Jaque a la TV pública

La BBC es el ícono mundial de la televisión pública. No sólo compite con gigantes comerciales como CNN, sino que se da el lujo de poner a tambalear a su propio gobierno, como ocurrió hace unos años cuando demostró que el entonces primer ministro Tony Blair había mentido sobre las armas químicas de Saddam Hussein.

La BBC es un modelo que vale la pena recordar ahora cuando se están dando pasos que ponen en duda la supervivencia de la televisión pública en Colombia.

La semana pasada se armó un alboroto por un proyecto de ley que hace trámite en el Congreso. El escándalo -revelado por La W- tiene dos componentes: que se intenta extender a cuatro años el mandato a los comisionados de televisión y que al proyecto sólo le falta un debate para ser ley.

El ministro del ramo, Daniel Medina, admitió que apoya el proyecto y dudó mucho para decir que no secundaba la idea de prorrogar el periodo de los comisionados. Sólo unas horas después emitió un comunicado para fijar la posición del gobierno contra este punto. Pero el lío del alargue es apenas un ventarrón comparado con el tsunami que contiene la ley: el proyecto es una piñata que le da su tajada a cada uno de los sectores interesados, en detrimento del interés público.

El proyecto está hecho al mejor estilo del tinterillo sagaz: en medio de artículos bien intencionados se esconden los 'micos' que dan gabelas a los actores de la industria. Un artículo, por ejemplo, les rebaja a los cableoperadores la tarifa que pagan, del 10 al 7 por ciento de sus ingresos. Ese descuento significa al año casi 60.000 millones de pesos menos para el erario. Otro prohíbe que se otorgue un tercer canal privado si hay un solo proponente. Uno más les da su tajada a canales como Cablenoticias o TNT, que se difunden vía cable o satélite, pues la ley obliga a los operadores a ubicarlos en los primeros lugares de la parrilla y "sin costo alguno".

Y hasta a los canales comunitarios les toca lo suyo. No tendrán que pagar por usar postes o infraestructura de las empresas de servicios públicos. Una idea bonita en teoría por la función social que cumplen, pero que en la práctica termina siendo, en muchos casos, un regalo a micronegocios tipo parabólicas. No en vano los canales comunitarios se han multiplicado y hoy son 700.

Para que la ley tenga dolientes, a la Comisión Nacional de Televisión (Cntv) también se le hace un guiño con el ya mencionado alargue del periodo de sus miembros y con la creación de una nueva plaza, el cargo de director, que podría tentar a comisionados que ya estén de salida. Y para justificar la plata que va a dejar de recibir la Cntv, le dan zanahoria al quitarle el peso del pasivo pensional de Inravisión (cerca de 500.000 millones de pesos), que pasaría al Ministerio de Hacienda. Eso quiere decir que esas pensiones no se pagarán con plata de los operadores de televisión sino con los impuestos de todos los colombianos.

Y el premio mayor de la ley es para el gobierno, pues le quita tareas claves a la Comisión Nacional de Televisión y las deja en manos del Ejecutivo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con televisión cerrada (los 54 canales por suscripción y los 703 comunitarios) y las funciones de regular y sancionar en general. Se comenzaría a zanjar así la pelea que se casó desde 1991, cuando la Constitución ordenó crear un órgano independiente para manejar la televisión.

Ese tal vez es el propósito de la ley: dejar una comisión sin plata y sin dientes., lo cual es una manera de comenzar a desmontarla. Y eso suena bien para la tribuna, pues la Cntv, desde su creación hace 15 años, ha sido muy cuestionada. Pero también es claudicar en el interés de que un servicio crucial para la democracia sea manejado por un ente autónomo.

A pesar de que el gobierno la sigue apoyando a capa y espada, puede que la ley no logre su cometido. Pero la que sí está viva y coleando es la crisis que se vislumbra de la televisión pública.

Uno de los 'micos', el que rebaja la tarifa a los canales por suscripción, está asegurado. La Comisión ya decidió dar la rebaja contemplada del 10 al 7 por ciento a los canales por suscripción. Como Telmex, la empresa del magnate Carlos Slim, tiene poco más de la mitad del mercado, quiere decir que en total el descuento para el hombre más rico del mundo sería de unos 30.000 millones de pesos.

Esa cifra es, en la práctica, lo que se le gira cada año al canal Rtvc. O sea que la gran damnificada será la televisión pública.

Todos los interesados están de acuerdo con esa ganga. El ministro Medina dice que el negocio de la TV ya no es lo que era antes y que con esa rebaja entran más jugadores y caen las tarifas al consumidor. Los miembros de la Comisión de Televisión están de acuerdo porque, según ellos, si no hacen esa rebaja las empresas de televisión por satélite o por cable (que son las que pagan a la Comisión) se pasarán a la televisión vía Internet (Iptv) que responde al Ministerio de Comunicaciones. Y los cableoperadores lo confirman: dicen que si no les rebajan del 10 al 7, se pasan a Iptv a pagarle al Ministerio el 3 por ciento.

Pero esa no es la verdad completa. Es cierto que hay una asimetría inexplicable entre el 10 por ciento de sus ingresos que pagan unos (los de satélite y cable) y el 3 por ciento que pagan otros (los de Iptv) por el mismo negocio: llevar televisión a los hogares. Pero lo que no dicen es que esta última tecnología aún no ha probado su eficacia en el país y es apenas un experimento de la firma UNE con unos miles de hogares.

Medina es el primero en encender las alarmas. "En los próximos 10 años la televisión pública estará desfinanciada en 500.000 millones de pesos", dice. Y el ex comisionado de televisión Eduardo Noriega complementa con una pregunta: "Para montar las redes de televisión digital de la televisión pública se necesitan 300 millones de dólares. ¿De dónde van a salir?" ¿Será que los canales públicos en Colombia no sobrevivirán al llamado apagón analógico?