Exmagistrado Ricaurte, condenado por el cartel de la toga, fue excluido de por vida de la profesión de abogado

El exmagistrado Francisco Javier Ricaurte fue excluido de por vida de la profesión de abogado. Así lo ordenó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que determinó que el otrora expresidente de la Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura perdió todo tipo de dignidad tras ser condenado, en dos instancias, por su papel en el escándalo del cartel de la toga.

Para la Comisión, en los dos fallos judiciales se comprobó que Ricaurte fue pieza fundamental del entramado para exigir dinero a aforados constitucionales con el fin de retrasar y entorpecer los procesos judiciales que se le adelantaban en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Entre estos se encontraban los congresistas Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Musa Besaile Fayad, Nilton Córdoba Manyoma y Argenis Velásquez Ramírez, quienes fueron contactados por personas cercanas a Ricaurte para que entregaran los millonarios sobornos.

La promesa consistía en el hecho que Ricaurte tenía influencia y muy buenos contactos en la Sala de Casación Penal, por lo que tenía conocimiento directo de los procesos penales. La idea era que los expedientes se estancaran y no se tomaran decisiones como la práctica de pruebas, medidas de aseguramiento u órdenes de captura.

En fallo de primera instancia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, había excluido al exmagistrado Ricaurte, de la profesión de abogado, este presentó un recurso de apelación al considerar que no se habían revisado todas las pruebas que presentó en su defensa.

Con ponencia del magistrado Alfonso Caijao Cabrera, la Comisión dejó en firme la exclusión, concluyendo que con su actuar, Ricaurte ―quien había constituido su oficina de abogados―, causó un “inmenso perjuicio a la profesión”, contribuyendo “a que la Rama Judicial en cabeza de una alta corte como administradora de justicia de Colombia, sea altamente cuestionada por los administrados”.

En la decisión se determina que el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, quien trabaja en la misma oficina de Ricaurte en el norte de Bogotá, lo señaló claramente de ejercer una presión sobre él y otros magistrados para favorecer a los aforados constitucionales que ya habían pagado la comisión.

Moreno, quien es el testigo de cargo de la Fiscalía General, entregó detalles de la forma en cómo delinquía esa organización, cómo se pactaban los favores procesales a cambio de dinero. La declaración del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General fue clave para conocer el exmagistrado aconsejó, patrocinó, intervino en actos fraudulentos en detrimento de los intereses ajenos de Estado o de la comunidad.

Ricaurte se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Pese a los dos fallos condenatorios en su contra, siempre ha dicho que es inocente.

El exmagistrado fue sentenciado por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer (entrega y recibimiento de sobornos) y utilización indebida de información oficial privilegiada.