12.500 mercados podridos ponen en aprietos a exgobernador de Bolívar

La ola invernal del año 2007 golpeó especialmente la costa caribe. La emergencia fue tal, que obligó a las autoridades locales a atender las necesidades básicas de muchos habitantes de esa región. Uno de los departamentos más afectados fue Bolívar. En ese momento, el entonces gobernador, Libardo Simancas, celebró varios contratos, por más de 3.900 millones de pesos, para la compra de cerca de 7.000 mercados para los damnificados.

Los contratos se adjudicaron en el marco del estado de "calamidad pública". Se confirmó para ese año, entre los días 27 y 30 de diciembre, las funcionarias encargadas del almacén en la Secretaría de Salud departamental firmaron actas en las que informaban haber recibido e ingresado las ayudas.

El hecho habría correspondido a la gestión normal de un mandatario frente a una catástrofe de esa naturaleza si no fuera porque un año después, la dueña de una bodega salió a denunciar que la Gobernación había dejado allí más de 1.200 mercados y no había vuelto por ellos. El gobernador ya no era el mismo, pues con el cambio de gobierno Simancas le había entregado el cargo a Joaco Berrío Villarreal, quien tuvo a su cargo el liderazgo del departamento desde el 2008. 

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La historia de los mercados represados y podridos tenía una explicación. Berrío decidió no continuar con los contratos que tenía su antecesor. pues, según se dijo en su momento, no cumplían los requisitos legales. Por cuenta de esos hechos, la Procuraduría en enero del 2016 lo inhabilitó para cumplir funciones públicas por 18 años. 

La historia se convirtió en una telenovela pues además de la pérdida de los mercados, una ONG y una Fundación reclamaban el pago de más de $4.000 millones de pesos por concepto de medicinas, alimentos e implementos de aseo comprados en diciembre para mitigar el impacto de las inundaciones. 

Los más de 30.000 afectados por ese invierno, habitantes de Calamar, Soplaviento, Arjona, San Cristóbal, Margarita, Cicuco, San Jacinto del Cauca, Talaigua Nuevo, Peñón y Margarita, no recibieron ni los mercados ni las medicinas. Lo que era una ayuda: unas panelas, fríjoles, lentejas, arroz, café, atún, sal, harina de trigo y útiles de aseo, terminó podrido en unas bodegas. 

El proceso fue a parar en la Procuraduría el año pasado. Y al parecer, está a punto de tomar un nuevo aire en la Fiscalía General de la Nación. La denuncia fue puesta en el 2011 el abogado Abelardo de la Espriella, quien asegura que Berrío había incurrido en varios delitos. Entre estos estarían peculado culposo, omisión de socorro y prevaricato por omisión. El caso podría estar a punto de pasar a la fase de imputación.