Grabando, grabando...

Cuatro órdenes de captura por corrupción contra altos funcionarios son capaces de sumir en una crisis aguda a cualquier entidad pública. Y con mayor razón si se trata del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), más conocido como el brazo de Inteligencia de la Presidencia de la República. El escándalo no sólo es grave por sus implicaciones económicas sino porque pone en tela de juicio la credibilidad del ente encargado de los servicios de Inteligencia del Estado y de la protección física de los más altos dignatarios del gobierno. Más aún, podría poner en peligro a la Presidencia de la República.

Los investigadores de la oficinas de asuntos especiales de la Procuraduría y de anticorrupción de la Fiscalía descubrieron que varios funcionarios del DAS están involucrados en espionaje, seguimiento e interceptaciones ilegales de líneas telefónicas a personalidades nacionales, desvío de dineros de gastos reservados y hasta en la pérdida de un camión cargado de municiones.



¿Lo mismo que antes?

Todo comienzó a principios del año pasado cuando el ex candidato presidencial Horacio Serpa denunció públicamente que alguien estaba interceptando sus teléfonos. A partir de ese momento los agentes de los organismos de control comenzaron a indagar sobre quién podría estar detrás de esas maniobras. Fue el inicio de una cadena de hechos que tiene enredados al director de Inteligencia del DAS, coronel Luis Alberto Pérez Alvarán; al jefe de contrainteligencia, Luis Eduardo Barón Pedraza; al coordinador operativo de esa oficina, Romer Salazar, y al director de la seccional de Sucre, Luis Porfirio Farías.

En el camino de esas pesquisas los procuradores delegados de la oficina de investigaciones especiales encontraron que de la oficina de la división de inteligencia interna y externa se habían alquilado casas, ubicadas en distintos sectores de Bogotá, para las labores típicas de inteligencia. Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), encontraron que en algunas de ellas había aparatos de interceptación de líneas telefónicas y equipos programados para intervenir celulares.

Por lo pronto los investigadores intentan establecer cuáles teléfonos fueron interceptados, a quiénes correspondían y cuáles de ellos estaban amparados bajo una orden judicial. En caso de comprobarse las preocupaciones de los miembros de la oposición el escándalo podría afectar de manera grave al DAS como institución y a su director, coronel Germán Jaramillo, oficial muy cercano al presidente de la República, Andrés Pastrana Arango y, por ende, a la propia institución presidencial.



Los gastos reservados

Mientras la Procuraduría le seguía el rastro a las posibles interceptaciones ilegales llegó un anónimo que denunciaba que desde las oficinas de inteligencia y contrainteligencia del DAS se desviaban los recursos destinados para las labores de inteligencia y pago de informantes.

Tras varios meses de infiltración la Procuraduría consiguió grabar una reunión (ver recuadro) del sábado 24 de septiembre de 1999 en las instalaciones del DAS. Aunque señala apenas la punta del iceberg esta cinta es, sin duda, la primera prueba reina de este proceso.

Se trata de una reunión convocada por el mayor Barón, jefe de contrainteligencia del DAS. Según algunos de los asistentes, y tal como aparece en la grabación, el propósito era contrarrestar las investigaciones de la Procuraduría con informes y soportes contables falsos. Según Barón, ninguno de los asistentes se podía rehusar a firmar los recibos falsos y a elaborar los informes de inteligencia mentirosos. “Estábamos bajo presión. Yo firmé unos cuantos recibos en blanco y los informes que hice eran ficticios. Es más, aparecen relaciones a sitios a los que yo nunca he ido”, confesó uno de los hombres del DAS.

Ese día, según aceptaron los agentes del DAS a los investigadores, los falsos informes fueron corregidos por Romer Salazar, Luis Farías, quien se desempeñaba como jefe de estudios de seguridad de contrainteligencia, y Luz Aurora Daza, sicóloga y analista. “Las correcciones que me hicieron debían coincidir con operativos ya realizados para que fueran verificables. Pero se equivocaron en muchos. Los recibos que yo firmé son por 400.000 pesos casi todos, pero nunca recibí esa plata ni viajé”, aseguró otro de los involucrados.

