FRONTERA CALIENTE

EN COLOMBIA, PAIS DE MAsacres, la noticia nunca habría tenido la trascendencia que hoy tiene en Venezuela. El 17 de abril pasado las autoridades venezolanas encontraron una fosa común con más de 15 cadáveres en el estado de Zulia, más exactamente en la jurisdicción de Frontalian serranía del Perijá, a menos de cinco kilòmetros de la frontera con Colombia.
Los restos humanos los halló la Policía Técnica Judicial de Venezuela (PTJ), gracias a la colaboración de varios campesinos de la región. Y aunque nadie sabe quién cometió los homicidios, se barajan dos posibilidades. Algunos afirman que se trata de cementerios indígenas, y otros dicen que son campesinos e indígenas asesinados por grupos paramilitares de la zona. Hasta el momento, lo ùnico cierto es que nadie tiene nada claro, y que será necesario esperar a que terminen las investigaciones de las autoridades venezolanas para saber realmente qué fue lo que pasó.
Sin embargo, hay pruebas que desde ya pueden ir aclarando el asunto. En primer lugar, es difícil creer que se trate de cementerios indígenas puesto que varios de los cadáveres encontrados evidencian señales de torturas y orificios de disparos de armas de fuego. Y en segundo lugar, el hecho de que en el estado de Zulia desde hace más de tres años existan fuertes enfrentamientos entre la guerrilla colombiana y los ganaderos venezolanos, hace creer que la matanza puede haberse originado en una alianza de la Guardia Nacional y los ganaderos para defenderse de los grupos subversivos, algo similar a lo ocurrido en el Magdalena Medio colombiano hace algunos años.
Esta teoría tomó mayor validez con las declaraciones del presidente de la comisión política interior del parlamento de Venezuela, Enrique Ochoa Antich, quien responzabilizó a los órganos de seguridad de la región y dejó claro que estos asesinatos indiscriminados no se les podían atribuir a la guerrilla colombiana o a la delincuencia común. El diputado agregó que tenía conocimiento de las denuncias de los campesinos de la región, según las cuales estos son asesinados porque los ganaderos, en complicidad con los órganos de seguridad, los inculpan de ser colaboradores de la guerrilla.
Las afirmaciones de Ochoa Antich -hermano del ex canciller y general del Ejército- no parecen descabelladas. Ya es conocido por las autoridades de ambos países que tras agotar buena parte de los recursos de los ganaderos de los departamentos colombianos de Sucre, Córdova y Cesar, los alzados en armas han enfilado baterías hacia Venezuela.
En el mismo sentido parecen apuntar las acusaciones de la gobernadora del estado venezolano del Zulia, Lolita Aniyar de Castro, contra los productores agropecuarios de esta región. El pasado 10 de abril la gobernadora puso en conocimiento de las autoridades venezolanas un plan terrorista que incluía el asesinato del cónsul de Colombia en Machiques y de varias personas que supuestamente colaboran con la guerrilla colombiana. Y aunque todo esto está aún por demostrarse, de llegar a ser cierto confirmaría la tendencia que desde hace algunos años vive Venezuela en lo que algunos comienzan ya a llamar la colombianizaciòn del vecino paìs.