados Unidos para el overhaul como aeronaves civiles y no militares con el fin de que no tuvieran problemas con las autoridades norteamericanas.

La caja de Pandora que se abrió está llevando a que todos los involucrados se quieran zafar de responsabilidad alguna luego de ver que al contratista ya se le entregaron más de 16 millones de dólares (unos 70.000 millones de pesos) y la ejecución del contrato registra apenas un 8 por ciento, a tan solo dos meses de finalizarse.

En otro documento de 86 páginas, conocido por SEMANA, el coronel Óscar Isaac Ortega Olarte, supervisor del contrato, le advirtió a Carolina Moyano Forero, directora (e) de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, que el contrato se encontraba en una etapa crítica.

“Las gestiones adelantadas por esta supervisión para seguimiento y cumplimiento del contrato se relacionan de manera detallada en los informes n.º 2025812001658421, del 30 de junio de 2025, y n.º 2025812002171471, del 23 de agosto de 2025, en los que se evidencia el estado de criticidad de la ejecución contractual”, sostuvo el coronel Ortega Olarte.

Ante la gravedad del asunto, el pasado 3 de septiembre, el Ministerio de Defensa inició el proceso de incumplimiento del contrato con Vertol. En un pronunciamiento, el Ministerio de Defensa reconoce lo que se había advertido antes de la firma del contrato, alertas a las que no les pusieron atención en el Ejército ni en esa cartera. Aun así, se optó por la firma del contrato.

“Se evidencian los presuntos incumplimientos contractuales, entre ellos, la falta de documentación requerida, la transgresión de los cronogramas pactados y la omisión en la ejecución de las obligaciones técnicas y comerciales establecidas en el contrato”, señala el pronunciamiento del Ministerio de Defensa.

Lo grave del asunto, según indicaron fuentes que avanzan en la investigación de este caso, es que las pólizas que podrían responder para evitar un detrimento patrimonial también vencen en la misma fecha que se da por terminado el contrato, es decir, en noviembre.

Las mismas fuentes indicaron que el contratista tiene una postura muy diferente a la del Ministerio de Defensa. Para él, ya se cumplió con el 80 por ciento del contrato, y el faltante se debe a presuntas negligencias de la cartera de defensa, como, por ejemplo, el retiro de los repuestos que están en la zona franca y no en los hangares militares.

Riesgo para la operación

SEMANA se comunicó con el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien advirtió sobre el grave riesgo que representa este caso para la operatividad de las Fuerzas Militares y la seguridad nacional.

“Para la Contraloría, de no ejecutarse las obligaciones pactadas, existe el grave riesgo de paralización de la flota MI-17, lo cual obligaría a un mayor uso de la flota Black Hawk, con el consecuente acelerado desgaste, disminución de disponibilidad y afectaciones operacionales, poniendo en peligro la seguridad nacional del país”, afirmó el contralor Rodríguez.

La entidad ha solicitado al Ministerio de Defensa que se adopten de inmediato soluciones efectivas, prontas y transparentes que garanticen la continuidad del servicio, el cumplimiento contractual y la protección del patrimonio público.

En lo corrido del año han sido asesinados más de 70 militares en medio de operaciones contra los grupos criminales. Algunas no han contado con el apoyo aéreo de los MI-17 por las razones mencionadas. La plata del anticipo, que llega a casi 70.000 millones, es decir, más de 16 millones de dólares, ya será difícil de recuperar, pero el descalabro podría ser mucho mayor.

Según los documentos que conoció SEMANA, el pasado mes de abril el contratista, que no ha cumplido con el cronograma, entregó una nueva factura por 7 millones de dólares. El asunto es complejo, se cuenta por millones y, lo más grave, puede impactar la vida de los uniformados.