La Procuraduría realizó una inspección a las oficinas del DAS el 2 de noviembre. A raíz de esa diligencia los procuradores comprobaron que parte de los 400 millones de pesos refundidos de los gastos reservados se usaron en arreglos navideños y en una fiesta con la orquesta Los Caribes para celebrar el día del amor y la amistad. Otro ejemplo fue la adquisición de oficinas modulares a la empresa de muebles MOA por 34 millones de pesos, justificados con informes falsos de Inteligencia. Según los investigadores, en un intento por esconder el verdadero negocio el mayor Barón, de su puño y letra, ordenó que se cambiaran los recibos por constancias de donación.

Las autoridades también detectaron pagos ficticios a testigos o informantes secretos. Los procuradores descubrieron que 17 de los detectives del DAS habían impreso su huella en informes de Inteligencia haciéndose pasar por informantes. Uno de los detectives lo reconoció: “En cuatro oportunidades nos tocó poner las huellas, al principio no sabíamos para qué, pero después nos dijeron que era para legalizar una plata”. Lo que más los sorprendió fue hallar las huellas de Romer Salazar y Luis Porfirio Farías Sánchez.



Los ratones cuidando el queso

Como si ello fuera poco las investigaciones incluyen la desaparición de un camión cargado con municiones. Hasta ahora lo que se ha dicho es que el DAS, en un operativo, logró la incautación de 41.572 cartuchos de munición camuflados dentro de un vehículo rojo, al parecer destinado a los paramilitares del Magdalena Medio. Así lo confirma la Fiscalía dentro del proceso 36.492.

Pero, según los informes de los organismos de control, el operativo estuvo a cargo de Romer Salazar, quien convocó a varios de sus hombres para que lo acompañaran en la noche del 5 de abril de 1999. De acuerdo con algunos testigos en el sector de Bavaria apareció el primer camión, un Dodge 600 rojo de placas WDJ 737, que inició su recorrido hacia la autopista a Medellín. Cuando estaba en la bomba de gasolina ubicada en la Boyacá se encontró con un segundo camión, un vehículo ‘piragua’ azul de placas XVJ 420.

Los dos salieron de la ciudad hasta llegar al sitio Alto del Vino. Ahí, como a la media noche, fueron detenidos por los agentes del DAS. En el operativo también participaron algunos miembros de la Policía que custodiaban el CAI de la zona. Estos agentes, a diferencia de lo que dicen los informes del DAS entregados a la Fiscalía sobre la incautación, confirman la existencia de los dos camiones. Otro testimonio asegura, además, que uno de los hombres que dirigía la misión estaba encapuchado. Según las averiguaciones se trataba de Romer Salazar.

En los dos camiones, según fuentes consultadas por SEMANA, iban camuflados 115.000 cartuchos de munición calibre 7.62 para fusil y 5.56.

Según consta en las investigaciones los camiones fueron traídos de regreso a Bogotá y depositados en el parqueadero del DAS. Pero en forma sospechosa, horas más tarde, se dio la salida del camión ‘piragua’ azul. No existe memorando que permita la liberación de ese vehículo pero en los libros aparece que esa orden fue impartida por Alberto Ochoa Guevara, coordinador de las instalaciones y quien también dejó constancia de que el camión estaba a cargo de la central de Inteligencia, es decir, del coronel Luis Alberto Pérez Alvarán.

Por lo pronto los investigadores han podido comprobar que algunos de los funcionarios involucrados, como Luis Farías, compraron apartamentos y carros con dinero en efectivo y cambiaban gruesas sumas en dólares en la institución. Pero las investigaciones continúan y los agentes de la Procuraduría y la Fiscalía no descartan nuevos hallazgos.

Si se trata apenas de corrupción de este tipo, aunque sea a niveles altos de la entidad, el DAS como institución y la Presidencia estarían a salvo y el proceso no pasaría de ser uno más de los miles que se adelantan contra funcionarios corruptos. Bastaría con un muy necesario proceso de purificación del DAS, similar al que atravesó la Policía Nacional. Pero los organismos de control tienen suficiente material como para pensar que se trata del inicio, apenas, de lo que puede ser un proceso más profundo de corrupción institucional. De llegar a comprobarse la existencia de grabaciones telefónicas contra dirigentes políticos, periodistas y líderes de opinión el proceso tomaría un rumbo totalmente distinto. Y de ser un dolor de cabeza para el coronel Jaramillo pasaría a serlo también para Juan Hernández, secretario general de la Presidencia de la República.