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Fiscalía se niega a tumbar la detención domiciliaria que impuso la Corte a Uribe

Aunque los abogados del expresidente solicitaron al fiscal Francisco Barbosa que de inmediato dejara sin efectos la medida de aseguramiento, el búnker dice que esa decisión no le corresponde a la Fiscalía sino a un juez de garantías. Uribe debe seguir en casa por cárcel.


La Fiscalía General acaba de tomar la decisión más garantista posible en el caso de Álvaro Uribe Vélez. La defensa del expresidente, a través de un memorial, había solicitado al fiscal general Francisco Barbosa dejar sin efectos la medida de detención que la Corte le impuso al exmandatario. Los abogados de Uribe argumentaban que al hacer tránsito de la Corte al búnker, el expediente debía adecuarse y que eso implicaba tumbar la orden de casa por cárcel que hace un mes profirieron los magistrados. Barbosa acaba de decir no.

La determinación de la Fiscalía es que el asunto de la libertad le corresponde a un juez de garantías. Se trata de la primera decisión crucial que toma la administración Barbosa después de que el expediente contra Uribe terminó de hacer tránsito de la Corte a la Fiscalía, por cuenta de que el expresidente renunció al Senado y así se despojó de su fuero: los magistrados perdieron la competencia.

Francisco Barbosa, quien tiene más de tres años de gestión por delante, prefirió no rifar la credibilidad de su fiscalía.

El fiscal Barbosa recibió 70 cuadernos de 300 paginas cada uno y más de 300 cds con audios y videos. Una vez concluyó formalmente el traslado, el jefe del búnker hizo asignación especial del llamado caso del siglo a Gabriel Jaimes, fiscal coordinador. Y la primera misión del fiscal Jaimes fue atender la petición de Jaime Granados, defensor titular de Uribe, quien argumentó que con el traslado la medida debía venirse abajo por orden del jefe del ente acusador. Eso no pasó.

La Fiscalía respondió a esa petición diciendo que el asunto debe ser analizado por un juez de garantías y que este es quien debe revocar o confirmar la medida. Con esta determinación, en términos políticos, Barbosa está lanzando un grito de independencia frente al uribimo. Si el fiscal general hubiera accedido a resolver directamente la petición, le habrían llovido rayos y centellas de medio país, al tiempo que se habría graduado como el súper héroe del Centro Democrático. Barbosa, quien aún tiene más de tres años por delante de gestión, prefirió no rifar la credibilidad de su fiscalía.

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Al mismo tiempo Iván Cepeda, contradictor de Uribe y víctima dentro del proceso, señaló que solicitará veeduría de la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michel Bachelet por "operación de amenazas, presiones, seguimientos y hostigamientos, de Uribe y sus seguidores" en su contra y contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, anunció que recusará al fiscal asignado Gabriel Jaimes.

¿Qué sigue? 

Seguramente la defensa de Álvaro Uribe solicitará de inmediato una audiencia en el complejo judicial de Paloquemao para que un juez de garantías revise la medida de aseguramiento. Pero como eso puede tomarse semanas, o hasta meses, está cantado que también interpondrán un recurso de habeas corpus con el argumento de que no está claro quién es el vigilante de la medida que afecta a Uribe y que por tanto la misma está en entredicho. El recurso de habeas corpus debe ser resuelto en máximo 36 horas. También se estudia en el equipo de defensa interponer un recurso de nulidad. 

La decisión, en caso de que el juez ordene la libertad del expresidente, será de ejecución inmediata. Esto quiere decir que en las próximas horas Uribe ya no estaría sujeto a la medida de aseguramiento y podrá ejercer su defensa en libertad, tal y como lo venía pidiendo desde hace un mes

Con la decisión de este viernes, otra punto clave que viene para la Fiscalía es definir si, al cambiar de sistema procesal, se da por imputado o no. Esto es importante porque es el punto que determinará si la Fiscalía asume el caso en el punto en que está o si debe empezar de cero. 

En estos días, el abogado de Iván Cepeda, Rainaldo Villalba, solicitó que se aplique la ley 600, es decir el procedimiento inquisitivo en el que venía el proceso. La fiscalía negó esa petición pues recordó que los hechos son de 2017 y por ende se debe aplicar el régimen procesal de la ley 906. Esto lo que significa es que el proceso será público, como se hace todo en el sistema penal acusatorio. También que se trata de un proceso de partes, en el cual la Fiscalía  solo es investigador y la decisión final la toma un juez. 

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